México : clase política y ciudadanía.

México ha vivido un proceso de profundas transformaciones de distinto signo. Una de estas grandes mutaciones, sin duda, consistió en el respeto al derecho ciudadano a elegir en una elección democrática como una opción de gobierno distinto al que permaneció como partido hegemónico durante más de 80 años (PRI) y los 12 años de una derecha sumamente conservadora (PAN), en muchas ocasiones como aliado el PRD, según fuera el caso, si despertaban como izquierda democrática, radical o moderada.  En este escenario, no sólo se configuró una serie de condiciones que obligan a repensar los espacios e instituciones básicas para la organización política–administrativa del Estado, sino que también se generan un conjunto de condiciones sociales que impulsan la construcción de nuevas formas asociativas y de solidaridad social autónomas que exigen la apertura de los espacios públicos y, por tanto, acentuar la relevancia de la participación ciudadana en la consolidación de las democracias representativas, en tanto que el afianzamiento de esta forma de gobierno ya no dependerá sólo de que la ciudadanía ejerza libremente sus derechos políticos, sino de que también éstos se involucren (participen) activamente en los diferentes ámbitos y etapas del quehacer público.

Mtro. Moisés Sánchez Ramírez
SEPI-ESCA- SANTO TÓMAS

En este contexto, sin duda, el despliegue de diversos proyectos de participación ciudadana, auspiciados desde diversos ámbitos y actores (sociales y/o políticos), más sociales que políticos se ha vuelto una constante en la conformación de las relaciones entre gobernantes y gobernados. 

Desde mi perspectiva, la exégesis de la participación ciudadana se encuentra actualmente bifurcada. Por un lado, están las interpretaciones que resaltan la autonomía y lo alternativo, respecto de la esfera estatal, de dichos procesos participativos (es decir, la diferenciación entre Estado y sociedad) como los rasgos esenciales de su originalidad, así como los significados democratizadores y ciudadanos que, se supone, son propiedades inmanentes de dichos procesos. Por otra parte, el contacto y la proximidad (esto es, la comunicación e incluso la interacción entre lo estatal y lo social) recreados a través de dichos proyectos de participación ciudadana, son traducidos, regularmente, como propiedades secundarias o artificiales, en tanto que sólo denotan el despliegue de acciones estratégicas para la conformación de una mayor legitimidad democrática y el respectivo control de la participación ciudadana por parte de órganos de representación política.

Entonces, el espacio público representa la sociabilidad, pero también el conflicto, y contiene oportunidades de entendimiento y disenso; por ello, se presenta una relación inseparable entre espacio público y ciudadanía. A partir de la misma, se puede abordar la forma en que se concibe a los ciudadanos, cómo participan y cómo se relacionan. Por su parte, los espacios públicos son vitales para crear, modificar y desarrollar instituciones que puedan representar los intereses de las personas. No obstante, existen distintas concepciones en torno al ejercicio e identidad del ciudadano, desde el liberalismo, republicanismo y comunitarismo, así se identifica la naturaleza de la relación que se establece con el espacio público.

El actual contexto sociopolítico en México, la nueva ciudadanía y los problemas de la política, dan cuenta en muchos aspectos de una crisis que palpita durante los últimos años. Esta, tiene múltiples aristas que dan cuenta de una crisis política integral que abarca diversos ámbitos.

En un primer momento, la crisis política se manifiesta como crisis de confianza, principalmente hacia los políticos y las instituciones: “Lo que existe es una crisis de legitimidad asociada a una crisis de confianza. La ciudadanía no está confiando ni en las instituciones ni en los actores políticos”. Además, es una crisis de confianza que se hace extensible a otros planos, pues se centra en el rol de las elites, y por tanto, el argumento se traslada hacia las cúpulas que detentan el poder: “Esta crisis es muy dolorosa porque es una crisis de las elites, no todas las elites pero, para ser franco las tres elites que figuran entre las más esenciales para el desarrollo armónico de un país”.

Otra arista refiere directamente a la relación política-ciudadanía. Esta perspectiva responde a una crisis de representatividad, y por tanto a una separación entre intereses políticos y sociales. Podría exponerse, por un lado, que dicha crisis estaría motivada por una incapacidad de la política de representar intereses sociales: “[…] la política […] no tiene la capacidad -política- de dar respuestas a estas presiones, demandas y exigencias […] De este modo, ‘los representantes’ no pueden satisfacer la demanda de ‘los representados”. No obstante, también es una crisis de representatividad provocada por una ciudadanía que no percibe los canales institucionales como espacios validos de representación: “Tener que incidir a través de los partidos políticos tradicionales quedó atrás. Ahora la ciudadanía se expresa y quiere incidir sin estar en los partidos políticos”.

Esta deficiencia de representación de carácter bidireccional podría condensarse en la ruptura entre política y sociedad sufrida durante la transición y que hoy se vuelve conflictiva: “La crisis política que tenemos hoy día en México de representatividad […] tienen sus raíces en la separación que se establece entre política institucional y sociedad en el gobierno de la transición”.

Las visiones de la crisis política no hacen sino sentar las bases de la existencia de una crisis de legitimidad del sistema político y, por tanto, visibilizan la situación actual a partir de un problema de validez de la estructura política que supera lo meramente coyuntural: “No toda crisis política se convierte necesariamente per se en crisis institucional. Pero, al parecer, la nuestra sí lo es […] Lo que está en cuestión cada vez más es la legitimidad del orden constitucional y sus instituciones”.