LA NOCHE DE TLATELOLCO, 52 AÑOS DESPUÉS.

Un caso paradigmático, en el que más de treinta años de historia han sido borrados y distorsionados, es la historia de la represión militar en Latinoamérica entre las décadas de 1960 y 1980, existe una brecha en los libros generados por la historia oficial en relación con ese pasado, por ejemplo, las dictaduras Latinoamericanas surgieron en un contexto político internacional claro, la Guerra Fría y la Revolución Cubana, un pasado imborrable en la memoria reciente. Esa misma historia en México, la historia oficial, la represión del Estado, las desapariciones, el aniquilamiento de la genuina libertad de expresión, las constantes represiones estudiantiles, violentas e institucionales son la historia presente, de aquel pasado que no se olvida.

En México, el movimiento estudiantil de 1968 no tuvo en las contradicciones económicas su motivación principal o determinante. Fue la incapacidad de la política estatal para asimilar los cambios en la estructura social, propiciados por el desarrollo económico, la que propició una movilización que pronto puso en evidencia la matriz autoritaria del poder político posrevolucionario, sobre todo la reciente Revolución Cubana.

De primera intención, podría proponerse que la “economía política” de ese tiempo no tuvo mucho que ver con lo ocurrido en las calles y universidades de la capital del país y otros estados de la República, pero no sobran elementos para pensar que la vinculación entre la economía y la política tuvo una dirección contraria a la comúnmente imaginada: que fue más bien la economía política posterior, la de la inestabilidad, las devaluaciones, las crisis y los derrumbes de los años setenta y ochenta, la que recibió y resintió el impacto multivariado de ese “desastre del desarrollo” (Albert Hirschman) en que al final se convirtió el movimiento estudiantil, con su secuela de represión masiva, cerco estatal a las universidades y, al despuntar los años setenta, opciones armadas revolucionarias y “guerra sucia”. Fue en los años posteriores al conflicto cuando se puso en evidencia la vía “estrecha” (Carlos Tello) a que había conducido el Desarrollo Estabilizador y que se manifestó en una incapacidad del Estado para cumplir eficientemente con su función legitimadora sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.

Lo que sobresalía en la economía política mexicana de los sesenta era una cooperación estrecha entre los principales actores económicos y sociales. De asegurar esta cooperación se encargaba el Estado a través del sistema “PRI-gobierno” (Moreno Sánchez); es claro que sus contradicciones económico-sociales “clásicas” seguían en activo y que de ellas podría haberse esperado un desafío de significación para el orden político imperante. No ocurrió así, ni siquiera cuando el movimiento se desplegó como una movilización de alcances y pretensiones populares.

La solidaridad entre los protagonistas económicos sustentaba y se sustentaba en la estrategia de crecimiento implantada por el Estado después del trauma devaluatorio de 1954, de donde arranca lo que después se bautizó como la “estrategia del desarrollo estabilizador”. La devaluación de 1954 y la inflación de los años de la guerra y la inmediata posguerra, junto con los excesos de corrupción y concentración de la riqueza que tuvieron lugar en el periodo del presidente Alemán, hicieron surgir vastos movimientos sociales y proletarios que pusieron en cuestión la política de “unidad nacional” iniciada durante la Segunda Guerra Mundial por el presidente Ávila Camacho. El alemanismo llevó al extremo las coordenadas de esa política y agrietó las relaciones del gobierno con las organizaciones de masas encuadradas en el régimen de la Revolución mexicana, así como la legitimidad del Estado, cuya reproducción dependía de la memoria, los mitos y la imagen unificadora que derivaban del pasado revolucionario.

Esas movilizaciones, más que en una lucha de clases abierta, derivaron en confrontaciones entre las organizaciones populares y el Estado que pretendía representarlas. Tal vez fue debido a esto que la represión de aquellos años, a los maestros, ferrocarrileros y otras agrupaciones sindicales, desembocó casi de inmediato en la búsqueda de una política económica destinada de manera explícita a no repetir las condiciones que hicieron posible aquella movilización obrera.

El origen del movimiento estudiantil de 1968

Se da el día 22 de julio.  Estudiantes de la Vocacional 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y la Preparatoria Isaac Ochoterena, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El escenario: la plaza de la Ciudadela. Previo a escenario de represión por lo acontecimientos, existía ya un contexto de violencia por parte de grupos ajenos a las instituciones educativas, Pandilleros de la zona armaban conflictos, robos, agresiones a estudiantes desde hacía tiempo, sin que las autoridades del gobierno actuaran para detenerlos. Pero para el hecho registrado entre estudiantes de las escuelas la autoridad llamó a los granaderos que no se limitaron a detener el enfrentamiento, sino que agredieron a los estudiantes con saña, invadiendo incluso los edificios escolares.

Con el paso de los días, el movimiento fue tomando nuevas formas, ampliándose y volviéndose complejo. Las demandas de los estudiantes terminaron concretándose, a través del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga (CNH), en seis puntos: 1. Libertad a los presos políticos; 2. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiolea, y del teniente coronel Armando Frías; 3. Extinción del Cuerpo de Granaderos, y no creación de cuerpos semejantes; 4. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal; 5. Indemnización a las familias de los muertos y heridos; 6) Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de la policía, el cuerpo de granaderos y el ejército.

Para protestar por la violencia policiaca, mujeres y hombres jóvenes, estudiantes del IPN hicieron una manifestación el 26 de julio, misma fecha en la que otros estudiantes, mayoritariamente de la UNAM y organizaciones de izquierda, realizaban una marcha de apoyo a la revolución cubana. La primera debía terminar en el Casco de Santo Tomás, pero al calor de la protesta se desvió hacia el Zócalo. En la calle de Palma, la esperaban los granaderos que la reprimieron violentamente.

El movimiento se extendió rápidamente, pero también se organizó de la misma forma. El 30 de julio representantes del Politécnico se reunieron en un Comité Coordinador, de ahí nació el Consejo Nacional de Huelga (CNH) formado con delegados electos en cada una de las asambleas de las escuelas en huelga. Esto le dio una representatividad indiscutible y, al mismo tiempo, hizo de las asambleas las plataformas para la organización y el debate. El CNH llegó a reunir a representantes de 77 escuelas, incluyendo universidades de otros estados. El 4 de agosto, en su primer pronunciamiento público, formuló los seis puntos del pliego petitorio y convocó a una manifestación para el 5 de agosto, de Zacatenco al Casco de Santo Tomás.

Además de los seis puntos del pliego petitorio se planteaba una condición: “el diálogo público”. El movimiento ponía en duda la “honradez” del gobierno de Gustavo Días Ordaz. Por eso no fue tomada en serio la melodramática frase de Díaz Ordaz cuando ofreció su mano tendida: “Una mano está tendida, la de un hombre que a través de la pequeña historia de su vida, ha demostrado que sabe ser leal. Los mexicanos dirán si esa mano se queda tendida en el aire o bien esa mano, de acuerdo con la tradición del mexicano, con la verdadera tradición del verdadero, genuino, del auténtico mexicano se ve acompañada por millones de manos que, entre todos, quieran restablecer la paz y la tranquilidad de las conciencias…” El movimiento respondió con certeza punzante: “a la mano tendida, la prueba de la parafina”.

El protagonista: desde el aula 102

Florencio López Osuna, mi maestro de economía, apreciable docente en la Escuela Superior de Economía IPN, sin prisa, siempre lo observé caminar sobre el pasillo de la planta baja del edificio de los primeros semestres de la Licenciatura en Economía, en su mano derecha tres o cuatro libros y en la izquierda un cigarrillo, marca "Delicados sin filtro”. Pensativo, serio, a veces sonriente y sus clases siempre extraordinarias "Teoría del Valor y del Capital", Salario y Acumulación del Capital", Reproducción y Circulación del Capital". 

Florencio López Osuna
Imagen: La Jornada Virtu@l

Tengo presente en mi memoria cada clase, su rostro, la pulcritud, la cordura, la mirada siempre fija, lleno de historia, no utilizaba absolutamente ningún otro material didáctico, solo los libros y su memoria histórica, hora y media de brillante exposición, si parar, con el cigarrillo en la mano y su palabra, la verdad histórica del Marxismo en México y el Mundo, del agobiante capitalismo y el terrible neoliberalisimo en nuestro país.  

Previo a la conmemoración del 2 de octubre, corría el año 1996 y por conmemorar 28 años de la más cruel de las represiones y asesinato en México a mujeres y hombres estudiantes, libres pensadores, objetivos y con el firme deseo de cambiar la ruta de nuestro país, el Mtro. Florencio López Osuna nos contó con detalle los hechos que han marcado a México y su historia, "La Noche de Tlatelolco". Líder estudiantil de la Escuela Superior de Economía, "como primer orador del mitín, fui el único de una lista de tres compañeros que habíamos sido comisionados para hablar esa tarde del 2 de octubre de 1968 a nombre del Consejo Nacional de Huelga". 

Dos impresiones me llevé del Mtro Florencio López Osuna aquella tarde de agosto del año 1996, iniciando el semestre, imaginando cada palabra, cada evento del 2 de octubre, la verdadera historia y ver su rostro, en ocasiones con la mirada al piso y en otras al techo del salón 102, con la mirada profunda, los ojos sollozos, la voz entrecortada, su historia, nuestra historia.    

Comienza la historia, comienza el viaje a aquella noche trágica:… “Yo estaba en el centro de la tribuna cuando comenzaron los disparos, me di la vuelta, y, dando la espalda a la plaza, vi que el tercer piso se había llenado de gente que, después supe, era del Batallón Olimpia, eran jóvenes como nosotros, algunos traían una fusca en la mano; otros cargaban metralleta, todos traían un guante blanco. A unos pasos de donde estaba David (Vega) forcejeaba por el micrófono con uno del Batallón Olimpia, al que se le salió un tiro”

Así comenzó Florencio López Osuna, con una voz desgarradora, lagrimas en sus ojos, se le iban las palabras, respiraba profundamente y también fumaba, todas y todos en el salón 102 lo escuchábamos … “Los del batallón les dieron tres instrucciones [Todos a la pared, todos al suelo y al que alce la cabeza se lo lleva la chingada. Mientras tanto, un tipo alto, fornido, con gabardina, disparaba contra la multitud], yo permanecí de pie; durante segundos, pegado al barandal del tercer piso, pude ver cómo se formaba un remolino en la plaza, la gente se movía como una ola de mar. En ese momento, uno de los agentes me tumbó al piso, cayéndome encima”.

…. “A los que estábamos en el tercer piso nos dividieron: A unos los subieron al cuarto piso y a otros nos bajaron al segundo. Yo fui de estos últimos, un tipo que estaba acostado con nosotros nos decía en qué turno debíamos arrastrarnos, a unos pasos de ahí, había otro tipo en cuclillas, era el que mandaba Todavía lo recuerdo: patilludo, orejón. Cuando tocó mi turno, el que estaba acostado le dijo a su jefe: Éste fue orador en el mitin. Entonces, me jalaron, me mentaron la madre, ahí empezaron los chingadazos”.

Cada palabra de mi Mtro. Florencio López Osuna me llevaba al momento de la historia, de la represión, incluso nos preparábamos ya desde el Comité de Lucha de la Escuela Superior de Economía (CLESE), para organizar la marcha desde el Casco de Santo Tomás (septiembre, 1996). Recuerdo que una tarde previa a la marcha había elementos del ejercito vestidos de civil, en cada esquina, cada avenida que rodeaban al Casco de Santo Tomás, el ambiente se tornaba gris por su presencia, pensábamos esa tarde en el CLESE que podría haber represión, más nos organizábamos, compañeras y compañeros, maestras y maestros, uno de ellos Florencio López Osuna.   

“Hay que pensar qué momento estábamos viviendo: Nuestras escuelas eran ametralladas constantemente, había que tener con qué defenderse. El tipo patilludo me ordenó: ¡Ven acá! Me estaba apuntando con una pistola y entonces pensé que era prudente informarle que estaba armado, el tipo se descontroló, empezó a catearme desesperadamente, hasta que me encontró el arma, me pegó con la pistola en la boca y empecé a sangrar y le dijo a uno de sus compañeros: ¡Llévatelo, y a la primera pendejada, chíngatelo!…. En el segundo piso me quitaron el cinturón y, a diferencia de otros estudiantes, me amarraron las manos hacia atrás, mi ropa fue cediendo a los jalones, sólo permanecieron en su lugar mis calzones mojados, mi chamarra y la camiseta quedaron colgadas de los antebrazos, atoradas en la atadura de las manos. Ya bajo custodia del Ejército, con la cara sangrando, me pasaron bajo los chorros de agua que escurrían del edificio, me pedían lavarme la cara para poderme fotografiar al llegar al Campo Militar Número Uno, donde permanecí hasta mi reclusión en Lecumberri”.     

Cada año partíamos del Casco de San Tomás, Florencio, decidió en algún momento compartir cada parte de la historia de la noche de Tlatelolco, recuerdo que la Revista Proceso, realizó algunas entrevistas y publicaciones, a partir de la entrevista realizada al Mtro. Florencio López Osuna, sale a la escena pública, la misma revista Proceso publicó en portada su fotografía, en la que aparece torturado durante la noche del 2 de octubre de 1968, en el interior del edificio Chihuahua, de Tlatelolco. “A partir de la publicación, fui solicitado por muchos medios de comunicación –televisión, radio y prensa- para que diera mi testimonio sobre la matanza estudiantil de Tlatelolco en 1968”.

La historia de México y nuestra memoria histórica, registraron, para vergüenza del Estado mexicano y tristeza para autoridades, la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Economía, de familiares, amigas y amigos la muerte de Florencio López Osuna, murió asesinado en condiciones poco claras, cuando se empezaron a abrir los archivos sobre la matanza en la plaza de Tlatelolco (1968), dos semanas después de haber aparecido una foto de él, en la portada de la revista Proceso (9 de diciembre, 1968); en dicha foto, tomada el mismo día de los acontecimientos del 1968, Florencio aparecía con las manos atadas a la espalda y golpeado, custodiado por elementos del ejército.

Poco antes de morir, de ser asesinado en el inicio del régimen autoritario y represor de Vicente Fox como presidente, Florencio López Osuna dijo a sus compañeros que era preciso aprovechar la coyuntura de la publicación de las fotos sobre el 68´: …”hay que hacer una gran comisión que revise los hechos y los esclarezca… Hay que entrarle”.

Lo cierto es que Florencio López Osuna fue preso político del régimen dos años y medio, donde supo ejercer un papel importante entre sus compañeros de infortunio, participando en la organización e impartición de cátedra al interior del penal en improvisada academia.

“Siguen siendo las seis con diez de la tarde,

en Tlatelolco otro estudiante, 50 años después, ha muerto

El batallón Olimpia continúa en el edificio Chihuahua

De cualquier calle mexicana vuelve la impunidad

De Digna a Florencio, de Florencio a Digna

Grita de igual manera el grito en lucha:

¡2 de octubre no se olvida!

¡Florencio no se olvida!”

En memoria de mi querido y apreciable Mtro. Florencio López Osuna

#FueElEstado 20 de diciembre de 2001.

Moisés Sánchez Ramírez

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Economía

Generación 1996-2001

*Eugenia Allier Montaño
*Rolando Cordova
*Proceso 1312

MODELO DE MODERNIZACIÓN PÚBLICA

El origen primigenio de la administración colonial es la centralización de atribuciones, facultades y recursos, en las instituciones de la Nueva España. Durante el siglo XVI, ya sea mediante los órganos de la Corona española –Consejo de Indias– o de los órganos propiamente coloniales –virrey, capitanía general, gobernador, audiencias, corregidor y alcalde mayor–, pasando por la administración local, como fueron los ayuntamientos y cabildos, la característica fundamental es la excesiva centralización colonial, que representa una forma de dominación directa en lo económico, así como en lo político y en lo administrativo (Almada, 1982).

En el siglo XIX, México alcanza su independencia de España y junto con la Reforma, éstas son dos transformaciones fundamentales en la administración pública mexicana. El país nace con cuatro ministerios –Relaciones Exteriores e Interiores, Justicia y Negocios Eclesiásticos, Hacienda, Guerra y Marina– con funciones que agrupan las principales actividades de la administración pública. Esta organización federal prácticamente tiene vigencia más de medio siglo.

La administración pública en este siglo puede analizarse en cuatro etapas. En una primera etapa, la administración congresional (1824-1829), que se inicia con la promulgación de la primera constitución en 1824, como país independiente, en la cual existe un enorme cúmulo de atribuciones y facultades delegadas al Congreso en detrimento del Poder Ejecutivo.

Una segunda etapa se enmarca en una ampliación de la acción gubernamental (1830-1836) y en la instauración de la república centralista (1836). En esta etapa destacan en el aparato gubernamental la existencia de comisarios, las comandancias generales, la creación del Banco de Avío y la ampliación de la esfera de la acción gubernamental. Posteriormente, se realizan diversos cambios en la organización del Poder Ejecutivo mediante los siguientes instrumentos: las bases de organización para el gobierno provisional de la república (1841); las bases orgánicas de la república mexicana (1843) y las bases para la administración de la república (1853). La administración pública inicia un proceso de modificaciones, adecuaciones y cambios que se convierten en una constante durante el siglo XIX, con el propósito de sentar las bases de un cambio institucional incremental que no logra consolidarse debido a la inestabilidad política y social que vive el país.

Una tercera etapa corresponde al papel de la administración pública en la Reforma (1854-1874), en la que se aprueba la segunda Constitución (1857); se inicia la promulgación de las leyes y los decretos conocidos como Leyes de Reforma, por las que el Estado asume funciones que la Iglesia católica tenía en sus manos, en el periodo de Benito Juárez (1861-1876) y que consolida Lerdo de Tejada (1872-1876). Se expide la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos en 1859, la cual establece la separación entre los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos; se suprimen las órdenes religiosas, la fundación de conventos, cofradías y congregaciones; se publica la Ley del Matrimonio Civil; la Ley del Registro Civil; el decreto que cesa toda intervención del clero en los cementerios y camposantos; el decreto que establece los días festivos y prohíbe la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia; se expide la Ley de Cultos que pueden tener los individuos y señala que la autoridad de los sacerdotes es exclusivamente espiritual, desconociendo los procedimientos judiciales y administrativos por causa de herejía. La reforma administrativa juarista no logra alcanzar las expectativas planteadas en palabras de Juárez como una “revolución administrativa”, aunque sí sienta las bases para el mejoramiento de la organización y el funcionamiento del aparato gubernamental. Se inicia un profundo cambio institucional, en el sentido de que se formalizan las relaciones del gobierno con los distintos actores y, de ese modo, se hacen más eficientes y equitativas las tareas gubernamentales, además de otorgar un marco de certidumbre y confianza (Cadena, 2003, 6). La definitiva separación del Estado y la Iglesia logra consolidar de manera concluyente una nueva institucionalidad estatal que reconoce al Estado como el legítimo representante de los intereses de los ciudadanos, por lo que las Leyes de Reforma establecen nuevas reglas de actuación institucional.

La cuarta etapa corresponde a la administración pública dictatorial en los dos periodos de gobierno de Porfirio Díaz (1877-1880 y 1884-1910), en la que el aparato gubernamental tiene un impresionante crecimiento, diversificación y especialización, producto de la estabilidad económica, política y social. La paz social permite el desarrollo técnico y organizativo de la administración pública. La simple descripción de las instituciones y la estructura de la administración pública porfirista da cuenta del grado de desarrollo del aparato gubernamental durante este periodo histórico. En ese tiempo se realizaban estudios sobre la racionalidad de la acción gubernamental en términos pragmáticos, lo que brindó a la burocracia un momento de estabilidad que no había tenido a lo largo de la historia del México independiente. Ambas situaciones se conjuntaron para propiciar una etapa de esplendor en las funciones, atribuciones y organismos de la administración pública mexicana. La institucionalidad porfirista logra resultados impresionantes con base en un modelo dictatorial pero, al mismo tiempo, se crean las condiciones materiales para el estallido de la primera revolución social, que comienza con reivindicaciones políticas –“sufragio efectivo, no reelección”– y termina con demandas sociales como “tierra y libertad”.

En el siglo XX, una vez que la revolución mexicana concluye y se pacifica el país, se promulga la Constitución de 1917, la cual establece nuevas atribuciones y responsabilidades del Estado. En la esencia de los preceptos constitucionales emerge una nueva institucionalidad que necesitará muchos años para implementarse. Nuevas instituciones de toda clase y organismos públicos deben crearse para que emerja una institucionalidad estatal, donde el eje de las transformaciones políticas, sociales y económicas es el Estado. La administración pública comienza un largo proceso de mejoramiento y renovación administrativa. Uno de los fenómenos más importantes ocurridos en la sociedad mexicana durante el siglo XX, a raíz de la revolución de 1910, es la notable expansión de la actividad económica del Estado. Es un hecho que el crecimiento se deja sentir en todos los órdenes de la vida social, pero en el dominio económico el desenvolvimiento de la acción estatal es más notorio y evidente. Al modificarse las relaciones del poder es cada vez más necesario, para que los cambios se asienten en el contexto político, contar con instituciones fuertes que garanticen la continuidad de los procesos y propicien un efectivo cambio estructural.

Entre 1928 y 1958. Incluye el maximato (Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez), pasando por la presidencia de Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines. En esta etapa, la administración pública tiene un enorme crecimiento, diversificación, especialización y complejidad, como lo demuestran las sucesivas modificaciones al aparato gubernamental: la Ley de Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y demás Dependencias del Poder Ejecutivo Federal (1934); así como las tres modificaciones a la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado (1935, 1939 y 1946). El presidencialismo como sistema de gobierno crea una institucionalidad perversa que enaltece al Poder Ejecutivo, tanto con facultades constitucionales como metaconstitucionales, con una competencia electoral de fachada que muestra la fragilidad democrática y que se sostiene por un sistema de botín que compensa compromisos y lealtades del presidente y de las élites políticas que se beneficiaron de un sistema patrimonialista y corporativista. La corrupción política y administrativa de altos funcionarios es un cáncer que debilita la frágil institucionalidad administrativa, que se explica por el pleno desarrollo del sistema de botín, debido a la carencia de un servicio profesional de carrera.

De manera más específica, la administración pública presidencial posterior a este periodo histórico tiene tres etapas marcadas: 1) el desarrollo estabilizador (1958-1970); 2) el desarrollo compartido (1970-1982), y 3) la etapa neoliberal (1982-2000). La administración pública en el desarrollo estabilizador, que incluye la presidencia de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, se desenvuelve en un ambiente de crecimiento económico sin precedente en la historia del país, donde sólo se realiza una modificación a la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado (1958). La estabilidad económica, una oposición partidista más simbólica que real, un modelo ce­rrado de economía y un sistema patrimonialista de designación de cargos públicos, hace que todo lo que se oponga a esa institucionalidad presidencial sea atacado con la fuerza del Estado, minando desde adentro los arreglos institucionales fundamentales.

            En lo que se refiere a la administración pública en el desarrollo compartido, que corresponde a las administraciones de Luis Echeverría y José López Portillo, se lleva a cabo una modificación a la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado (1970). Asimismo, se crea por primera vez la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (1976), que da origen a la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), en el marco de la reforma administrativa que caracteriza estos doce años de gobierno.

La administración pública neoliberal realiza diversas modificaciones, supresiones y creaciones de diversas secretarías de Estado y departamentos administrativos en cuatro ocasiones, con los cambios introducidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (1982, 1988, 1994 y 2000). Destacan en esta etapa el impulso a los programas de modernización (descentralización, simplificación y modernización administrativa) y la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), por los cuales se introducen diversas acciones para modernizar el aparato gubernamental. Paralelamente, se inicia un amplio proceso de privatización de las empresas públicas que reduce drásticamente el aparato paraestatal, así como un extenso proceso de desregulación económica.

Surge una nueva era en la administración pública, con la puesta en marcha de los programas de modernización. A finales de 1982, los programas de reforma administrativa concluyeron después de doce años y dieron paso a los programas de modernización administrativa. Miguel de la Madrid propone el Programa de Descentralización Administrativa 1983-1988, que incorpora diversas políticas públicas para que el país avanzara en la descentralización de la vida nacional. Se estableció en la Constitución el Sistema de Planeación Democrática y se promulgó la Ley de Planeación, que tenía como instrumento básico el Convenio Único de Desarrollo (CUD), el cual servía para impulsar una mayor descentralización administrativa entre la Federación y los estados (Beltrán y Portilla, 1986).

En el marco de este programa, destacan por su importancia cuatro líneas de acción: 1) la reforma municipal con las modificaciones al artículo 115 constitucional; 2) la descentralización de los servicios educativos (De los Reyes, 1986); 3) la descentralización de los servicios de salud (Cardozo, 1993), y 4) políticas para promover el desarrollo regional.

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se pone en marcha el Programa General de Simplificación de la Administración Pública Federal (1989-1994), que tiene como propósito fundamental reducir los trámites administrativos, los pasos y el tiempo en la gestión de la prestación de los bienes y servicios públicos (Caso, 1986). Cabe señalar que en el gobierno de Miguel de la Madrid, mediante un acuerdo presidencial, se propone realizar un conjunto de políticas, acciones y actividades para mejorar la gestión de los trámites administrativos.

El propósito de este programa era modernizar la administración pública para devolver a la sociedad civil su iniciativa, que progresivamente había sido reducida ante un aparato estatal que crecía en tamaño y complejidad. La simplificación administrativa fue una estrategia para disminuir el número de trámites y agilizar la gestión pública.

Durante el gobierno de Ernesto Zedillo las acciones de mejoramiento del aparato gubernamental se enmarcan en el Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000, conocido como PROMAP. El propósito general del programa fue mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos, mediante enfoques provenientes del gerencialismo privado (planeación estratégica, enfoque de calidad y reingeniería de procesos) para ser aplicados en la administración pública federal. Estas herramientas administrativas, contradictorias entre sí y con medios diferentes de aplicación, propiciaron una polémica al interior de la propia administración pública, aunque como era de esperarse el programa se puso en marcha (Roel, 1998). El PROMAP se llevó a cabo en dos etapas básicas: la primera, que denominamos de “planeación estratégica y enfoque de calidad”, mientras que la segunda se caracteriza por un enfoque de “reingeniería de procesos” (mejoramiento de procesos).

El gobierno de Vicente Fox (2000-2006) deben destacarse en materia de mejoramiento administrativo. Primero, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo (pccftda), que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006).

En el gobierno de Felipe Calderón, la modernización se llevará en dos instancias: primero, el Programa de Mejoramiento de la Gestión, (2007-2012) a cargo de la Secretaría de la Función Pública, y segundo, el Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El PMG se reconoce como una estrategia del Ejecutivo Federal que se enmarca en el PND, que busca realizar mejoras de mediano plazo que orienten sistemáticamente la gestión de las instituciones públicas al logro de resultados. Los objetivos generales del PMG parecen modestos frente a los retos que enfrenta la administración pública moderna: 1) mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos, 2) incrementar la productividad de las instituciones, 3) reducir costos a partir de la optimización de los recursos y la operación de procesos eficientes y 4) evaluar el desempeño de las instituciones públicas.

Antecedentes y contexto del trabajo de investigación: 

“PROPUESTA DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN PÚBLICA, QUE PERMITA LA AGILIZACIÓN DE LAS GESTIONES DE LOS  SERVICIOS PÚBLICOS EN MÉXICO”.

Des-contextualizando el sexto informe de gobierno.

Desde el último tercio del siglo XX y en pleno siglo XXI, se ha venido incrementando la percepción de un malestar generalizado en México. Las estructuras económicas y políticas heredadas como el capitalismo y el Estado-nación, así como las instituciones y referentes que dieron sentido por siglos se resquebrajan. En el contexto globalizador, nuevas formas de convivencia humana, no exentas de contradicciones y tensiones, están emergiendo facilitadas y promovidas por las nuevas tecnologías de la comunicación, por la utilidad de las redes sociales, pero el efecto mayor de las políticas neoliberales implementadas por más de 30 años es sin duda el autoritarismo y la exclusión social, y por supuesto han abierto las puertas a la narco-política y política-narco.  

“Las protestas, manifestaciones de estudiantes, marchas y la solidaridad de todo el pueblo mexicano exigiendo el fin de la violencia y la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa han paralizado el país. Las voces pidiendo la dimisión del presidente Enrique Peña Nieto desde el primer día de su mandato muestran un gobierno incapaz de revertir el descrédito en el cual han caído las principales instituciones del Estado. Mientras tanto, la clase política -cuyo ideario neoliberal compromete a los tres grandes partidos, PRI, PAN y PRDMORENA y a sus aliados menores- prefiere enrocarse con un discurso grandilocuente de éxitos privatizadores, de Pactos por México y su lucha contra el narcotráfico. Desde hace treinta años, el neoliberalismo es el mantra con el cual gobiernan el PRI y el PAN, tándem conocido como PRIAN”.

Esta compleja realidad social se manifiesta de diversas maneras en nuestro país, esto es, desde los ámbitos económico y político, en donde se perciben una serie de disfuncionalidades y contradicciones debido a las estrecheces inherentes a estos sistemas institucionales, como también a las propias dinámicas de exclusión/inclusión, con sus secuelas de marginación y desigualdad heredadas del pasado. Esto nos permite afirmar desde una perspectiva global, que la crisis generalizada y multidimensional, que experimenta la sociedad mexicana desde el pasado y el extinto sexenio peñista, no es puramente endógena ni impuesta. Tal es el caso de tres problemas ancestrales de la realidad social mexicana que se han exacerbado en los últimos cincuenta años: la desigualdad, la exclusión y la violencia.

Históricamente, desde nuestro pasado colonial, México se ha caracterizado por una enorme brecha entre los pocos que tienen mucho y los muchos que apenas tienen algo, que dista mucho de la histórica retorica del poder político, en los últimos 30 años la brecha se ha ensanchado.

Mtro. Moisés Sánchez Ramírez
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
ESCA STO TOMÁS IPN

Para entender esta desigualdad,  tiene su correlato económico, social, cultural y político con una enorme masa de desposeídos marginados del tener, del saber y del poder, lo que se expresa en un gran número de personas que no tiene acceso a servicios elementales, falta de acceso a la educación por tener que trabajar, y quienes tienen oportunidad acceden a educación de mala calidad, campesinos y otros grupos que han tenido que abandonar el campo, sus negocios y casa, y migrar para huir de la violencia y la miseria, con las dramáticas consecuencias que esta movilidad conlleva, derivados del proceso de aculturación y la propia trasculturación, así como la exclusión de amplias franjas de la población a empleos dignos, a condiciones dignas de vivienda y a un futuro en el sentido amplio del término. La exclusión va más allá de lo económico, ya que también a través del racismo, la homofobia, el patriarcado, el clientelismo, la ideología y la discriminación étnica y cultural.

“Marx recobra importancia en este escenario de agudos desequilibrios capitalistas. Por esta razón sus explicaciones del funcionamiento y la crisis del sistema exigen ser revisadas con gran atención”.

La sociedad mexicana está sufriendo una situación de violencia estructural mezclada con violencia criminal organizada (y desorganizada), pública y privada, oficial y clandestina, desde ese régimen caduco priista antes de la alternancia del año 2000 y después, los doce años trágicos con los gobiernos panistas, hasta estos últimos 6 años con Peña Nieto, que son justamente el análisis que se ofrece desde una propuesta académica. La lectura del contexto no es sólo como una situación de guerra por el control de los territorios, el despojo, el trasiego y el mercado de las drogas; situación que ha alcanzado una visibilidad particular a partir de 2007, este sexenio priista peñista, se ha convertido en el más violento de la historia, ello revela la colusión entre delincuencia, mercados y gobiernos, pero las consecuencias más inmediatas de lo descrito es la situación de miedo e incertidumbre en prácticamente todas las capas de la población. Los intereses de la clase política mexicana en su conjunto y la interpenetración de gran parte de ella con el crimen organizado han tornado insuficientes e ineficaces gran parte de las políticas públicas para resolver la situación antes mencionada, lo que también ha abonado al descrédito de las instituciones públicas e indudablemente de la clase política en nuestro país que arrastran la institucionalidad de los partidos políticos.  

Desde la estructura, la violencia también se expresa al interior de las familias, en la inequidad de género, no obstante que las mujeres han ganado espacio y visibilidad en distintos ámbitos de la vida pública y privada. Las niñas y los niños ahora más que nunca, están expuestos a presenciar la violencia dentro de su hogar, como a ser víctimas de violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial. Es en los hogares más pobres donde existe una mayor prevalencia de trastornos crónico-degenerativos y mentales debido a que existe un apoyo social inadecuado, ambientes violentos y caóticos, baja supervisión parental en las familias, disfuncionalidad familiar, carencias afectivas, proliferación de estilos de vida nocivos y entornos no saludables que resultan en un incremento en el consumo de drogas y en la participación de conductas ilícitas. Son la inseguridad y la violencia lo que impide a las personas salir a parques y jardines a convivir, a divertirse y a ejercitarse (el 60% de niñas, niños y adolescentes se consideran inactivos), lo que a su vez los impulsa a ver la televisión y usar los video juegos, que más que promover valores cívicos y sociales, presenta a la violencia como un modelo a seguir. Particularmente la creciente violencia hacia las mujeres es lo que ha dejado un saldo triste y que ha dañado a miles de familias en el país, la violencia de género, las miles de desapariciones, la violencia feminicida y la explotación sexual han marcado también a este sexenio y que históricamente vino creciendo en los últimos 30 años en México.

Frente a este escenario, diversos grupos se articulan alrededor de la exigencia de reconocimiento, igualdad y justicia (víctimas, jóvenes, mujeres, colectividades indígenas, feministas, LGBTTI, migrantes), instituciones (académicas, religiosas, de derechos humanos, etcétera) y el gobierno, ensayan y proponen esquemas y experiencias a corto y mediano plazo con vistas a solucionar estos grandes problemas. Debemos buscar reconstruir redes sociales (no tecnológicamente hablando) y familiares, con el fin de generar ambientes que apoyen a niñas, niños mujeres y hombres jóvenes, a la sociedad en general a no perder la esperanza y al mismo tiempo, a crear oportunidades que les permitan un futuro digno, que promueva la salud física y emocional para enfrentarse con fortaleza a las mafias que les ofrecen recursos fáciles de obtener y de gastar en un consumismo desmedido.

“Hoy, la sociedad mexicana reclama un cambio, el fin de la narcopolítica y de un régimen corrupto en manos del neoliberalismo y el crimen organizado, de la enorme desigualdad social, de la imperante violencia, de la pobreza, de cientos de miles de mujeres asesinadas, desaparecidas, de la explotación sexual, de las desapariciones forzadas, de la persecución, de la represión, de un empleo y salario digno, de la exclusión y marginación,  México clama por su dignidad, por la libertad, después del 1 de diciembre de 2018 ¿QUÉ SIGUE?”.