La crisis que la sociedad del
siglo XIX sufrió, desencadenó las revoluciones en Europa, la desigualdad y la
exclusión, por parte de unos pocos, quienes detentaron el poder y la
concentración de la riqueza, lo cual produjo grandes desequilibrios y permitió
un análisis, en virtud de las diferencias y la posibilidad de cambio. Marx
presupone que “los conceptos y cuerpos teóricos para interpretar la realidad
social se pueden transformar porque responden a momentos históricos
particulares en el desarrollo de la ciencia, a la vez que se reformulan o
abandonan conforme avanza el conocimiento” (Ontiveros & Mendoza, 1998, p.
35). Por ello analizó los contextos en los que vivía y fijó su análisis en la
lógica de la acumulación de la riqueza con las problemáticas que esto acarrea.
Con base en ese análisis, explicó la existencia de dos clases sociales que,
desde entonces, son las protagonistas en el desarrollo de los análisis de este
autor: el proletariado y la burguesía.
También expuso y profundizó la
concentración del poder, de la propiedad, la ideología política y la dominación
de unos sobre otros; este concepto está representado en “el poder político, hablando
propiamente, “es la violencia organizada de una clase para la opresión de otra”
(Marx & Engles, 1999, p. 49), el cual se sirve del Derecho para ejercer su
fuerza/violencia y para establecer el control de la sociedad, en consecuencia,
el Derecho es definido como una superestructura que organiza.
En sus obras Marx describió la
inconciencia social de las clases en torno a las realidades de cada individuo,
los grados de exclusión y división, así como las posibilidades de una
trasformación en las estructuras del poder, a través del potencial humano de
los individuos que conforman el proletariado y su problemática en el ámbito
laboral. Su perspectiva sociológica y planteamientos sociales se han mantenido
en el tiempo; éstos se orientan, en gran medida, a la selección de los
antecedentes hecha por diversos autores. Desde la perspectiva de la sociología
marxista, en cada sociedad existe una clase económica que domina la estructura productiva,
lo que se traduce en supremacía política y control social a través de
mecanismos impuestos y que se hace extensiva a todas las esferas sociales como,
por ejemplo, el derecho, la religión, la cultura, etc. Este dominio es
absoluto, ya que, a través de la coerción y la imposición ideológica, la clase dominante
consigue que la superestructura esté al servicio de sus intereses materiales.
En este sentido, quiero abordar,
quisa brevemente, pero con objetividad, la dramática crisis del Estado de
Derecho en México: cuando los colectivos humanos, negando todo pacto
jurídico-social, deciden hacer justicia por propia mano. Es un hecho que, con
frecuencia, estos actos surgen de la ineficacia de las instituciones
responsables de la procuración e impartición de justicia, pero también pueden
ser simples actos de venganza o resultado de un fenómeno de masas que obedece a
motivaciones poco racionales. En todo caso, la justicia por propia mano supone
un abandono de los mecanismos legales diseñados para garantizar la seguridad
jurídica y los derechos fundamentales de la persona.
La creencia de Proudhon en el
desarrollo de las “fuerzas colectivas”, le llevó a pensar que sí es posible una
sociedad justa y en paz a partir de la solidaridad, el apoyo mutuo y la
justicia. Utilizó la noción de sociabilidad
de Auguste Comte, en la cual se distinguen tres grados: la sociabilidad espontánea,
que es afectiva; la sociabilidad, como justicia; y, finalmente la sociabilidad,
como “igualdad de condiciones que nunca ha sido llevada a la práctica”. Las fuerzas
colectivas, esas fuerzas que a menudo han definido el destino de nuestro país;
por ejemplo, la fuerza que surgió de la rabia como en la época de la violencia,
del ánimo restaurador como en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente–
o de las fuerzas colectivas que avanzan poco a poco hacia el final de la guerra
y de la construcción de la paz.
Desde hace por lo menos tres
décadas se ha extendido en América Latina la práctica del linchamiento justo,
la situación de barbarie que garantiza la impunidad a sus ejecutores, al amparo
del gran prejuicio: los hombres pueden equivocarse; el pueblo no.
En el fondo, rige la evocación
precisa y punzante: los sucesos de agosto de 1968, en San Miguel Canoa, Puebla,
cuando el pueblo, azuzado por el cura Enrique Meza Pérez, quien inventa un
complot donde los extraños van a quemar cosechas y a violar vírgenes, lincha a
cuatro excursionistas de la Universidad de Puebla y al campesino que los
hospeda. En 1968, en medio de la represión del movimiento estudiantil, los
crímenes de Canoa pasan inadvertidos nacionalmente. Luego, vienen dos libros
testimoniales y Canoa, la muy importante película de Felipe Cazals. En su
momento, sólo destaca la defensa del linchamiento que, en nombre de la moral,
hace el ultraderechista René Capistrán Garza, y la protección que el Epicospado
le concede al cura Meza Pérez, al que se le permite salir de la población, de la
que, por otra parte, era el dueño: el dueño de los comercios, de la pequeña
industria, etcétera.
Es así, que México se ha visto
deteriorada en los últimos 10 años, originando con ello una crisis que abarca
tanto la procuración como la administración de la justicia. Las políticas de
prevención no han funcionado y, por el contrario, los delitos van en aumento. A
esta situación se suman los problemas de drogadicción y alcoholismo que elevan
los índices delictivos. Hugo Concha Cantú se ocupa del tema Eficacia de la Administración
de Justicia. En él expone que el “problema de la justicia por propia mano
merece ser analizado desde el punto de vista científico y con rigor
metodológico, a fin de trascender la relación causal que existe entre las
instituciones encargadas de procurar y de administrar justicia y el surgimiento
de fenómenos como éste”. De ahí que divida su trabajo en dos momentos: dedica
el primero a una aproximación conceptual acerca de lo que son las instituciones
de justicia y, en el segundo, se ocupa de la eficacia de estas instituciones.
Es clara entonces la necesidad
de establecer dos tipos de justicia por propia mano: la primera es individual,
es decir, aquella en la cual el ser humano, al haberse transgredidos sus
derechos o no haberse satisfecho su necesidad, busca, precisamente, que se
cumpla con esos derechos y se haga justicia. Pero también existen reacciones
colectivas en las que, al pretender hacer justicia por propia mano, una
comunidad puede conducirse al borde de la irracionalidad y hacer de los
individuos víctimas expiatorias; ambos “tipos de justicia” han rebasado al “Estado
de Derecho” en nuestro país, a la procuración de justicia, a salvaguardar la
integridad física, el patrimonio y la paz social del total de la colectividad.
Con frecuencia, tanto
ciudadanía como medios de comunicación y redes sociales cedemos ante la
tentación de parcializar al mundo con visiones irreflexivas y miopes. A toda
hora somos testigos y consumidores de productos informativos que generan y
fomentan posiciones excluyentes y discriminatorias que nos marcan con un sello
indeleble: la intolerancia a través de un doble linchamiento: el moral y el
mediático, pero también a todas horas leemos y escuchamos la imparable ola criminal
en nuestro país: feminicidios, asesinatos, desapariciones, narcotráfico,
ataques sexuales, violaciones sexuales, secuestros, etc; todo bajo la complacencia,
la injusticia y la omisión del Estado mexicano.
¿Qué es lo que sucede cuando,
en un momento dado, una dinámica social ha rebasado a la autoridad y no se
puede volver a la gobernabilidad a través de los mecanismos políticos? ¿Qué es
lo que sucede cuando la ley ha establecido sus propios mecanismos, ha
construido todo el andamiaje de procuración y de administración de justicia,
pero desafortunadamente la sociedad ha rebasado esos mecanismos? Es evidente
que esto constituye una gran preocupación pues es un fenómeno grave, de
actualidad, que por desgracia ocurre en el país, pero particularmente en el Estado
de México con mucha frecuencia; porque esto no es sólo algo aislado que le
sucede en la entidad, sino que puedo decirlo con toda certeza hay muchos otros
casos similares, como los de los policías federales, del personal del INE, del INEGI,
de muchos casos que han sido quemados vivos o asesinados a golpes y esto sucede
en muchas poblaciones.
Si ha fallado el Estado y si
ha fallado la sociedad ¿Cómo vamos a enfrentar y resolver este fenómeno político-social?

Buena pregunta Doctor. ¿Acaso necesitamos una mano dura, como la de Porfirio Díaz? El primero fusile y después averigüe.
ResponderEliminar¿Todavía queda esperanza en la humanidad? Cuando vemos hechos tan violentos como los del Líbano, a diferente escala, pero se relacionan con la justicia por propia mano.
Estamos al borde de una crisis de gobernabilidad. No por los partidos, sino por el hartazgo social en todos los sentidos.
ResponderEliminarEstamos al borde de una crisis de gobernabilidad. No por los partidos, sino por el hartazgo social en todos los sentidos.
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