La Desigualdad y política social hacen ver a México como uno de los países más desiguales de América Latina, lo convierten en un fenómeno complejo y multifuncional, que se relaciona y se retroalimenta con la discriminación ética, de género y de lugar de residencia.
Vivimos en un país de encantos y desencuentros, de enormes contrastes y complejidades, de aciertos y errores garrafales que han dañado la vida política, económica y por supuesto social. Ante el grave contexto que vivimos, sobre todo en los últimos 30 años, el Estado mexicano no ha logrado construir una políticas que genere soluciones eficaces en el corto y largo plazo en lo que a la generación del bienestar social se refiere. Por ejemplo, el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 presentado por Coneval señala que nuestro país todavía está lejos de tener oportunidades y participación en igualdad de circunstancias para todas las personas.
En términos de población y datos que reflejan la realidad, del total de la población, solo 27.8 millones no son pobres o vulnerables, en tanto que hay 53.4 millones de personas en pobreza, lo que representa al 43.6% de la población nacional, de estas, 9.4 millones viven en situación de pobreza extrema, adicionalmente, casi 4 de cada 10 personas que habitan en el ámbito urbano no tienen ingresos laborales suficientes para adquirir la canasta alimentaria básica, mientras que casi 6 de cada 10 personas en el ámbito rural tienen ingresos laborales insuficientes. Las cifras más recientes de Coneval revelan que en nuestro país 24.6 millones de personas son vulnerables por carencia de acceso a la alimentación.
En este sentido y de acuerdo con el informe presentado por Coneval, entre 1992 y 2016 el ingreso promedio tuvo fluctuaciones que no permitieron mejoras permanentes en el bienestar de los hogares. Pese a que de 2009 a 2017 hubo una disminución en la proporción de empleos informales, las condiciones de informalidad siguen caracterizando al mercado laboral de nuestro país, pues del total de personas ocupadas, la mayoría, es decir, 29.83 millones, tiene empleos informales. La mayor dificultada para insertarse en empleos formales son los jóvenes de entre 15 y 29 años. En 2017, del total de personas jóvenes ocupadas, 59.9%, se encontraban en empleos informales.
Los riesgos que impone al país un modelo de desarrollo como el actual, genera crecimiento lento y desigual, pero sobre todo hace patente las reducidas capacidades del Estado para hacerles frente.
Por ello, es urgente avanzar en el cumplimiento de los derechos y reducir las brechas que aún existen en el país, así como replantear la estructura institucional del Estado, de sus funciones y de su organización interna, con el propósito de construir una nueva serie de alternativas al Estado de Bienestar que igualen las oportunidades de toda la población.
La gran complejidad y el origen multifactorial de la desigualdad en México no pueden enfrentarse con programas públicos simples, unidireccionales y únicos; demandan voluntad política para superar el problema, además de una capacidad de diálogo con los grupos que formulan interpretaciones y enfoques distintos sobre sus causas y posibles soluciones. Requieren una participación activa de la población, de modo que la intervención del Estado refleje sus demandas, intereses e inquietudes y se convierta verdaderamente en una política pública, en lugar de limitarse a programas gubernamentales definidos solo por los grupos a cargo de los gobiernos de turno. Por su complejidad, el combate de la desigualdad requiere articular varios instrumentos de política de los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales. En el fondo, significa transformar relaciones asimétricas de poder.
Para avanzar en ello, en materia de política social, resulta indispensable realizar una evaluación informada y objetiva del estado en que se encuentran la legislación, las instituciones, la capacitación y la cantidad de funcionarios que participan en los servicios sociales, los modelos de intervención, las tecnologías utilizadas y el monto y la distribución de los recursos presupuestarios entre programas.
Los programas sociales vigentes forman un complejo entramado cuyo origen se encuentra en las diferentes concepciones sobre la responsabilidad social del Estado desarrolladas a lo largo de diferentes momentos de la historia reciente de México. Se trata de programas sociales de distintas generaciones que se han ido superponiendo, en algunos casos construidos a partir de premisas que han experimentado grandes modificaciones.
Los programas sociales vigentes forman un complejo entramado cuyo origen se encuentra en las diferentes concepciones sobre la responsabilidad social del Estado desarrolladas a lo largo de diferentes momentos de la historia reciente de México. Se trata de programas sociales de distintas generaciones que se han ido superponiendo, en algunos casos construidos a partir de premisas que han experimentado grandes modificaciones.
Jusidman, Clara. Marzo - Abril 2009
México Social. Martes, 17 Abril 2018

No hay comentarios:
Publicar un comentario