Por: Alejandra Martínez Pérez y Moisés Sánchez Ramírez
Activistas sociales y defensores de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia
Fundación Anayansi A.C. Coacalco Estado de México.
El Estado mexicano
tienen obligaciones concretas y claras de abordar el tema de la violencia
contra la mujer. Tienen que responder ante las propias mujeres, ante la
ciudadanía, ante las organizaciones de la sociedad civil, al país en general. En
el contexto de violencia que vivimos en el país, hemos pensado que el reto del
próximo gobierno es enorme, vemos, leemos y escuchamos una serie de temas que
soló implican el poder político y el dinero, sector empresarial pero no vemos
una propuesta clara y sobre todo, en relación con la creciente violencia
feminicida en México, lamentablemente las noticias hablan del nuevo aeropuerto,
el TLC, futbol, programas de televisión sin contenido cultural, preventivo, de
chismes de la farándula, guerra sucia, corrupción, de la transición, pero no
hemos visto, leído y escuchado qué es lo que harán quienes han sido electas y
electos en cargos de elección para periodos de tres y seis años, hablan de
“hacer un México mejor” de “ver por México” pero esas voces son de personajes
políticos, mujeres y hombres que brincan de un cargo a otro, así se la viven,
pero nunca escuchamos algo congruente y mucho menos qué propuestas claras,
definidas que resuelvan con el diseño de políticas públicas y programas el
problema de la violencia de géneros y feminicidios. Como organización de la
sociedad civil, como Fundación Anayansi nos hemos mantenido trabajando,
colaborando con las autoridades, hemos ejercido presión al grado de recibir
desprecio y amenazas por algunas fiscalías y Centros de Justicia para la
Mujer.
Existe el deber de
prevenir actos de violencia contra la mujer; investigarlos cuando ocurran y
enjuiciar y castigar a los perpetradores; así como de ofrecer reparación y auxilio
a las víctimas, algo que no hemos visto realmente de las autoridades. Si bien
las distintas circunstancias y limitaciones obligan al Estado a adoptar
diferentes tipos de medidas, esto no justifica la inacción. Sin embargo, no
aplican a cabalidad las normas internacionales relativas a la violencia contra
la mujer.
Cuando el Estado
no exige responsabilidades a los perpetradores de la violencia, no sólo alienta
la comisión de nuevos actos de esa índole, sino que da a entender que la
violencia que ejerce el hombre contra la mujer es aceptable o normal, existe
la necesidad urgente de fortalecer la base de conocimientos para documentar la
formulación de políticas y estrategias.
La eliminación de
la violencia obliga al Estado, y a todos los interesados directos a adoptar
medidas amplias y sistemáticas. Como organizaciones de la sociedad civil nos
corresponde, si bien exigir, participar en coordinación, los gobiernos locales
también tienen la responsabilidad de abordar el problema de la violencia contra
la mujer y para ello deben recibir asistencia, a pesar de que existe ya en
entidades y municipios la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, los
resultados relacionados a la violencia y feminicidios no han sido el esperado,
le atribuimos a muchos factores o elementos que inciden en la omisión, el
desprecio, la indolencia por parte de las autoridades y un sector de la
población al no existir empatía sobre
todo preocupación por el contexto de violencia que particularmente las mujeres
en nuestro país han venido sufriendo en los últimos 20 años. Corresponde a los
hombres desempeñar una función, sobre todo de prevención de la violencia, y esa
función debe seguir examinándose y fortaleciéndose. Hacen falta mecanismos
institucionales, a pesar de los existentes, estables a nivel nacional y local
para asegurar la aplicación de medidas, la coordinación, la vigilancia y la
responsabilidad.
La violencia
contra la mujer es la causa y, a la vez, la consecuencia de la discriminación
contra la mujer. Existe la obligación de respetar, proteger, promover y facilitar
el ejercicio de todos los derechos humanos, incluido el derecho de la mujer a
no ser discriminada. Cuando esto no ocurre se ejerce y se exacerba la violencia
contra la mujer, el ejercicio de la dirección es esencial para poner fin a la
violencia contra la mujer, es fundamental ejercer la dirección a todos los
niveles (local, nacional, regional) y por todos los sectores (incluidos los
políticos y los funcionarios públicos, los formadores de opinión, los
dirigentes empresariales, las organizaciones de la sociedad civil y los
dirigentes comunitarios). Los Estados deberán hacer compatibles las normas
internacionales y las leyes, políticas y prácticas nacionales.
El fin de la
impunidad y la exigencia de responsabilidades por la violencia contra la mujer
son fundamentales para prevenir y reducir esa violencia. La impunidad por el
ejercicio de la violencia contra la mujer (tanto por los agentes del Estado o
por otras personas) se produce cuando el Estado no aplica las normas
internacionales a nivel nacional y local. El Estado tienen la responsabilidad
de actuar con la debida diligencia para prevenir la violencia contra la mujer;
investigar esos actos; enjuiciar y castigar a los perpetradores, sean o no agentes
del Estado; y asegurar que se proporcione reparación para las víctimas. Crear y
mantener estrategias multisectoriales coordinadas a nivel nacional y local para
poner fin a la violencia contra la mujer, no basta sólo que la clase política
en México demuestre compromiso político sino adoptar medidas sistemáticas y
sostenidas apoyadas por mecanismos institucionales poderosos, dedicados y
permanentes. El Estado debería apoyarse en la labor que realizan las
organizaciones no gubernamentales (ONG), intensificarla e institucionalizarla.
Pero lamentablemente no lo han realizado, no existe voluntad política ni de
gobierno.





