En el curso del
actual gobierno, el retorno del PRI al poder, si bien representa un costo
político de la violencia criminal, puede resultar mayor para Enrique Peña Nieto
que para su antecesor Felipe Calderón, pero un enorme reto para quien gané los próximos
comicios del día primero de julio 2018, y quien esté pensando en buscar refugio
en la teoría de la inevitabilidad de la violencia, es decir, el desmantelamiento
de grupos criminales. Peña Nieto ya no tiene esa salida. El objetivo
prioritario de su gobierno ha sido la disminución de los delitos violentos, en
particular el homicidio, el secuestro y la extorsión, dejando en la impunidad y
vacío los feminicidios sistemáticos y otros delitos igual de graves y
lacerantes para la sociedad. La violencia, si persiste, va a ser culpa del
gobierno bajo Peña Nieto. Durante los primeros meses, trasladaron al gobierno
panista calderonista la responsabilidad por los elevados niveles de violencia.
Sin embargo, esa explicación se fue desgastando con el transcurso del tiempo.
En algún momento del año 2013, dio inicio la “guerra de Peña Nieto”, es
decir, los homicidios, secuestros, extorsiones y todo el “Estado de horror” que
hoy vivimos son parte de la actual administración. La política de seguridad
anunciada hasta ahora tiene plazos largos de maduración. Por ejemplo, para
poner en operación la Gendarmería, son necesarios cambios
legislativos, modificaciones reglamentarias, adquisiciones o transferencia de
equipo, y acondicionamento de instalaciones, entre otros requerimientos. No
hubo nada, de hecho, en la estrategia esbozada por el gobierno federal que permitiera anticipar una mejoría dramática de las condiciones
de seguridad en plazos políticamente relevantes, antes de las elecciones
intermedias de 2015.
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| Partidos políticos. Elección 2018, México. |
En algún momento de los días, se volverá evidente
que el gobierno de Enrique Peña Nieto va a afrontar los comicios federales
con 45,000 homicidios, aproximadamente, bajo el brazo, por lo
menos. En ese punto, probablemente intenten en la administración un viraje
discursivo: menos énfasis en la reducción de violencia, más insistencia en
indicadores de proceso (número de policías certificados, número de estados con
reforma penal concluida, etc.), o bien en métricas relacionadas con el combate
a la delincuencia organizada (detenciones, decomisos, erradicación,
etc.). A esto le llamo el “bombardeo mediático” como distractor de una
realidad cruel que vivimos en nuestro país. Un viraje de esa naturaleza
tendría, sin embargo, un costo evidente. Hablar como Calderón (PAN) significaría validar implícitamente a Calderón o,
al menos, su teoría de que había pocas alternativas prácticas a su política de
seguridad. Desaparecerían, por definición, las posibilidades de marcar
diferencias con las administraciones panistas. Pero no virar, cuando se tienen
resultados menos que espectaculares en términos de reducción de violencia,
podría ser catastrófico, que tendríamos: a) socavaría el principal activo
priísta, la percepción pública de eficacia, y b)
mejoraría, por contraste, la imagen del gobierno previo (y de su partido). Una
salida a esa trampa es intentar medidas heterodoxas, como una tregua a la salvadoreña, una desmovilización negociada a la
colombiana. Ninguna ofrece garantía de éxito (y todas
tendrían múltiples costos asociados), pero al menos abrirían una posibilidad,
así sea remota, de mejoría dramática en el corto plazo. No hay, sin
embargo, ninguna señal de que los responsables de seguridad del nuevo gobierno
estén pensando en ese tipo de alternativas. Otra posibilidad es tratar de
modular las expectativas, anunciar desde ya que no se deben esperar grandes
resultados durante la primera mitad del sexenio. Eso daría algo de espacio,
pero no eliminaría del todo el desgaste de la violencia cotidiana (ante una
masacre, por ejemplo, el gobierno no puede decir “aguántenme dos años”) Como
Aguas Blancas, Guerrero Acteal Chiapas, la impunidad de la Guardería ABC, San
Fernando, el silencio de Tlatlaya, Estado de México, los lamentables y trágicos
hechos en Ayotzinapa, con la desaparición de 43 estudiantes normalistas, Tanhuato,
Nochixtlan, Ixmiquilpan, de Ostula, del pasado 24 de enero
2018, el ataque armado sorprendió a los habitantes de Oxchuc, un municipio
tzeltal Chiapas, pobre entre los pobres de este país, la
violencia política hacia las mujeres, la violencia feminicida, y por supuesto
la violencia dirigida a las y los actores políticos de nuestro país: Desde septiembre
del año 2017, cuando inició el proceso electoral en nuestro país, hasta el día
11 de mayo, último crimen político de 2018 , se han registrado 94
asesinatos de integrantes de algún partido político. 19 entidades de la
República registraron estos lamentables hechos: Guerreo 19; Oaxaca 16; Puebla
10; Veracruz 8; Estado de México 7; Chihuahua 5; Hidalgo 4; Jalisco 4; Guanajuato
3; Michoacán 3; Durango 2; Tamaulipas 2; San Luis Potosí 2; Colima 2; Baja; California
1; Zacatecas 1; Nayarit 1; Chiapas 1; Tabasco 1. Contexto violento que abollaría aún más de cualquier modo la imagen
de ineficacia priísta. ¿Qué tan eficaz puede ser un equipo gobernante si se
anuncia incapaz de mostrar resultados concretos antes de la mitad de su gestión
de administración? En resumen, la pregunta no es si la violencia va a desgastar
al gobierno de Peña Nieto, sino cuánto y qué tan rápido. No lo sé, pero
se me figura que buena parte del futuro político, social y económico del país
depende de la respuesta… ¿Y, quién la tendrá? ¿“Todos por México”; Por México al Frente”; “Juntos
Haremos Historia”; las candidaturas independientes?…
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