LA INVISIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS (EL FEMINICIDIO)

 

En México, el 50% de los feminicidios no son consignados ante la justicia, y en cerca del 90% prevalece la impunidad, por lo que para las autoridades locales representa enorme labor y responsabilidad visibilizar el número de mujeres y niñas en situación de violencia y asesinadas, además del alto costo en temas de programas, del diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de género y la aplicación correcta de los protocolos de actuación en casos de violencia de género, de otros delitos en contra de mujeres y niñas y el feminicidio para determinar las causas y condiciones de este problema que deteriora de manera sistemática a las mujeres y a las familias.

Ante este escenario, la impunidad es el principal obstáculo que impide a las mujeres acceder a la justicia en los territorios identificados con violencia de género y feminicida, por lo que la reparación integral del daño a víctimas y la no impunidad, son elementos indispensables para fortalecer la procuración de justicia y la protección de los derechos humanos de las mujeres, así como la debida atención desde la institucionalidad a este terrible fenómeno político y social creciente.

“Recientemente en el municipio de Coacalco de Berriozábal (Fraccionamiento los Héroes) el día 16 de agosto de 2020 encontraron a una mujer asesinada, hasta la fecha ningún medio local dio cuenta del terrible feminicidio, “Ultra Violeta – Espacia Feminista” dio a conocer el hecho exigiendo a la autoridades locales generar protocolos de actuación inmediata y a su falta de perspectiva de género “reprobamos la falta de programas integrales que ayuden a salvaguardar a la población coacalquense y reprobamos la falta de sanciones para los servidores públicos y funcionarias/ os que nos violentan y revictimizan, a la Fiscalía la falta de médica legista; la falta de atención a victimas de violencia contra las mujeres y niñas, así como la falta de un refugio”.    

Hoy, corresponde realizar un análisis/evaluación en relación con la violencia de género al municipio de Coacalco de Berriozábal. El cuadro comparativo de incidencia por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR correspondiente al periodo marzo- julio de los años 2019-2020 es una muestra clara del incremento de la violencia contra la mujeres y niñas, violencia que se ejerce al interior de los hogares bajo la sombra de la impunidad, omisión y en muchas ocasiones por el desprecio y la discriminación, alerta que debe ser atendida de manera inmediata por las autoridades locales para prevenir que las mujeres ya en situación de violencia sean asesinadas.

El cuadro muestra el incremento de la violencia contras las mujeres en el periodo determinado en el Municipio de Coacalco de Berriozábal.    

Mes	AÑO 2019		Mes	AÑO 2020		%
MARZO	8		MARZO	18		22.5
ABRIL	23		ABRIL	18		-21.74
MAYO	14		MAYO	22		57.14
JUNIO	19		JUNIO	33		73.68
JULIO	11		JULIO	21		19.09
	75			112		49.33

                                Fuente: Elaboración propia con datos del Semáforo Delictivo. http://edomex.semaforo.com.mx/Semaforo/perfil

Los meses de marzo a julio del presente año corresponden justamente a la situación actual, la pandemia; en marzo hubo un incremento de la violencia contras las mujeres de 22.5%; para abril disminuyó en -21.74% y para mayo y junio se incrementó en 57.14% y 73.68% respectivamente, por lo que en el mes de julio hubo un incremento del 19.09, es decir, que del periodo correspondiente (2019- 2020) la violencia contra las mujeres se incrementó en un 49.33% situación que evidentemente es grave por el grado de violencia y no poder encontrar la debida diligencia y ser atendidas como lo establece el protocolo nacional.

Las agresiones contra las mujeres aumentan como consecuencia del confinamiento, pero también por la mala aplicación de los mecanismos de prevención, entonces, ¿A qué están obligados los gobiernos municipales ante esta situación que vemos no se detiene? La respuesta, en muchas ocasiones, no la saben, desconocen o simplemente se les ocurre llevar a cabo una acción, tomarse la foto, salir en los periódicos locales y mediáticamente para ellos es cumplir. 

Para enfrentar la violencia contra las mujeres de un modo efectivo y prevenir la violencia feminicida se requiere:

 Adoptar medidas específicas para la prevención, atención, rehabilitación y sanción de la violencia en un marco de integralidad y promoción de los derechos humanos;

Diseñar programas y/o políticas públicas con perspectiva de género que contengan medidas de protección a las personas afectadas y sanción y/o rehabilitación a los agresores;

Establecer garantías, puntuales y efectivas para las mujeres afectadas;

Diseñar un marco de referencia para la oferta de servicios intersectoriales eficaces;

Promover medidas que favorezcan un cambio institucional en los sectores que trabajan en la problemática de la violencia de género, en la cultura organizacional, en la planificación y en la asignación y ejecución presupuestaria;

Favorecer el empoderamiento de las mujeres en el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de reglamentos y políticas; y

Fomentar los espacios de participación social para asegurar el acceso de la mujer a los procesos de toma de decisiones.

En este sentido es pertinente tener en cuenta, ante los sistemáticos feminicidios en la localidad, entender que se producen a partir de las desigualdades estructurales que existen entre hombres y mujeres, en un sistema en el cual los hombres tienen poder sobre las mujeres. A partir de esta estructura social, surgen condiciones culturales que favorecen y potencializan las prácticas machistas y la misoginia así como la naturalización de la violencia contra las mujeres, si a esto le añadimos las dificultades legales y políticas existentes que impiden el acceso a la justicia por parte de las mujeres, el resultado es un ambiente de impunidad, injusticia, discriminación y violencia.

El feminicidio como fenómeno social se encuentra íntimamente relacionado al sistema patriarcal, que predispone —en mayor o menor medida— a la violencia contra las mujeres, sea por el sólo hecho de ser mujeres, o por no serlo de la manera “adecuada”. La falta de adecuación presupone que la mujer ha “traspasado los límites de lo establecido”, convirtiéndose así el feminicidio en un mecanismo político de dominio que otorga el control y la “supremacía natural” a los hombres y sus instituciones, lo que implica la sujeción y subordinación y, en extremo, la agresión física contra las mujeres. Al vincular el contexto social, la desigualdad y la discriminación con la impunidad, en las investigaciones académicas sobre feminicidio se comenzó a ampliar el enfoque del análisis. 

REFORMAS HISTÓRICAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

En el transcurso de los últimos años, y más precisamente en la última década, se ha desarrollado en México, como en América Latina, un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad de género. Este proceso se manifiesta en la creación de diversos planes programáticos, instituciones y organismos, y en la promulgación de leyes, cuyo fin es la coordinación de políticas que promuevan la construcción de nuevas concepciones de las relaciones de género dadas en la sociedad y en los ámbitos en que las mujeres y niñas se desenvuelven.

 En México, este proceso ha generado una verdadera trama institucional de género que incorpora agendas estratégicas desde diversos espacios, en el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) como órgano central que coordina el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad sustantiva y coadyuva con la erradicación de la violencia contra las mujeres, para asegurar el pleno desarrollo de las mujeres, garantizando el ejercicio y el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres y que como principal objetivo es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país y que incluye políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia.

 Es pertinente realizar acciones de formación que promuevan la investigación y articularla con los estados y municipios para difundir guías y buenas prácticas judiciales, como así también gestionar el registro de femicidios, tomando en cuenta que la muerte violenta de las mujeres debe ser tipificada como feminicidio en el país; un Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que coordina acciones en todo el país, a fin de promover el acceso a los derechos sexuales y reproductivos a toda la ciudadanía, en especial fomentando su libre ejercicio a la población femenina; un Programa de Fortalecimiento Institucional en todos los Institutos de la Mujer del País y Organizaciones de la Sociedad Civil como se ha venido llevando a cabo, que promueve el desarrollo de espacios locales de participación política para las mujeres; y la conformación de áreas que promueven la equidad de género en los distintos poderes del Estado y dependencias nacionales como.

Entre estos avances hacia el logro del ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, deben contemplar las políticas que promueven la modificación de los estereotipos y patrones socioculturales que dan lugar a la discriminación de género, y la profundización del desarrollo de estrategias en contra de la violencia mediática y simbólica que se reproducen en los contenidos de los medios masivos de comunicación. Estas políticas, implementadas por el gobierno, deben encentrar su marco normativo y de planificación en diversos instrumentos y su aplicación se ha encomendado a distintos organismos, algunos de los cuales ya habían sido previamente instituidos. Más allá de que estas políticas pueden considerarse innovadoras, su origen, distan de ser perfectas y necesitan de revisión en muchos aspectos. Entre esto se destacan temas vinculados al acceso a la justicia, información y participación ciudadana, como así también en la implementación de sanciones ejemplares en casos de violencia mediática en contenidos masivos, acciones concretas de prevención, y el alcance de todas las políticas a lo largo y ancho del país.

 Recientemente, el Congreso del Estado de México avaló reformas históricas contra la violencia política de género. Por unanimidad, avaló un paquete de seis reformas propuestas por los grupos parlamentarios de Morena, PAN y PRD en contra de la violencia política hacia las mujeres y para garantizar la paridad de género y fortalecer la defensa de los derechos político-electorales en la entidad.

 Al leer el dictamen en tribuna, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, diputada Mariana Uribe Bernal, calificó este día como histórico para las mexiquenses y para el Estado de México, porque se ha abierto una puerta para romper paradigmas y que más mujeres ocupen cargos públicos, además de que se exige detener la violencia política a través de los trabajos de la Legislatura de la Paridad de Género.

 En tanto, la presidenta de la Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, Karina Labastida Sotelo, afirmó que, con las reformas aprobadas, “hacemos factible la paridad de género formal, impulsamos la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres en el ámbito público”.

 Con estas modificaciones se replantea la definición de violencia política de género y se extiende la paridad al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y al Tribunal Electoral de la entidad, se elimina el lenguaje sexista de la Constitución, se introduce el principio de paridad de género y el lenguaje incluyente en diversos ordenamientos estatales y se establecen sanciones por violencia política de género contra candidatas.

 De igual manera, se reforman otros ordenamientos para que no ocupen cargos públicos quienes tengan antecedentes de sentencia ejecutoriada por violencia política contra las mujeres en razón de género, por ser deudores alimentarios, por violencia familiar o de género o delitos contra la libertad sexual, y la Fiscalía General de Justicia de la entidad creará un padrón de las personas condenadas por dichos delitos, para que el Instituto Nacional Electoral pueda solicitar información para saber si los aspirantes a candidatos a un cargo público tienen antecedentes, además de que personas con antecedentes de violencia política no podrán tener candidaturas en 2021.

 Las reformas establecen también sanciones por violencia política de género contra candidatas; que los entes públicos observen los principios de igualdad y equidad de género; que las listas de representación proporcional se integren por fórmulas compuestas por una persona propietaria y una suplente del mismo género; que los partidos políticos asignen recursos para la creación, fortalecimiento y difusión de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, que sea su obligación promover la igualdad de oportunidades entre sus militantes.

 El documento fue elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Electoral y Desarrollo Democrático y Para la Igualdad de Género y en el análisis participaron también representantes de los colectivos 50+1 capítulo Estado de México, Red Mujeres en Plural, Red Rompe el Miedo, Asociación de Mujeres Abrazando México, Red de Abogadas Feministas y otros de la sociedad civil, magistradas, juezas y consejeras en materia electoral.

 Con esto se modifican y adicionan la Constitución Política, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la Ley de la Fiscalía General de Justicia, la Ley de Responsabilidades Administrativas y al Código Electoral, todas del Estado de México.

 Importante e histórico garantizar la paridad de género y fortalecer la defensa de los derechos político-electorales en la entidad, sin embargo, falta mucho por hacer socialmente…Para acabar con la violencia contra las mujeres hay que intervenir en cuantos frentes se vean implicados en la génesis, desarrollo, prevención o tratamiento del problema. Quizás los más evidentes y que reclaman una atención urgente y creciente son el rechazo a los agresores, deslegitimarlos, perseguirlos, vigilarlos, castigarlos y tratar de rehabilitarlos, al tiempo que impulsamos todas las medidas que favorezcan la igualdad entre los sexos y la liquidación por derribo del modelo masculino tradicional.

 El reto ya no es que los hombres digan estar a favor de la igualdad, el desafío es que asuman la parte de la carga que les corresponde en un reparto equitativo con las mujeres para que ellas puedan dedicar ese tiempo y esas energías a lo que les dé la gana, un paso a la acción que nos obliga a abandonar las relaciones sociales y el tiempo de trabajo remunerado necesario para disponer de las horas que exija nuestra dedicación al hogar y la familia.

 Sin duda, en la antesala del proceso electoral de año 2021 se ha observado la conducta electorera, es decir, poco a poco nos daremos cuenta que candidatas y candidatos a cargos de elección popular tomarán como bandera político-electoral, en discursos preparados y falsos la violencia contras las mujeres, las niñas y los feminicidios, la incapacidad para conocer de fondo este fenómeno político y social resumirá en consecuencia un discurso con líneas sin un sustento científico, metodológico y que se lleve en prospectiva un diagnóstico para conocer las causas y consecuencias que originan la violencia contra las mujeres y niñas con la finalidad de elaborar realmente un programa de trabajo para diseñar e implementar políticas públicas con perspectiva de género que resuelvan la situación que prevalece en los tres municipios.     

 En este sentido, la violencia contra las mujeres representa una violencia a los derechos humanos y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática, sin duda históricas las reformas, pero aun falta mucho por hacer en términos generales con este fenómeno político y social creciente llamado violencia contras las mujeres, niñas y el feminicidios en el Estado de México.

"DE LA INJUSTICIA A LA JUSTICIA POR PROPIA MANO"

La crisis que la sociedad del siglo XIX sufrió, desencadenó las revoluciones en Europa, la desigualdad y la exclusión, por parte de unos pocos, quienes detentaron el poder y la concentración de la riqueza, lo cual produjo grandes desequilibrios y permitió un análisis, en virtud de las diferencias y la posibilidad de cambio. Marx presupone que “los conceptos y cuerpos teóricos para interpretar la realidad social se pueden transformar porque responden a momentos históricos particulares en el desarrollo de la ciencia, a la vez que se reformulan o abandonan conforme avanza el conocimiento” (Ontiveros & Mendoza, 1998, p. 35). Por ello analizó los contextos en los que vivía y fijó su análisis en la lógica de la acumulación de la riqueza con las problemáticas que esto acarrea. Con base en ese análisis, explicó la existencia de dos clases sociales que, desde entonces, son las protagonistas en el desarrollo de los análisis de este autor: el proletariado y la burguesía.

También expuso y profundizó la concentración del poder, de la propiedad, la ideología política y la dominación de unos sobre otros; este concepto está representado en “el poder político, hablando propiamente, “es la violencia organizada de una clase para la opresión de otra” (Marx & Engles, 1999, p. 49), el cual se sirve del Derecho para ejercer su fuerza/violencia y para establecer el control de la sociedad, en consecuencia, el Derecho es definido como una superestructura que organiza.

En sus obras Marx describió la inconciencia social de las clases en torno a las realidades de cada individuo, los grados de exclusión y división, así como las posibilidades de una trasformación en las estructuras del poder, a través del potencial humano de los individuos que conforman el proletariado y su problemática en el ámbito laboral. Su perspectiva sociológica y planteamientos sociales se han mantenido en el tiempo; éstos se orientan, en gran medida, a la selección de los antecedentes hecha por diversos autores. Desde la perspectiva de la sociología marxista, en cada sociedad existe una clase económica que domina la estructura productiva, lo que se traduce en supremacía política y control social a través de mecanismos impuestos y que se hace extensiva a todas las esferas sociales como, por ejemplo, el derecho, la religión, la cultura, etc. Este dominio es absoluto, ya que, a través de la coerción y la imposición ideológica, la clase dominante consigue que la superestructura esté al servicio de sus intereses materiales.

En este sentido, quiero abordar, quisa brevemente, pero con objetividad, la dramática crisis del Estado de Derecho en México: cuando los colectivos humanos, negando todo pacto jurídico-social, deciden hacer justicia por propia mano. Es un hecho que, con frecuencia, estos actos surgen de la ineficacia de las instituciones responsables de la procuración e impartición de justicia, pero también pueden ser simples actos de venganza o resultado de un fenómeno de masas que obedece a motivaciones poco racionales. En todo caso, la justicia por propia mano supone un abandono de los mecanismos legales diseñados para garantizar la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de la persona.

La creencia de Proudhon en el desarrollo de las “fuerzas colectivas”, le llevó a pensar que sí es posible una sociedad justa y en paz a partir de la solidaridad, el apoyo mutuo y la justicia.  Utilizó la noción de sociabilidad de Auguste Comte, en la cual se distinguen tres grados: la sociabilidad espontánea, que es afectiva; la sociabilidad, como justicia; y, finalmente la sociabilidad, como “igualdad de condiciones que nunca ha sido llevada a la práctica”. Las fuerzas colectivas, esas fuerzas que a menudo han definido el destino de nuestro país; por ejemplo, la fuerza que surgió de la rabia como en la época de la violencia, del ánimo restaurador como en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente– o de las fuerzas colectivas que avanzan poco a poco hacia el final de la guerra y de la construcción de la paz.

Desde hace por lo menos tres décadas se ha extendido en América Latina la práctica del linchamiento justo, la situación de barbarie que garantiza la impunidad a sus ejecutores, al amparo del gran prejuicio: los hombres pueden equivocarse; el pueblo no.

En el fondo, rige la evocación precisa y punzante: los sucesos de agosto de 1968, en San Miguel Canoa, Puebla, cuando el pueblo, azuzado por el cura Enrique Meza Pérez, quien inventa un complot donde los extraños van a quemar cosechas y a violar vírgenes, lincha a cuatro excursionistas de la Universidad de Puebla y al campesino que los hospeda. En 1968, en medio de la represión del movimiento estudiantil, los crímenes de Canoa pasan inadvertidos nacionalmente. Luego, vienen dos libros testimoniales y Canoa, la muy importante película de Felipe Cazals. En su momento, sólo destaca la defensa del linchamiento que, en nombre de la moral, hace el ultraderechista René Capistrán Garza, y la protección que el Epicospado le concede al cura Meza Pérez, al que se le permite salir de la población, de la que, por otra parte, era el dueño: el dueño de los comercios, de la pequeña industria, etcétera.

Es así, que México se ha visto deteriorada en los últimos 10 años, originando con ello una crisis que abarca tanto la procuración como la administración de la justicia. Las políticas de prevención no han funcionado y, por el contrario, los delitos van en aumento. A esta situación se suman los problemas de drogadicción y alcoholismo que elevan los índices delictivos. Hugo Concha Cantú se ocupa del tema Eficacia de la Administración de Justicia. En él expone que el “problema de la justicia por propia mano merece ser analizado desde el punto de vista científico y con rigor metodológico, a fin de trascender la relación causal que existe entre las instituciones encargadas de procurar y de administrar justicia y el surgimiento de fenómenos como éste”. De ahí que divida su trabajo en dos momentos: dedica el primero a una aproximación conceptual acerca de lo que son las instituciones de justicia y, en el segundo, se ocupa de la eficacia de estas instituciones.

Es clara entonces la necesidad de establecer dos tipos de justicia por propia mano: la primera es individual, es decir, aquella en la cual el ser humano, al haberse transgredidos sus derechos o no haberse satisfecho su necesidad, busca, precisamente, que se cumpla con esos derechos y se haga justicia. Pero también existen reacciones colectivas en las que, al pretender hacer justicia por propia mano, una comunidad puede conducirse al borde de la irracionalidad y hacer de los individuos víctimas expiatorias; ambos “tipos de justicia” han rebasado al “Estado de Derecho” en nuestro país, a la procuración de justicia, a salvaguardar la integridad física, el patrimonio y la paz social del total de la colectividad.

Con frecuencia, tanto ciudadanía como medios de comunicación y redes sociales cedemos ante la tentación de parcializar al mundo con visiones irreflexivas y miopes. A toda hora somos testigos y consumidores de productos informativos que generan y fomentan posiciones excluyentes y discriminatorias que nos marcan con un sello indeleble: la intolerancia a través de un doble linchamiento: el moral y el mediático, pero también a todas horas leemos y escuchamos la imparable ola criminal en nuestro país: feminicidios, asesinatos, desapariciones, narcotráfico, ataques sexuales, violaciones sexuales, secuestros, etc; todo bajo la complacencia, la injusticia y la omisión del Estado mexicano.

¿Qué es lo que sucede cuando, en un momento dado, una dinámica social ha rebasado a la autoridad y no se puede volver a la gobernabilidad a través de los mecanismos políticos? ¿Qué es lo que sucede cuando la ley ha establecido sus propios mecanismos, ha construido todo el andamiaje de procuración y de administración de justicia, pero desafortunadamente la sociedad ha rebasado esos mecanismos? Es evidente que esto constituye una gran preocupación pues es un fenómeno grave, de actualidad, que por desgracia ocurre en el país, pero particularmente en el Estado de México con mucha frecuencia; porque esto no es sólo algo aislado que le sucede en la entidad, sino que puedo decirlo con toda certeza hay muchos otros casos similares, como los de los policías federales, del personal del INE, del INEGI, de muchos casos que han sido quemados vivos o asesinados a golpes y esto sucede en muchas poblaciones.

 

Si ha fallado el Estado y si ha fallado la sociedad ¿Cómo vamos a enfrentar y resolver este fenómeno político-social?