Ante la gravedad de la crisis de
inseguridad, impartición de justicia y ausencia de garantías en la protección a
los derechos humanos en México, vivimos una creciente ola de violencia e
inseguridad, así como la violación a los derechos de la ciudadanía. Ello no ha
permitido que se genere una percepción clara de todos los sectores de la
sociedad; la injusticia y la impunidad
han llevado hoy en día a que se haga una constante revisión de los
objetivos que tiene el Estado de brindar las condiciones óptimas de un
desarrollo positivo para el bienestar social, tener la certeza de conocer la
funcionalidad de todos los aparatos, estructura y recursos con que cuentan los
poderes ejecutivos de los tres órdenes de gobierno, para poder brindar plena
seguridad, tranquilidad y paz social a la sociedad y la completa satisfacción
de las necesidades, materia de seguridad pública.
Es importante reconocer que
fortalecer la gobernabilidad nos permitirá reconocer que se han efectuado
acciones importantes para el mejoramiento de la calidad y de los servicios,
tanto a nivel federal y estatal, como municipal; la percepción ciudadana sigue
esperando los resultados en temas como seguridad pública y seguridad social.
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| Feminicidios en México, fenómeno político-social que lastima a tod@s |
Existe preocupación sobre
diferentes problemas, debemos de advertir la incapacidad del gobierno municipal
en Tultitlán para enfrentarlos. Temas como inseguridad, pobreza, desigualdad
social, educación, salud, empleo, servicios públicos y obra pública, además del
incremento de la violencia y los feminicidios, representan sin duda temas
complejos de los que depende la sociedad y que, por su dificultad, requieren de
la ejecución de políticas públicas y programas que peritan resolver estos
graves y serios problemas. La diversidad de dificultades que enfrenta la
sociedad requiere de acciones y que se asumen de distintas maneras, destacando
por supuesto el papel de la acción en conjunto de la sociedad y la acción
pública. En este sentido es esta última, mediante la participación entre
sociedad y gobierno a través de políticas públicas, la única con capacidad de
organizar al conjunto de instituciones del Estado alrededor de estrategias
igualmente complejas.
Por si fuera poco, a más de dos años
de haberse emitido la Alerta de Violencia de Género contra la Mujer en 11
municipios del Estado de México, nada ha cambiado, se han venido incrementando
los feminicidios y la violencia hacia las mujeres.
En 15 años han asesinado a más 55 mil mujeres en todo el país
La violencia
contra la mujer ha recrudecido en México. Solo este año 2017 fueron asesinadas
914 mujeres y otras 3 mil fueron reportadas como desaparecidas.
Estado de México
Año 2016 se registraron 263 mujeres asesinadas
Año 2017 se han registrado 257 mujeres asesinadas
En los 125 municipios del Estado de
México la violencia se ha venido incrementando, Tultitlán no es la excepción
con 26 mujeres brutalmente asesinadas de 2016 a noviembre de 2017.
No se puede tolerar, desde
ninguna perspectiva, que sigan ocurriendo todos los días feminicidios,
violencia hacia las mujeres que además son simultáneamente infanticidios, como
lo que ha ocurrido recientemente en diferentes entidades. No podemos tolerar
más que todos los días haya miles de casos de acoso en el ámbito laboral,
transporte público, escuelas; amén de los 85 mil casos anuales de violencia
intrafamiliar reportados por el sector salud, cifra que implicó, para el año de
2016, una tasa de incidencia de 69 casos por cada 100 mil habitantes.
La violencia contra mujeres y
niñas es una violación grave de los derechos humanos. Su impacto puede ser
inmediato como de largo alcance, e incluye múltiples consecuencias físicas,
sexuales, psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y niñas. Afecta
negativamente el bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la
sociedad. Además de tener consecuencias negativas para las mujeres, la
violencia también impacta su familia, comunidad y el país. . Los altos costos
asociados, que comprenden desde un aumento en gastos de atención de salud y
servicios jurídicos a pérdidas de productividad, impactan en presupuestos
públicos nacionales y representan un obstáculo al desarrollo.
La implementación de las AVGM no
se ha cumplido totalmente, no ha generando la movilización suficiente ni de
recursos ni de capacidades para diseñar e implementar políticas públicas con
perspectiva de género que sea un eje transversal de todos los niveles y órdenes
del gobierno.
Hoy debemos movilizar voluntades
políticas e inversiones para asegurar que las mujeres puedan vivir libres de
violencia, para poner fin a la impunidad, juzgar a los culpables de violencia
contra las mujeres y las niñas, y otorgar reparaciones y soluciones a las
mujeres por las violaciones de que fueron víctimas, finalmente debemos lograr
reunir a los gobiernos, a las organizaciones de mujeres y a otras
organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación y al sector
privado en un frente coordinado y colectivo que luche contra dichas violaciones
de los derechos humanos, sensibilizar en conjunto y poder erradicar este
fenómeno político y social que nos lastima a todas y todos.
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