La desigualdad y la violencia de género se han
convertido en un común denominador en las sociedades actuales, tanto en el
entorno privado como en el público. Por ello, resulta necesario insistir en la
correcta difusión y aplicación de los mecanismos de prevención y erradicación
de la violencia que aseguren el respeto a la dignidad de las personas.
El contexto de violencia contra las mujeres y
las niñas no sólo es una grave violación a sus derechos humanos con
consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para las
víctimas (feminicidio), sino que se ha venido incrementando en la mayor parte
de los 125 municipios del Estado de México, incluyendo claro está, los 11 municipios
en donde se decretó la Alerta de Violencia de Género hacia las Mujeres. Además
de afectar el bienestar de las mujeres que la padecen, la violencia ejercida en
contra de ellas también impacta negativamente a sus familias y el entorno
social.
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| Mtro. Moisés Sánchez Ramírez. Sección de Estudios de Posgrado e Investigación Instituto Politécnico Nacional |
Si bien existe un amplio marco normativo para
proteger los derechos humanos de las mujeres, la falta de armonización de las
leyes estatales de violencia contra las mujeres y de los códigos y
procedimientos penales con la normatividad federal ha dado lugar a tratamientos
diferenciados que constituyen un obstáculo para garantizar su derecho a vivir
una vida libre de violencia. A pesar de los esfuerzos de las políticas públicas
para atender la violencia contra las mujeres, aún queda un largo camino por
recorrer para garantizar a las víctimas el acceso a servicios integrales y
multidisciplinarios para su atención, y el acceso a la justicia.
Las autoridades electas están obligadas y exigibles
constitucional y socialmente a crear condiciones de igualdad de género, vincular
a mujeres y hombres directamente con el
ámbito de la justicia social, ya que hablar de este tema implica lograr una
coincidencia efectiva de oportunidades, partiendo del reconocimiento de las
diferencias naturales entre mujeres y hombres; toda vez que para alcanzar el
ideal de la equidad, es necesario crear sistemas que les permitan desarrollarse
integralmente, profundizar en las leyes, empoderar en todos los ámbitos a mujeres
que han venido sufriendo violencia, sobre todo en el tema económico, ya que la
dependencia económica y la insuficiencia de ingresos constituye un factor que
incide en la permanencia de las mujeres
en situaciones de violencia. Con ello, promover acciones para que las mujeres
mejoren su autonomía económica, impulsar iniciativas que generen cambios en la
vida de las mujeres y potencien sus capacidades de liderazgo como agentes de
cambio social, económico y político. Fortalecer las políticas públicas que
favorezcan la inclusión de la mujer en los sectores sociales, creación de
programas de tratamiento de las victimas y de los agresores, crear casas de
asistencia y protección, es decir, ofrecer respuesta inmediata a la situación
tan grave que padecen miles de mujeres en el Estado de México. Para que quienes
colaboran en los órganos de gobierno de los Estados, ya sea en los ámbitos
ejecutivo, legislativo o judicial, o en los niveles federal, estatal o
municipal, son responsables de que los derechos humanos sean ejercidos
plenamente por todas las personas que habitan y transitan por sus territorios.
En este sentido, las autoridades electas ¿tendrán
plena conciencia del contexto de violencia de género? ¿habrán realizado un
diagnostico exhaustivo, en prospectiva, de esta terrible ola de violencia hacia
las mujeres y realmente actuar? ¿Atenderán y coadyuvarán para resolver de fondo este tipo
de problemas? ¿Las ciudadanía tendrá servidoras y servidores públicos más
éticos y profesionales que puedan llevar a cabo sus actividades en estricto
respeto a los derechos humanos de todas y todos? ¿Habrá voluntad y capacidad para
crear una sociedad más justa e igualitaria? ¿Tendremos gobiernos locales profesionalizados?. Ahí el enorme reto, el compromiso y la responsabilidad social.
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