México, primero de julio 2018.

En los primeros minutos del día 24 de mayo inician las campañas electorales para el tema local, es decir, diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, de manera paralela, ya a la campaña federal, que dio inicio el 30 de marzo y que concluirán el día 27 junio de 2018. Ante este escenario, son varias las lecciones y las incógnitas que dejaron las pasadas elecciones en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.

Los resultados obtenidos en 2017 por las diversas fuerzas políticas no definen quién ganará la Presidencia, las ocho gubernaturas (Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Chiapas, Tabasco y Yucatán), el mayor número de diputaciones en el Congreso de la Unión y los tres mil 216 cargos que se disputarán en el tema local el próximo 1 de julio del presente año. En los ocho estados están en juego 486 diputaciones de mayoría y 336 más por representación proporcional, así como mil 548 alcaldías, regidurías y sindicaturas. Sin embargo, son el antecedente a una de las contiendas electorales más competidas en la historia de México.

M. en A.P. Moisés Sánchez Ramírez

 

El proceso pasado, 2017, dibujó un escenario político-electoral del que partirán las cuatro principales fuerzas políticas: PRI, PAN, Morena, PRD, para continuar, consolidarse, salvarse de la debacle o posponer su desaparición como institutos políticos. De acuerdo con los resultados finales del PREP, en Coahuila: Miguel Ángel Riquelme Solís (PRI) obtuvo 38.31% de los votos; José Guillermo Anaya Llamas (PAN-ES-UDC-PPC), 36.81%; Armando Guadiana Tijerina, 12.04%; y Javier Guerrero García (independiente), 7.44%.

El PREP del Estado de México reportó que Alfredo del Mazo (PRI-PVEM-NA-ES) obtuvo 33.72% de los sufragios; Delfina Gómez Álvarez (Morena), 30.81%; Juan Zepeda Hernández (PRD), 17.79%; y Josefina Vázquez Mota (PAN), 11.29%.

En Nayarit, los porcentajes de votación favorecieron a la alianza de Antonio Echevarría García (PAN-PRD-PT-PRS), con 38.63%; Manuel Humberto Cota Jiménez (PRI-PVEM-NA) obtuvo 26.51%; Hilario Ramírez Villanueva (independiente), 12.34%; y Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena), 11.99%.

Aunque en Veracruz no se votó para elegir gobernador es importante consignar que este estado cuenta con el tercer padrón electoral más importante del país. Tuvo una participación ciudadana de 59.14% y la mayoría de los votantes favorecieron a la alianza PAN-PRD que se quedó con 107 de los 212 municipios que se disputaron en las elecciones del 4 de junio.

Por su parte, la alianza PRI-PVEM se convirtió en segunda fuerza al ganar 40 municipios; mientras que Morena y Nueva Alianza quedaron empatados con el mismo número de cabeceras distritales: 17.

De acuerdo con estas cifras: el PRI se mete a la contienda por la Presidencia, que parecía posicionarse en un tercer lugar, que parecía darse una contienda entre dos, entre el PAN (PRD-MC) y Morena (PES-PT); el PAN se fortaleció poco a poco, aumentando su posibilidad de regresar a la silla presidencial; Morena se coloca en una buena posición, en la mejor que Andrés Manuel López Obrador ha tenido frente a la disputa por el cargo presidencial; y el PRD logró un respiro, al integrar la coalición Por México al Frente.

Sin embargo, los números no son más que un frío reflejo de lo que pasó en estos cuatro estados. Lo que quedó a la vista de propios y extraños fue una lucha sin cuartel por el poder entre las cuatro principales fuerzas políticas. Lo anterior se expresa ya, a través de una intensa campaña de dimes y diretes, donde la opción de la ciudadanía parecía ser escoger de entre todos al menos corrupto.

En 2017, el contexto fue otro, al final ganó quien pudo movilizar más recursos económicos, políticos y materiales; quien fue apoyado por el partido con la estructura territorial y de poder más grande; quien contó con el enorme soporte de recursos públicos, estatales y/o federales; quien tuvo tiempo de calidad en los medios sin que su imagen fuera golpeada una vez y otra también; quien tuvo el mayor voto duro a su favor o quien ha construido una red de apoyos y favores mutuos entre personas de escasos recursos, poca información y preparación formal y bajos ingresos; o quien, en su defecto, logró obtener un porcentaje de votación tal que la distancia entre el segundo y el primer lugar no pudo remontarse con algún tipo de “truco electoral” a la hora de las votaciones, ni los PREP de 70%, ni conteos rápidos del 74%,  ni algoritmos, ni urnas embarazadas, abiertas, sin actas y sin la omisión de las autoridades electorales.

Esa realidad, alterna al ideal democrático, quedó plasmada en aproximadamente mil 357 denuncias recibidas por la FEPADE, de ahí que, lo dicho por Luis Videgaray Caso, como ejemplo contradictorio del actual régimen, Secretario de Relaciones Exteriores, al referirse al reciente proceso electoral en Venezuela,  (domingo 19 de mayo), “México, no reconoce las elecciones ya que el proceso incumplió los estándares internacionales democráticos, tomaremos medidas diplomáticas y financieras como protesta” (El Universal. Nación, 22 de mayo, 2018) no cumple con lo mínimo en cuanto a calidad moral y ética política.  Además, mediante el Sistema de Atención Ciudadana durante la jornada electoral, en 2017, la fiscalía informó que a través de su servicio telefónico recibió 884 quejas o denuncias por posibles delitos electorales: 406 del Estado de México; 201 de Coahuila; 81 de Nayarit y 196 de Veracruz.

Existe la dificultad del PRI para ganar, pues con todos los recursos invertidos sólo le dio para quedar dos o tres puntos arriba de su adversario más cercano, tanto en el Estado de México como en Coahuila. Aunque el PRI haya ganado en las dos entidades mencionadas, va perdiendo votantes como reflejan los resultados de las elecciones para gobernador en el Estado de México: en 2005, Enrique Peña Nieto obtuvo 48% de los votos. Seis años después, Eruviel Ávila arrasó con 62%, mientras que Alfredo del Mazo se llevó la victoria con un pálido 33.72%.

Ahora bien, que tan costosa resulta la pseudodemocracia mexicana. Cada voto emitido el pasado 4 de junio costó al erario más de 446 pesos, cifra que triplica el costo por voto en las elecciones federales de 2012 y ubica los comicios locales de 2017 entre los más caros de la historia. De acuerdo con datos del INE, los procesos electorales del Estado de México, Veracruz, Coahuila y Nayarit tuvieron un costo global de 4 mil 948 millones de pesos. Para este proceso, 1 de julio 2018, se estima que se incrementará cinco veces el número de funcionarios públicos a elegir. La duda pertinente es si la cantidad global mencionada arriba se multiplicará por cinco o más dado lo que se juega.