México en el siglo XXI ¿Por qué las políticas públicas?

Las políticas públicas constituyen una disciplina académica que in­tegra elementos tanto teóricos como prácticos, que en el siglo XXI ya no podemos considerar como novedosa, principalmente porque es un tema que generó sus primeras inquietudes desde los ya añejos estudios de finales del siglo XIX a cargo de Wilson (1887).

Pero, hoy estamos obligados a entender el estudio de las políticas públicas y darle la permanencia ya como rama de la Administración Pública para encaminarla al perfec­cionamiento del actuar gubernamental. Ahora bien, no solo la permanencia y el estudio de las pol

íticas públicas han llegado en pleno siglo XXI a fortalecer gobiernos sino que han llegado con el enorme deseo de desarrollo y expansión que nos obliga a investigar y a tomar la formalidad mucho más activa que lo visto en décadas pasadas, es decir, en la administración pública tradicional.

Más de medio siglo después de su formal surgimiento con los ya clásicos planteamientos de Laswell (1951), comenzamos a ver a las políticas públicas incorporadas estratégicamente como planes organizados en los programas académicos mexicanos de estudio, investigación, análisis y capacitación dentro del complejo proceso que envuelve a las mismas.

Sin duda, el estudiar las políticas públicas más que una disciplina teórica se refiere a una ciencia práctica para la acción, ya que su obje­tivo es proceder a un mejor entendimiento del proceso de adopción de políticas, de forma que permita establecer un diagnóstico más acertado de la situación y un mejor aprovechamiento de los recursos para la consecución de los fines establecidos.

Anderson (1990) definió a una política como “una secuencia intencionada de acción seguida por un actor o conjunto de actores a la hora de tratar con un asunto que los afecta... y son aquellas desarrolladas por cuer­pos gubernamentales y sus funcionarios”. De manera similar, Lynn (1980) define una política como “un conjunto específico de acciones de gobierno que producirán, por su diseño o por otras razones, una clase particular de efectos”.

Algunos, como Somit y Tanenhaus (1967) han considerado a la po­lítica pública como “la totalidad de la acción gubernamental” y Brewer y de León (1983) han considerado a estas como “las decisiones más importantes de una sociedad y que consta de un proceso conformado por sistemas y niveles, articulado en seis etapas: iniciación, estimación, selección, implementación, evaluación y terminación”.

Laswell también nos entrega su conceptualización y nos señala que “la política pública es un programa proyectado de valores, fines y prácticas”. Aguilar Villanueva en una conferencia impartida en la Universidad Autónoma de Campeche en 1999 ofreció su definición consistente “en un proceso realizado por las autoridades legítimamente electas para resolver necesidades mediante la utilización de recursos públicos, mediante el cual también se vinculan las decisiones de gobierno con la administración pública, tendiendo siempre a la búsqueda de la raciona­lidad”.

Así entonces, una política pública implica el establecimiento de una o más estrategias orientadas a la resolución de problemas públicos así como a la obtención de mayores niveles de bienestar social resultantes de procesos decisionales tomados a través de la coparticipación de gobierno y sociedad civil, hoy llamada Co-Creación, que en políticas públicas se presenta como una innovación en los modelos de gobernanza, “el ciudadano deja de ser receptor de los servicios y las políticas públicas para volverse copartícipe de ellas”. En donde se establecen medios, agentes y fines de las acciones a seguir para la obtención de los objetivos señalados.

"La ciudadanía deja de ser receptora
de los servicios y las políticas públicas
para volverse copartícipe de ellas”. 

En este sentido, las sociedades modernas presentan una gran complejidad en los problemas públicos cómo la pobreza, alimentación, vivienda digna, infraestructura, calidad de vida, inseguridad, etc. El Estado de Bienestar brindó toda su capacidad durante gran parte del siglo XX, buscando dar atención a dicha problemática, sin embargo, la complejidad de nuestras sociedades ha limitado este esfuerzo y ha buscado nuevas formas de atenderlos.

Una de estas formas ha sido la que nos ofrece la innovación para la cocreación de las políticas públicas, superando todavía la visión de la Nueva Gestión Pública (NGP), en la que se veía al ciudadano como un cliente al cual se tenía que satisfacer con servicios y políticas públicas, dirigidas de manera unilateral desde el gobierno hacia el ciudadano para la generación del mayor valor público posible. Sin embargo, la cocreación de las políticas públicas se presenta como una innovación en los modelos de gobernanza, en el cual el ciudadano deja de ser receptor de los servicios y las políticas públicas para volverse copartícipe de ellas.

Los modelos de gobierno, burocráticos, unilaterales, jerárquicos (administración pública tradicional) comprendieron que para la resolución de los problemas públicos bastaba con haber sido elegidos por una elección democrática, y sus proyectos y propuestas presentadas a la ciudadanía sólo debían ser justificados por una planeación para el desarrollo, sin considerar la importancia de la participación ciudadana durante los periodos de gestión. La cocreación de las políticas públicas permite que las instituciones públicas abran las puertas de la deliberación a los ciudadanos involucrados en la atención de un problema público, aprovechando los conocimientos que estos tienen sobre determinado problema público, aún sin que ellos sepan que los tenían y usando metodologías cómo el Design Thinking diseñado por la Universidad de Stanford para obtener soluciones conjuntas.

El estudio de las políticas públicas es mucho más que «ser polí­tico» y en realidad ni siquiera se necesita serlo para inmiscuirse en el amplio mundo académico que estas ofrecen. Nuestra disciplina es de una estirpe tan noble, que permite la combinación de oficios durante su desarrollo. El ámbito de acción es variado y rompe con el viejo paradigma de no dedicarse a la disciplina por carecer de “padrinos”, oficio político o militancia partidista.

Políticas Públicas con Perspectiva de Atención a los Jóvenes.

Actualmente México está atravesando una profunda crisis social, de violencia, económica, política y una transición demográfica: en 2010, la población entre 12 y 29 años de edad representó aproximadamente 32% (35.8 millones de personas) de la población total. 7 de cada 10 personas que nacen en condiciones de pobreza se quedan en ese estrato social, además del fenómeno que se ha venido dando en los últimos años, mujeres y hombres se han insertado a las bandas del crimen organizado, por ello resulta importante impulsar las oportunidades de acceso a la educación, ya que al ser uno de los motores de la movilidad social, se ve reflejada en distintas dimensiones de la vida de las personas y de la comunidad en general”

El impacto de este dividendo poblacional depende estrechamente del esfuerzo que se emprenda en torno a la generación de oportunidades reales, para que los jóvenes concreten su potencial en actividades que, por principio, satisfagan sus propias aspiraciones personales y, además, les permitan aplicar sus capacidades y talentos en la consecución de objetivos individuales y colectivos. Además la desigualdad de oportunidades en el ámbito laboral, la poca cobertura educativa en el Estado de México y las condiciones económicas, son algunos de los obstáculos que afectan la movilidad social de mujeres y hombres jóvenes en la entidad.  A pesar de que en los últimos años la cobertura en educación se ha incrementado, en la actualidad el 10.61% de los jóvenes en la entidad han concluido sus estudios hasta llegar a posgrado.

Marcha de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, 2016.

De esta manera, la acción del Estado es una combinación de decisiones políticas que se traducen en acciones públicas. En este proceso, el gobierno se constituye en el eje central que se encarga de convertir en cursos de acción los planes, los programas y proyectos. Es aquí cuando las políticas públicas, en cuanto políticas democráticas, coadyuvan a que los gobiernos tengan sentido público.

En este sentido el Estado debe garantizar a las mujeres y hombres jóvenes el acceso a servicios de salud, vivienda y educación, así como al empleo digno y a canales de participación, la implementación de políticas públicas en estos sectores sienta las bases para que la juventud mexicana sea un grupo productivo que participe activamente en el aumento de los niveles de bienestar, inversión y desarrollo en el país.

Al hacer una retrospectiva de lo que actualmente es México, sobre todo en lo que se refiere a la implementación y aplicación de políticas públicas en relación con el sector joven, podemos señalar que es poco lo que se ha hecho, sin embargo existen notorias insuficiencias en las acciones de gobierno referentes a la consecución de tal fin. Ello responde a que no sólo es necesario el empleo de políticas públicas, se requiere de acciones más profundas, de una gestación, formulación, decisión, instrumentación y evaluación, más detalladas que nos generen en consecuencia: una buena, real y efectiva política pública dirigida a los jóvenes, quienes representan en el Estado de México el 27.3% hombres (4,143,010.326) y el 26.9% mujeres ambos entre 15 y 29 años de edad (4,082,306.878) respecto al total de la población de 15, 175, 862 en la entidad de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010.   

 

Por tal motivo, la educación es un motor que ayuda a impulsar la movilidad social, por lo que resulta preponderante poner especial interés en la cobertura educativa en la entidad, sobre todo en casos de nivel Media Superior y superior, que son las etapas en las que una persona puede ampliar sus perspectivas y prosperar. La educación es un pilar para la movilidad social, toda vez que a mayor grado de estudios, existen mayores posibilidades de ascenso social, no obstante, para ello es primordial que las oportunidades de acceso a los niveles de educación superior sean similares para toda la población.

Una ventaja de las políticas públicas es que estimulan la cooperación entre los ciudadanos y el gobierno para dar mejor atención a los asuntos de interés común. Esto significa que la vida pública se amplía y fortalece y que no se restringe al ámbito exclusivo del gobierno. Gobernar implica, entre otras acciones, dar cauce a los procesos de representación y participación ciudadana, a efecto de que los diversos grupos ciudadanos sean copartícipes de las decisiones y acciones de gobierno. Implica además, que el origen de las políticas públicas no se localiza sólo en el ámbito de la administración, sino que también se gestan en la esfera de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil. De ahí que los atributos de las políticas públicas se relacionan con el imperativo de fortalecer el significado de lo público. En consecuencia, política pública no es cualquier tipo de política; ni toda acción del gobierno tiene el perfil de lo que significan las políticas públicas.

En este sentido, se deben desarrollar herramientas y técnicas para la investigación, acción-participación para la definición y diseño de las políticas de juventud, garantizando la unidad de criterios con las realidades en que está inmerso el contexto social. Abordar de manera diferenciada el hecho y las realidades juveniles en la definición de políticas públicas retroalimentando los servicios de colocación con la oferta formativa desde el ámbito de la educación para mejorar la movilidad al sector trabajo.

Aplicar la perspectiva de género a todas las políticas públicas en la juventud y propiciar la reflexión desde la perspectiva de género en espacios públicos para generar políticas encaminadas a la igualdad y dotar de medidas positivas la participación de la mujer joven en la entidad.

Por tal motivo los jóvenes, mujeres y hombres en el Estado de México constituyen una importante fuerza social, económica, política y cultural; en ellos recae gran parte de los esfuerzos de la transformación social de la entidad. Por ello, es necesaria la inserción de todos los grupos de jóvenes mujeres y hombres rurales y urbanos, indígenas y no indígenas, con capacidades diferentes o no. Debido a que ellas y ellos se ven afectados por las políticas aplicadas, sus demandas se han incrementado y es necesario que se realicen estudios de corte estadístico que informen acerca de las características y la situación de este grupo de la población, que sirvan de apoyo para definir, orientar y diseñar políticas y programas que tomen en cuenta su cultura, sus diferencias y potencialidades, para estar en posibilidades de hacer frente a los nuevos retos y demandas de la juventud.

Gobiernos municipales con perspectiva de izquierda: elección 2018

La falta de eficacia y eficiencia en la gestión de políticas públicas, la ausencia de oportunidades, las grandes desigualdades, la exclusión y la pobreza , son factores que multiplican la probabilidad de deslegitimización en el orden local y la retirada del apoyo ciudadano, conduciendo a la desintegración social, el conflicto y la violencia. Para contrarrestar este problema, la política social es un instrumento que utilizan los gobiernos municipales para regular y complementar las instituciones y las estructuras sociales. La política social es definida a menudo en términos de servicios sociales como la educación, la salud, o la seguridad social. Sin embargo, la política social incluye mucho más: distribución, protección y justicia social. La política social consiste en situar a los ciudadanos en el núcleo de las políticas públicas, ya no mediante el suministro de asistencia social residual, sino incorporando sus necesidades y voz en todos los sectores. La política social es también instrumental, y ha sido utilizada pragmáticamente por muchos gobiernos para conseguir el respaldo político de los ciudadanos, generar cohesión social, y potenciar un mayor desarrollo económico, mejorando el capital humano y el empleo productivo.

A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en México, el municipio todavía es un minúsculo ente receptor del poder, aún y cuando existen algunos grandes municipios con peso económico y político específicos, por ejemplo, las capitales de los estados o algunos enclavados en regiones de cada entidad federativa, que ejercen influencia de ser polos de desarrollo. En una de las últimas encuestas acerca de Gobierno, Sociedad y Política, de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), sobre los niveles de marginación urbana, que mide educación, salud y bienes materiales, arroja lo siguientes resultados para los municipios:

·  Poblaciones con índices de marginación muy baja, es decir, con capacidad de desarrollo, representan el 10.4%.

·      Con marginación baja, es decir con limitantes de desarrollo, el 16.33%.

·     Con marginación media, que tienen dificultades severas para el desarrollo, alcanzan el 19%.

·      Con marginación alta y muy alta, esto es con posibilidades remotas de salir adelante en el corto plazo, son el 54.27% del total de los municipios en nuestro país.

Como datos complementarios podemos apuntar que, de acuerdo con el INEGI y el CONEVAL, los 2,446 municipios actuales muestran un perfil contrastante:

a)    Metropolitanos, son el 15%, con casi 50 millones de mexicanos

b)    Urbanos, representan el 20%, con 20 millones

Sin duda, tratar sobre el gobierno local y la participación ciudadana cuando la llamada globalización se extiende a todo tipo de procesos socioeconómicos y políticos, puede parecer una tarea menor. Sin embargo, ahora que lo local recupera su importancia, en comparación con la época reciente de hegemonía del Estado–nación (centralismo) requiere de una reconsideración mayor.

En este sentido, "la globalización estimula y requiere la repolitización del gobierno local". De manera particular, las entidades municipales de izquierda deben tomar conciencia de su ubicación en la gran red mundial de intercambios de todo tipo y de las oportunidades y riesgos que de tal ubicación se derivan para su vida económica, su estructura social o su identidad cultural.

Sólo una visión política comprometida – y no meramente administrativa o de gestión confiere a los municipios la capacidad para reaccionar o para anticiparse cuando es posible– ante tales oportunidades y riesgos. Dicha capacidad, se enmarca en la posibilidad de elaborar propuestas potentes para impulsar la promoción económica del entorno local, la provisión de servicios sociales o la reordenación de infraestructuras de todo tipo. Tales propuestas sólo adquirirán sentido, si se hacen desde una visión integral y de largo plazo, es decir, mediante una opción estratégica entre modelos alternativos de comunidad local. De ahí la importancia de la denominada repolitización del gobierno local con la perspectiva de izquierda (que implica una gran participación ciudadana, un cambio y crecimiento de la cultura política).

Los partidos de izquierda en México y sus retos.

En el contexto, el panorama que ofrecen los gobiernos locales de México se ha vuelto complejo y diverso. Esto no es necesariamente novedoso, este nivel de gobierno ha sido objeto de múltiples transformaciones, algunas de ellas producto de los cambios demográficos y socio-económicos característicos del paso de siglo. Pero en algunos casos, los cambios han sido producto de propósitos políticos encaminados justamente a dar una nueva fisonomía y a modificar el papel que estos gobiernos están llamados a cumplir en sus respectivos territorios y sociedades, sobre todo los gobiernos municipales gobernados por los partidos de izquierda. Y es este último tipo de cambios el que ha marcado con mayor influencia las perspectivas actuales de los gobiernos locales de México.

En esta perspectiva, la promoción de debates, reflexiones o simplemente el intercambio de opiniones acerca de la izquierda  en el municipio es imprescindible para lograr la transición democrática que se requiere, en este sentido, la izquierda, como fenómeno político, ideológico y social, no es homogénea ni monolítica; por lo tanto, en el ámbito de nuestro sistema de partidos, pero en particular en los de izquierda, existe un conjunto de principios políticos e ideológicos básicos que definen a las izquierdas y una gran diversidad de enfoques teóricos y prácticas políticas que las distinguen. No será el objetivo hacer una descripción, pero, actualmente, en México se identifican cuatro corrientes o expresiones izquierdistas. Debemos reconocer a una izquierda organizada en partidos, que privilegia la acción electoral, que forma parte del sistema político y que actúa dentro del marco institucional.

En este sentido, en la arena política se denota la existencia de un debate más que ideológico, de formas de ejecución, de gestión pública y de interacción del gobierno con la sociedad, de un gobierno municipal que está ubicado irremediablemente en un paraguas de globalización económica. De los planteamientos estructurales entre ellos, hay que ubicarlos, en asuntos de políticas generales, de formas de vida y culturales, y precisarlas o especificarlas en la eficacia de las administraciones públicas, en la calidad de sus servicios, y por tanto, en los beneficios que impactarán en el bienestar de la población.

En ese marco, en cada uno de los aspectos o temáticas señaladas, las diferencias pueden también establecerse en las respuestas nuevas que puedan ofrecerse en cada caso en la creatividad para desarrollar soluciones, procedimientos, mecanismos novedosos, pero sobre todo eficaz y eficiente, en términos de una gestión pública exitosa, en la orientación o destino final de la acción gubernamental: justicia social, equidad, redistribución de beneficios, etc.; y quizá en ese ámbito cabría recuperar (en los casos que fuese posible) los trasfondos ideológicos que animan los propósitos de la izquierda en México.

Gobernabilidad

     La gobernabilidad, entendida como la capacidad de gobernar considera como actor central al gobierno y a los gobernantes. Tal como señalan Woldemberg (1996) y Aguilar (1996), la gobernabilidad implica: a) en su nivel mínimo, la capacidad de los gobernantes para enfrentar sus obligaciones legales, b) la capacidad para enfrentar sus obligaciones y ejecutar sus decisiones, c) la capacidad para enfrentar sus obligaciones, ejecutar sus decisiones y responder a las demandas y necesidades sociales. De esta manera, la gobernabilidad se convierte en un asunto cuyo interés es primordial para los gobernantes, quienes dependen de la capacidad para responder a las demandas sociales de políticas públicas.

Estado de equilibrio dinámico
entre el nivel de las demandas sociales
y la capacidad del sistema político.

    Tomando en consideración la crítica al análisis de políticas públicas por etapas, enfocarse sólo en el proceso de integración de la agenda pública sería incorrecto. En ese sentido, es necesario considerar que la estabilidad también depende de la forma como se diseñan, implementan y evalúan las políticas públicas. En ese sentido, la gobernabilidad no depende sólo de la integración de la agenda de gobierno, sino de todo el proceso de las políticas públicas y, de manera más concreta, la gobernabilidad depende de la implementación de políticas públicas que satisfagan la demanda social. En otras palabras, la gobernabilidad depende de la capacidad del gobierno para identificar y responder a problemas públicos acotados, permitiendo la construcción de equilibrios sociales que permitan a los gobernantes ejercer su capacidad de gobierno.

     El enfoque anterior permite considerar a la gobernabilidad como un asunto de políticas públicas, considerando que:

La gobernabilidad depende de la identificación y respuesta del gobierno a un conjunto de problemas públicos acotados, los cuales tienen un carácter estratégico por determinar la capacidad de ejercer la función del gobierno; y

La gobernabilidad conforma a un público variable, integrado por el gobierno y diferentes subsistemas de políticas públicas que varían en función de los problemas públicos acotados identificados como estratégicos.

     Las consideraciones anteriores implican que la gobernabilidad no depende solo de una política, sino de un conjunto de políticas públicas, las cuales pueden ser definidas como estratégicas y, que por su carácter estratégico, varían en cada nivel de gobierno. Por lo tanto, se aborda el estudio de la gobernabilidad como un asunto de políticas públicas desde el enfoque del régimen de políticas. La afirmación de que la gobernabilidad depende de la capacidad del gobierno para identificar y responder a problemas públicos acotados, permitiendo la construcción de equilibrios sociales que permitan a los gobernantes ejercer su capacidad de gobierno, lleva a señalar que la gobernabilidad no depende de una política pública en específico, sino de un conjunto de políticas públicas identificadas como estratégicas. 

Violencia de Géneros en México

Ante la gravedad de la crisis de inseguridad, impartición de justicia y ausencia de garantías en la protección a los derechos humanos en México, vivimos una creciente ola de violencia e inseguridad, así como la violación a los derechos de la ciudadanía. Ello no ha permitido que se genere una percepción clara de todos los sectores de la sociedad; la injusticia y la impunidad  han llevado hoy en día a que se haga una constante revisión de los objetivos que tiene el Estado de brindar las condiciones óptimas de un desarrollo positivo para el bienestar social, tener la certeza de conocer la funcionalidad de todos los aparatos, estructura y recursos con que cuentan los poderes ejecutivos de los tres órdenes de gobierno, para poder brindar plena seguridad, tranquilidad y paz social a la sociedad y la completa satisfacción de las necesidades, materia de seguridad pública.

Es importante reconocer que fortalecer la gobernabilidad nos permitirá reconocer que se han efectuado acciones importantes para el mejoramiento de la calidad y de los servicios, tanto a nivel federal y estatal, como municipal; la percepción ciudadana sigue esperando los resultados en temas como seguridad pública y seguridad social.

Feminicidios en México,
fenómeno político-social que lastima a tod@s

Existe preocupación sobre diferentes problemas, debemos de advertir la incapacidad del gobierno municipal en Tultitlán para enfrentarlos. Temas como inseguridad, pobreza, desigualdad social, educación, salud, empleo, servicios públicos y obra pública, además del incremento de la violencia y los feminicidios, representan sin duda temas complejos de los que depende la sociedad y que, por su dificultad, requieren de la ejecución de políticas públicas y programas que peritan resolver estos graves y serios problemas. La diversidad de dificultades que enfrenta la sociedad requiere de acciones y que se asumen de distintas maneras, destacando por supuesto el papel de la acción en conjunto de la sociedad y la acción pública. En este sentido es esta última, mediante la participación entre sociedad y gobierno a través de políticas públicas, la única con capacidad de organizar al conjunto de instituciones del Estado alrededor de estrategias igualmente complejas.

Por si fuera poco, a más de dos años de haberse emitido la Alerta de Violencia de Género contra la Mujer en 11 municipios del Estado de México, nada ha cambiado,  se han venido incrementando los feminicidios y la violencia hacia las mujeres.

En 15 años han asesinado a más 55 mil mujeres en todo el país 

La violencia contra la mujer ha recrudecido en México. Solo este año 2017 fueron asesinadas 914 mujeres y otras 3 mil fueron reportadas como desaparecidas.

Estado de México

Año 2016 se registraron 263 mujeres asesinadas

Año 2017 se han registrado 257 mujeres asesinadas

En los 125 municipios del Estado de México la violencia se ha venido incrementando, Tultitlán no es la excepción con 26 mujeres brutalmente asesinadas de 2016 a noviembre de 2017.

No se puede tolerar, desde ninguna perspectiva, que sigan ocurriendo todos los días feminicidios, violencia hacia las mujeres que además son simultáneamente infanticidios, como lo que ha ocurrido recientemente en diferentes entidades. No podemos tolerar más que todos los días haya miles de casos de acoso en el ámbito laboral, transporte público, escuelas; amén de los 85 mil casos anuales de violencia intrafamiliar reportados por el sector salud, cifra que implicó, para el año de 2016, una tasa de incidencia de 69 casos por cada 100 mil habitantes.

La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos. Su impacto puede ser inmediato como de largo alcance, e incluye múltiples consecuencias físicas, sexuales, psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y niñas. Afecta negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad. Además de tener consecuencias negativas para las mujeres, la violencia también impacta su familia, comunidad y el país. . Los altos costos asociados, que comprenden desde un aumento en gastos de atención de salud y servicios jurídicos a pérdidas de productividad, impactan en presupuestos públicos nacionales y representan un obstáculo al desarrollo.

La implementación de las AVGM no se ha cumplido totalmente, no ha generando la movilización suficiente ni de recursos ni de capacidades para diseñar e implementar políticas públicas con perspectiva de género que sea un eje transversal de todos los niveles y órdenes del gobierno.

Hoy debemos movilizar voluntades políticas e inversiones para asegurar que las mujeres puedan vivir libres de violencia, para poner fin a la impunidad, juzgar a los culpables de violencia contra las mujeres y las niñas, y otorgar reparaciones y soluciones a las mujeres por las violaciones de que fueron víctimas, finalmente debemos lograr reunir a los gobiernos, a las organizaciones de mujeres y a otras organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación y al sector privado en un frente coordinado y colectivo que luche contra dichas violaciones de los derechos humanos, sensibilizar en conjunto y poder erradicar este fenómeno político y social que nos lastima a todas y todos.

El uso de la tecnología en la administración pública

El uso de la tecnología  en la administración pública no es un tema nuevo, pero si vigente y en desarrollo, que ofrece una nueva forma de organización y funcionamiento y que durante mucho tiempo fue vista como una herramienta técnica que simplificaba procesos y ahorraba recursos sin embargo, desde fines del siglo XX la tecnología tomo un nuevo papel en el funcionamiento de la administración pública y es constantemente utilizada en los procesos de modernización. 

Pero el papel de las TIC´s ha venido evolucionando, y a la vez implicado varios cambios técnicos, económicos, políticos, sociales, administrativos  y culturales, hasta el punto de dejar de llamarle proceso de informatización para darle lugar al término “gobierno electrónico”.

El “gobierno electrónico” es una tendencia mundial, incluso existen mediciones y rankings sobre su aprovechamiento. Por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publica bianulamente el índice de Desarrollo de e-Goverment (IEDG), en el cual México descendió 18 lugares, del lugar 37 en 2008 al 56 2010 y subió un lugar en 2012 ubicándose en el lugar 57.

La TIC´s En la Administración Pública. 

El gobierno electrónico es un compromiso internacional en 2007 se firmó la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico en la que los países firmantes (incluido México) se comprometen a incorporar las Tecnologías para mejorar el desempeño de la Administración Pública. La administración pública y la tecnología no son estáticos, cambian, por lo que están sujetos a una modernización permanente.              

La administración pública, al ser la parte ejecutora del gobierno tiene un sin fin de retos que vencer para cumplir satisfactoriamente sus objetivos, la propuesta de cambio se encamina a adoptar una visión en donde la administración pública enfrente las demandas sociales mediante respuestas oportunas, eficaces y eficientes: para lograrlo el gobierno y su administración deben dejar de lado paradigmas caducos y dedicarse a innovar e implementar acciones que promuevan el cumplimiento de las demandas ciudadanas y del interés general.

La modernización en términos políticos significa también un compromiso para promover políticas de gobierno de beneficio a quienes más lo necesitan y creatividad para encontrar las alternativas de solución más adecuadas, así como la congruencia mediante la adopción de nuevas estrategias y la racionalización de las mismas y, finalmente abona a la calidad en el uso de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros que deben optimizarse en beneficio social.

      El México de hoy, exige la modernización de diversos aspectos en estas dos ramas para continuar la búsqueda de la consolidación total de nuestros principios de soberanía, libertad, justicia e independencia.

Tultitlán y la inseguridad pública

En el municipio de Tultitlán de Mariano Escobedo, el contexto que determina su vida hace imperiosa la necesidad de evaluar la política pública sobre seguridad, para que el desarrollo local no se desfase de la realidad económica, política y social de nuestros tiempos.

Inseguridad, un problema político-social en México

Se observa que la implementación y aplicación de la política pública sobre seguridad se da por la toma de decisiones y acciones derivada de una ausencia de investigación e información adecuada. Aun cuando estos elementos se tienen detectados por parte de las autoridades municipales, no se cuenta con personal especializado para las direcciones y áreas que integran los servicios públicos municipales en la debida atención y solución de los problemas, los cuales afectan la gobernabilidad municipal, sobre todo en temas de Seguridad Pública.

Esto deriva en que las políticas públicas y programas sociales sean implementados en tiempos muy largos y no lleguen a la población más vulnerable y en donde se requieren con mayor urgencia. Consecuentemente, se han incrementado diversos delitos al no contar con servicio de alumbrado público adecuado, eficacia en la seguridad pública, falta de eventos culturales y educativos para inhibir los delitos y adicciones y carencia de lugares de esparcimiento adecuados (los que existen se encuentran en mal estado, así que además de no funcionales afectan la imagen urbana).

      No existe una evaluación seria de política pública sobre seguridad que permita fortalecer la gobernabilidad en el Municipio de Tultitlán de Mariano Escobedo. No se cuenta con el correcto estudio de la seguridad pública que permita a la población contar con un servicio de seguridad pública y mejorar la calidad en el menor tiempo posible, lograr una política pública congruente con las necesidades, pues en ocasiones se instrumentan aquellas de difícil acceso y pareciera que no van a funcionar. Llega a suceder también que, al querer resolver cierto problema, por intentar argumentarlo demasiado terminamos generando otros o no plantear ninguna solución.

Es importante  darle sentido actual y práctico a las políticas públicas, “traducirlas” (por así decirlo) y sobre todo estar conscientes de que podrán ser implementadas para generar resultados.