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| Moisés Sánchez Ramírez Sección de Estudios de Posgrado e Investigación Coordinación de Doctorado ESCA STO TOMÁS IPN |
La democracia social es la alternativa frente
a la desigualdad y la gestión conservadora y autoritaria de la crisis
socioeconómica y política. Debe ser la base para la construcción de una nación
más justa y solidaria. En México, la desigualdad social se ha incrementado con
la crisis económica y las políticas de austeridad. El contexto de violencia, la
devaluación salarial (con aumento anquilosado), el amplio empobrecimiento de
una sociedad sumida en una enorme desigualdad social, con el aumento de la pobreza,
pobreza extrema, con enormes carencias de alimentación en algunos sectores de
la sociedad, así como el recorte de prestaciones sociales y servicios públicos,
han contribuido a ensanchar las brechas sociales. Una minoría va acaparando
privilegios, riquezas y poder en perjuicio de la mayoría de la sociedad. Hace
todavía algunos años no había un claro reconocimiento institucional de la
gravedad de esta desigualdad. Hoy día, este diagnóstico básico de la
importancia de la desigualdad social ya es asumido por la mayoría de la gente y
es admitido en los ámbitos políticos, académicos y mediáticos.
Existen numerosos
indicadores de la evolución negativa y la gravedad de la desigualdad social en
nuestro país. Los factores principales que la provocan son el recorte de plazas
productivas, el empleo precario con bajos salarios, los recortes sociales y la
insuficiencia de la protección social pública, acentuados por la gestión
antisocial y autoritaria de la crisis del poder establecido, además del contexto
de violencia por el que atraviesa nuestro país. Se ha incrementado la
acumulación de bienes, recursos y poder en una minoría oligárquica con una
desventaja comparativa respecto de la mayoría social, gran parte empobrecida
esta minoría concentrada en el clero, empresarios, políticos y el crimen
organizado. En el marco de una financiarización y globalización desregulada del
sistema económico las élites dominantes y capas “extractivas” salen
beneficiadas y las clases subalternas perjudicadas.
En México se puede hablar de
la élite del poder como un grupo reducido de personas de los ámbitos político o
económico que se legitiman entre sí, con valores, ideas e intereses
convergentes –no por ello libres de pugnas entre fracciones–, que fungen como
los agentes principales dentro de una estructura de poder vertical, jerárquica,
cuyas decisiones son trascendentales para el resto de la sociedad. La crítica a
la debilidad institucional en México debería fungir como una alerta para no
perder capacidad crítica dentro de enfoques que privilegian la importancia de
las instituciones y el diseño institucional, principalmente frente a la
maltrecha división de poderes (González Casanova, 1965; Krieger, 1990; Meyer,
1998a y 1998b; Crespo, 1997) que impide la plena autonomía de instituciones
como el Legislativo y el Judicial frente al Ejecutivo o de instancias que se
presumen autónomas como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI).
Una democracia social
consolidada requiere mejorar la calidad de la política y desarrollar
instituciones abiertas y cercanas a la ciudadanía. Su funcionamiento necesita
de actores sociopolíticos capaces de representar la diversidad de intereses de
toda la sociedad. En este sentido, debemos ofrecer plataformas de diálogo,
talleres para el fortalecimiento de las capacidades públicas de actores
progresistas, asesoría institucional, consultorías y análisis político. En el análisis
Político debemos responder a una necesidad de observar lo que sucede en la
política nacional de México y su relación con la economía, la sociedad y el
contexto en el que vivimos.
Por lo tanto, desigualdad es un concepto relacional o
comparativo. No define el avance o retroceso de la población en su poder
adquisitivo o el crecimiento económico, sino las distancias distributivas entre
los diferentes segmentos sociales. Ello significa que es compatible, como ha
sucedido en varias épocas, el incremento de la desigualdad y la mejora de las
condiciones de vida de la mayoría de la gente. Los de abajo pueden avanzar un
peldaño, los de en medio dos y los de arriba cuatro. La desigualdad y las desventajas
comparativas de condiciones y oportunidades se amplían, aunque las capas
desfavorecidas vivan mejor que antes. En esa situación, en la conciencia social
se relativiza esa situación de desigualdad al valorar que en términos de
bienestar las clases subalternas están mejor que antes o que las generaciones
anteriores. Es el poderoso factor de legitimación del desarrollo capitalista,
cuando compatibiliza crecimiento económico (de empleo, bienes y consumo) y
aumento de bienestar socioeconómico con aumento de las desventajas relacionales
y las desigualdades en términos socioeconómicos y de poder de las capas populares
respecto de los ricos y poderosos.
No obstante, la experiencia
actual de la gestión de la crisis social y económica nos indica que, además del incremento de la desigualdad, también se
ha producido un doble fenómeno que la agudiza: por un lado, el estancamiento y
retroceso de las condiciones de vida y de influencia política y democrática de
amplias mayorías sociales, clases medias y trabajadoras; por otro lado, una
apropiación desmedida, muchas veces corrupta o ilegítima, y un control
oligárquico de grandes beneficios económicos, ventajas y privilegios sociales y
de poder institucional en las élites dominantes.
Estamos en otra etapa
diferente a la de las tres décadas gloriosas de la segunda posguerra mundial
con gran desarrollo económico, distribución y protección públicas ascendentes y
mayor participación democrática en una dinámica más equilibrada (de rostro
humano). Se mantenía una gran legitimación social del sistema económico y
político, compatible con la persistencia de grandes desigualdades. En los años
ochenta y más claramente en los noventa, ese equilibrio se rompe parcialmente
con la generalización de la globalización económica desregulada, el predominio
del financiamiento de la economía y la preponderancia de las políticas
neoliberales.
La etapa actual se caracteriza por la recesión, el
estancamiento o el escaso crecimiento económico y, sobre todo, del empleo y por
las políticas económicas sociales regresivas y medidas autoritarias. La
dinámica dominante es de desmantelamiento del Estado de bienestar, restricción
de los derechos sociales y laborales, abaratamiento de los costes laborales y
subordinación de la mayoría de la población trabajadora, incluida la precaria y
en paro. Se termina por combinar mayor desigualdad y menores expectativas y
dinámicas de progreso en las trayectorias laborales y sociales de la mayoría
social subalterna. La desigualdad se hace más injusta. No solo se notan más los
agravios comparativos entre el polo más rico y la mayoría popular, sino que
gran parte de ella vive peor que antes y que su generación anterior. Se
frustran las aspiraciones de movilidad social ascendente. Es la base del descontento
y la indignación de la mayoría de jóvenes de capas trabajadoras y medias. Este
sentimiento de injusticia está agudizado por la percepción del contraste entre
esa realidad de desigualdad y bloqueo de trayectorias y la situación de mayor capacidad
académica y expectativas de ascenso social, confianza en el “progreso” del sistema
económico y una socialización relativamente libre, democrática e igualitaria en
los ámbitos educativos e interpersonales, que actualmente se ven defraudadas.
Ante tal
escenario, qué esperamos después del día primero de julio 2018, cambio de
régimen o el estancamiento presidencialista, la instauración de la filosofía
política llamada populista, o la simulación de un nuevo régimen tripartita
entreguista.
