La inseguridad pública: un problema social, público y gubernamental en México.

La inseguridad pública se ha convertido en un problema social, público y gubernamental en México y en el mundo. El Programa de las Naciones Unidas para su “informe sobre Desarrollo Humano” (2014) refiere que la mayoría de la gente en todo el mundo es vulnerable a los eventos adversos como desastres naturales, crisis financieras, conflictos armados, cambios sociales, económicos y medio ambientales.

Para (Paternain, 2012), el sentimiento de inseguridad en América Latina es un signo social complejo, imposible de desentrañar mediante el expediente de las encuestas de opinión pública que se aplican en muchos países del mundo, las cuales apenas pueden dar cuenta de su significado en términos de agenda, en rigor la inseguridad se refleja en las encuestas sólo parcialmente, entre otras razones porque con el tiempo cambian la metodología, el alcance de las preguntas y los temas a indagar.

En octubre de 2003, en la ciudad de México, los países miembros de la OEA adoptaron lo que es considerado un nuevo paradigma sobre seguridad:

“La Declaración sobre Seguridad en las Américas”

….. que establece el concepto multidimensional de la seguridad y el compromiso con la protección de los ciudadanos. En 2005, la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) de la OEA fue creada con la misión de coordinar la cooperación entre los países miembros para luchar contra las amenazas a la seguridad nacional y de los ciudadanos. La seguridad pública, vista como un aspecto del concepto multidimensional, se tornaría un tema de debate en el organismo regional, con la participación en el ámbito de la SSM del nuevo Departamento de Seguridad Pública de la OEA.

En 2008, durante la Primera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA I) los países adoptaron el documento:

"Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas que propone estimular la cooperación internacional en la materia".

En noviembre de 2009, una nueva reunión de ministros, MISPA II, alienta a los Estados a intercambiar información en mejores prácticas sobre temas de la prevención de la delincuencia, violencia e inseguridad; en gestión por la seguridad pública, gestión de la policía, participación ciudadana y comunitaria y cooperación internacional (Lucía Dammert, 2010).

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Ante la gravedad de la crisis de inseguridad, impartición de justicia y ausencia de garantías en la protección a los derechos humanos en México, vivimos una creciente ola de violencia e inseguridad, así como la violación a los derechos de la ciudadanía, por parte del Estado, de las Fuerzas Armadas y de las policías locales, entre daños colaterales y el sistema de corrupción insertado de manera institucional y social, ello no ha permitido que se genere una percepción clara en todos los sectores de la sociedad en relación con el tema de seguridad; es así que, la injusticia y la impunidad han llevado hoy en día a que se dé una constante revisión de los objetivos que tiene el Estado de brindar las condiciones óptimas de un desarrollo positivo para el bienestar social, tener la certeza de conocer la funcionalidad de todos los aparatos, estructura y recursos con que cuentan los poderes ejecutivos de los tres órdenes de gobierno, para poder brindar plena seguridad, tranquilidad y paz social a la sociedad y la plena satisfacción de las necesidades materia de seguridad pública.

Es importante reconocer que fortalecer la gobernabilidad permitirá reconocer que se han efectuado acciones importantes para el mejoramiento de la calidad y de los servicios, tanto a nivel federal, estatal, como municipal; la percepción ciudadana sigue esperando los resultados en temas como seguridad pública y seguridad social.

Ello exige el redimensionamiento de las Instituciones de seguridad y justicia en los tres niveles de gobierno, con apego a la legalidad en los poderes de la unión en las 32 entidades federativas.

Debe existir una coyuntura entre las acciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, la sociedad y demás sectores con la finalidad de ofrecer el pleno goce de las garantías de la sociedad en temas de seguridad y paz social para el fortalecimiento de la gobernabilidad, con mecanismos que permitan, mediante la investigación de los delitos y un pensamiento científico, tener evidencias claras y precisas de las acciones fuera del marco jurídico del Estado de Derecho en México.

La diversidad de problemas que enfrenta la sociedad mexicana requiere de acciones complejas, que se asuman de distintas maneras, destacando, por supuesto, el papel de la acción en su conjunto: sociedad y la acción de gobierno. En este sentido, es esta última, mediante la participación entre estos dos sectores a través de políticas públicas la única con la capacidad de organizar al conjunto de instituciones del Estado alrededor de estrategias igualmente complejas, pero no imposibles de realizar coyunturalmente.