REFORMAS HISTÓRICAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

En el transcurso de los últimos años, y más precisamente en la última década, se ha desarrollado en México, como en América Latina, un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad de género. Este proceso se manifiesta en la creación de diversos planes programáticos, instituciones y organismos, y en la promulgación de leyes, cuyo fin es la coordinación de políticas que promuevan la construcción de nuevas concepciones de las relaciones de género dadas en la sociedad y en los ámbitos en que las mujeres y niñas se desenvuelven.

 En México, este proceso ha generado una verdadera trama institucional de género que incorpora agendas estratégicas desde diversos espacios, en el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) como órgano central que coordina el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad sustantiva y coadyuva con la erradicación de la violencia contra las mujeres, para asegurar el pleno desarrollo de las mujeres, garantizando el ejercicio y el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres y que como principal objetivo es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país y que incluye políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia.

 Es pertinente realizar acciones de formación que promuevan la investigación y articularla con los estados y municipios para difundir guías y buenas prácticas judiciales, como así también gestionar el registro de femicidios, tomando en cuenta que la muerte violenta de las mujeres debe ser tipificada como feminicidio en el país; un Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que coordina acciones en todo el país, a fin de promover el acceso a los derechos sexuales y reproductivos a toda la ciudadanía, en especial fomentando su libre ejercicio a la población femenina; un Programa de Fortalecimiento Institucional en todos los Institutos de la Mujer del País y Organizaciones de la Sociedad Civil como se ha venido llevando a cabo, que promueve el desarrollo de espacios locales de participación política para las mujeres; y la conformación de áreas que promueven la equidad de género en los distintos poderes del Estado y dependencias nacionales como.

Entre estos avances hacia el logro del ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, deben contemplar las políticas que promueven la modificación de los estereotipos y patrones socioculturales que dan lugar a la discriminación de género, y la profundización del desarrollo de estrategias en contra de la violencia mediática y simbólica que se reproducen en los contenidos de los medios masivos de comunicación. Estas políticas, implementadas por el gobierno, deben encentrar su marco normativo y de planificación en diversos instrumentos y su aplicación se ha encomendado a distintos organismos, algunos de los cuales ya habían sido previamente instituidos. Más allá de que estas políticas pueden considerarse innovadoras, su origen, distan de ser perfectas y necesitan de revisión en muchos aspectos. Entre esto se destacan temas vinculados al acceso a la justicia, información y participación ciudadana, como así también en la implementación de sanciones ejemplares en casos de violencia mediática en contenidos masivos, acciones concretas de prevención, y el alcance de todas las políticas a lo largo y ancho del país.

 Recientemente, el Congreso del Estado de México avaló reformas históricas contra la violencia política de género. Por unanimidad, avaló un paquete de seis reformas propuestas por los grupos parlamentarios de Morena, PAN y PRD en contra de la violencia política hacia las mujeres y para garantizar la paridad de género y fortalecer la defensa de los derechos político-electorales en la entidad.

 Al leer el dictamen en tribuna, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, diputada Mariana Uribe Bernal, calificó este día como histórico para las mexiquenses y para el Estado de México, porque se ha abierto una puerta para romper paradigmas y que más mujeres ocupen cargos públicos, además de que se exige detener la violencia política a través de los trabajos de la Legislatura de la Paridad de Género.

 En tanto, la presidenta de la Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, Karina Labastida Sotelo, afirmó que, con las reformas aprobadas, “hacemos factible la paridad de género formal, impulsamos la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres en el ámbito público”.

 Con estas modificaciones se replantea la definición de violencia política de género y se extiende la paridad al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y al Tribunal Electoral de la entidad, se elimina el lenguaje sexista de la Constitución, se introduce el principio de paridad de género y el lenguaje incluyente en diversos ordenamientos estatales y se establecen sanciones por violencia política de género contra candidatas.

 De igual manera, se reforman otros ordenamientos para que no ocupen cargos públicos quienes tengan antecedentes de sentencia ejecutoriada por violencia política contra las mujeres en razón de género, por ser deudores alimentarios, por violencia familiar o de género o delitos contra la libertad sexual, y la Fiscalía General de Justicia de la entidad creará un padrón de las personas condenadas por dichos delitos, para que el Instituto Nacional Electoral pueda solicitar información para saber si los aspirantes a candidatos a un cargo público tienen antecedentes, además de que personas con antecedentes de violencia política no podrán tener candidaturas en 2021.

 Las reformas establecen también sanciones por violencia política de género contra candidatas; que los entes públicos observen los principios de igualdad y equidad de género; que las listas de representación proporcional se integren por fórmulas compuestas por una persona propietaria y una suplente del mismo género; que los partidos políticos asignen recursos para la creación, fortalecimiento y difusión de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, que sea su obligación promover la igualdad de oportunidades entre sus militantes.

 El documento fue elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Electoral y Desarrollo Democrático y Para la Igualdad de Género y en el análisis participaron también representantes de los colectivos 50+1 capítulo Estado de México, Red Mujeres en Plural, Red Rompe el Miedo, Asociación de Mujeres Abrazando México, Red de Abogadas Feministas y otros de la sociedad civil, magistradas, juezas y consejeras en materia electoral.

 Con esto se modifican y adicionan la Constitución Política, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la Ley de la Fiscalía General de Justicia, la Ley de Responsabilidades Administrativas y al Código Electoral, todas del Estado de México.

 Importante e histórico garantizar la paridad de género y fortalecer la defensa de los derechos político-electorales en la entidad, sin embargo, falta mucho por hacer socialmente…Para acabar con la violencia contra las mujeres hay que intervenir en cuantos frentes se vean implicados en la génesis, desarrollo, prevención o tratamiento del problema. Quizás los más evidentes y que reclaman una atención urgente y creciente son el rechazo a los agresores, deslegitimarlos, perseguirlos, vigilarlos, castigarlos y tratar de rehabilitarlos, al tiempo que impulsamos todas las medidas que favorezcan la igualdad entre los sexos y la liquidación por derribo del modelo masculino tradicional.

 El reto ya no es que los hombres digan estar a favor de la igualdad, el desafío es que asuman la parte de la carga que les corresponde en un reparto equitativo con las mujeres para que ellas puedan dedicar ese tiempo y esas energías a lo que les dé la gana, un paso a la acción que nos obliga a abandonar las relaciones sociales y el tiempo de trabajo remunerado necesario para disponer de las horas que exija nuestra dedicación al hogar y la familia.

 Sin duda, en la antesala del proceso electoral de año 2021 se ha observado la conducta electorera, es decir, poco a poco nos daremos cuenta que candidatas y candidatos a cargos de elección popular tomarán como bandera político-electoral, en discursos preparados y falsos la violencia contras las mujeres, las niñas y los feminicidios, la incapacidad para conocer de fondo este fenómeno político y social resumirá en consecuencia un discurso con líneas sin un sustento científico, metodológico y que se lleve en prospectiva un diagnóstico para conocer las causas y consecuencias que originan la violencia contra las mujeres y niñas con la finalidad de elaborar realmente un programa de trabajo para diseñar e implementar políticas públicas con perspectiva de género que resuelvan la situación que prevalece en los tres municipios.     

 En este sentido, la violencia contra las mujeres representa una violencia a los derechos humanos y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática, sin duda históricas las reformas, pero aun falta mucho por hacer en términos generales con este fenómeno político y social creciente llamado violencia contras las mujeres, niñas y el feminicidios en el Estado de México.