En
México la seguridad pública se ha convertido en un enorme desafío para el
Estado mexicano, para la gobernabilidad democrática y el desarrollo humano, en
este ente es en donde se encuentra inmersa la violencia social, pues en su
núcleo se encuentra socialmente la barbarie.
La
violencia parece estar siempre presente en nuestro entorno, en los espacios
públicos, en las calles, en la misma privacidad de los hogares, anda por los
parques, por los caminos, a la luz del día y la oscuridad, pero también es resultado
de toda una estructura, desde el crimen organizado, narcotráfico, la trata de
personas, la desaparición forzada, el bullying, la violencia intrafamiliar y de
género, el tráfico de armas, el secuestro y los desaparecidos, la extorsión,
las ejecuciones, los feminicidios, la corrupción e impunidad, la omisión y la
ilegalidad y desde luego la violencia de Estado, la institucional.
La
percepción de inseguridad y el miedo llevan a las personas a buscar espacios
seguros refugiándose en sus propias casas, aislándose, encerrándose en el
individualismo y en la desconfianza, las redes sociales y mirar desde la
virtualidad, en el enojo, en el resentimiento y en el deseo de venganza, es
aquí en donde un sector de la sociedad creyendo tomar conciencia utilizan la
saña, la llamada “justicia por propia mano”; los linchamientos, que pone en
evidencia la crisis de la impartición de justicia, vulnera los derechos de los
acusados y afecta el tejido social. Si bien es un fenómeno global, en México se
han repetido diferentes casos debido al hartazgo de la población por la
inseguridad y actividades de la delincuencia organizada, aunque también ha sido
un método de control social ante la ingobernabilidad y errores de las
corporaciones de seguridad pública.
En
este entrampado se establece un círculo interminable de vicios e impunidad: la
violencia acaba con la vida en sociedad y cuando esto sucede, se propicia la
violencia. La violencia está íntimamente ligada a la vulnerabilidad de la
población. Al deteriorarse la vida en sociedad por el clima de inseguridad que
provoca miedo, aislamiento y que desanima a participar en la vida social, se
debilita el tejido que brinda seguridad a los miembros de la misma sociedad.
I.
La
violencia e inseguridad: el origen social.
Definir la violencia resulta
en ocasiones complejo, ello depende del área de estudio desde donde se aborde. Violencia
es la cualidad de violento. Se trata de la acción de utilizar la fuerza y la
intimidación para alcanzar un propósito. También es la acción y el resultado de
violentarse.
En Derecho también significa “coacción”.
Esta palabra procede del latín violentĭa.
La violencia está relacionada con la agresividad, que es un componente
biológico presente especialmente en los animales superiores y que se utiliza
por motivos de supervivencia para conseguir alimento, defender un territorio y
conseguir reproducirse.
El ser humano en ocasiones
utiliza ese impulso de agresividad con consciencia e intención de provocar
daño, es entonces cuando se define como violencia y puede considerarse una
agresividad patológica (Significados, 2018).
La violencia se define
jurídicamente desde dos ángulos distintos; en la teoría de las obligaciones,
consiste en la coacción física o moral que una persona ejerce sobre otra, con
el objeto de que ésta le otorgue su consentimiento para la celebración de un
acto jurídico que, por su libre voluntad, no hubiera otorgado. Por otro lado,
la violencia se entiende como la conducta de una persona (agresor), que atenta
o ataca a otra u otras, en su integridad física, psíquica o ambas (Chávez, 2000).
En
los años recientes, la violencia ha llegado a ser reconocida como un objeto de preocupación
dentro de la esfera nacional. En nuestros días, los crímenes violentos afectan
varios aspectos de la vida moderna, por ejemplo, la calidad de vida y los
niveles de salud de los individuos, así como la situación económica, política y
social. De acuerdo con los diferentes organismos internacionales, vivimos en
una de las regiones más violentas del mundo (Zurita, 2017), en una época
particularmente peligrosa.
La
violencia es un elemento constitutivo de numerosos delitos contra las personas
y afectan su vida e integridad corporal (feminicidio, homicidio, lesiones) y su
honestidad (violación) y contra su patrimonio (robo, daños), etc. La violencia
caracteriza también todo un tipo de criminalidad (violenta), por contraposición
a la astucia, el fraude y la simulación (criminalidad fraudulenta).
Sin
embargo, el problema de la violencia no puede ser abordado por una sola
disciplina, evidentemente no es sólo un problema del orden jurídico o
psicológico o de salud pública, sino que debe hacerse un análisis de los
factores causales de carácter transdiciplinario que involucre el trabajo en
conjunto de especialistas de diversas áreas del conocimiento.
La crisis de seguridad pública y la
violencia han constituido uno de los principales temas en las últimas décadas
tanto en México como en el mundo, ha sido de tal fuerza esta temática que, a
pesar de su rezago teórico y metodológico ha adquirido carta de naturalidad
tanto en el mundo de la academia como en el de la política y el del ejercicio
del gobierno.
Hoy,
prácticamente no hay agenda pública o privada en la que no se encuentre
identificado este problema de la violencia como uno de los prioritarios para
ser abordados y atendidos por la administración pública.
La
violencia y la inseguridad como problemas ligados a los demás que afectan a la
sociedad, se derivan del problema estructural, complejo y diverso, que afecta
al tejido social en general.
Desde
el análisis de la literatura, encontramos que han surgido líneas de
investigación que proponen detectar con mayor precisión la relación entre el
incremento del índice delictivo y los perversos efectos sociales de la crisis
económica y del modelo neoliberal, por ejemplo, el desempleo y la pobreza.
Asimismo,
la inseguridad pública y la delincuencia son un reflejo de grandes
contradicciones: la falta de profesionalización de los cuerpos de seguridad
pública, la forma de reclutamiento, el perfil socioeconómico del policía preventivo,
auxiliar y ministerial, los sueldos que reciben, la corrupción, la
incorporación del ejército en tareas de seguridad en zonas de alta incidencia
delictiva, la ineficiencia de las instituciones de prevención y readaptación
social, el desempleo, la sobrepoblación y migración del medio rural al medio
urbano, el narcotráfico, etc., todos ellos son quizá los factores que se
encuentran interactuando.
La
violencia social tiene muchas manifestaciones, entre ellas: la violencia de
grupos por razones políticas; la violencia en las relaciones laborales; la
violencia vinculada a actitudes discriminatorias y que es padecida no sólo por
cuestiones étnicas, sino también por las personas que sufren maltrato por su
orientación sexual; la violencia en las escuelas; la que es padecida por
delitos comunes como el robo; la que se da entre generaciones y entre las
comunidades; la violencia en el tránsito vehicular, de la que resulta un
alarmante número de víctimas, la violencia de géneros, etc.
La diversidad de problemas que enfrenta la
sociedad requiere de acciones complejas y que se asumen de distintas maneras,
destacando ꟷpor supuestoꟷ el papel de la acción en conjunto de la sociedad y la
acción pública. En este sentido es esta última, mediante la participación entre
sociedad y gobierno a través de políticas públicas, la única con capacidad de
organizar al conjunto de instituciones del Estado alrededor de estrategias
igualmente complejas.
En los últimos años a esta
violencia secular se añadió la que practican los cárteles de narcotraficantes y
la que emplean –también transgrediendo la ley y violando derechos– las
autoridades municipales, estatales y federales que dicen combatirlos.
Con el agravante de que la
delincuencia organizada se asocia con el cacicazgo, colude con la
administración pública y se infiltra en algunas organizaciones sociales,
ensombreciendo aún más al panorama social, político, económico y cultural del
país.
Es,
este sentido, que la profunda transformación del Estado mexicano se da con la
adopción del neoliberalismo, la cual engendró una violencia sin precedentes en
la primera década del siglo XXI y que lamentablemente se ha adoptado con
normalidad.
Una
de las acusaciones de los últimos años que se ha venido escuchando, desde varios
sectores de la sociedad hasta los medios de información, es que, luego de la
intensificación de la violencia en los últimos 18 años como producto de la
guerra contra el narcotráfico y bandas del crimen organizado, de escuchar
recurrentemente todo acto de violencia, ésta se ha normalizado tanto para
quienes la viven de cerca como para quienes se enteran de ella a través de los
medios.
Por
normalizado, observo, se hace alusión a un proceso de resignación, de
cotidianidad, de acostumbrarse. Pero, quienes visibilizan el fenómeno, no lo
hacen “felices” de que la sociedad se habitúe a la guerra, a los asesinatos,
incluso a otros daños humanos, que sin provocar la muerte siembran huellas en
los cuerpos, en las memorias.
En
el mundo social existen formas regulares de pensar y de proceder. Las
tradiciones, los rituales, las doctrinas intelectuales, las lenguas, las
actividades institucionales, o, incluso, los grandes sistemas como el
capitalismo, son ejemplos básicos que dan cuenta cómo la sociedad reproduce
ciertos tipos de funcionamiento que ordenan las relaciones de los seres
humanos.
El
contexto de violencia que vivimos ha rebaso por mucho al Estado mexicano, a las
autoridades federales, estatales y locales en todas las regiones del país, del
norte al centro y al sur, entre las fronteras y la disputa del trasiego de
droga de México para el mundo, la violencia criminal, la ola de asesinatos y la
sistemática violación de los derechos humanos, los delitos del fuero común y
federal, el incremento de la violencia hacia las mujeres, de Ciudad Juárez a
todo el país con los crímenes más atroces, las miles de desapariciones de
mujeres y hombres, de niñas y niños, han marcado un precedente de terror en
nuestro país, una realidad llena de pánico para miles de mujeres, para una
sociedad reducida a la incapacidad por toda la información mediática y el
control del propio Estado.
La
violencia, se traduce literalmente en un número importante de delitos que
aumentan desde los ámbitos de ocurrencia, los tipos y los modos.
Finalmente,
la violencia, en tanto procede de la creatividad, no es un acto residual, que
se comete en la imperfección, en la anomia social, sino un posicionamiento del
individuo, mediante sus actos, ante lo que pueden ser relaciones evaluadas como
sitios de tensión, de conflicto, irresolución.
En
relación con el tema de la seguridad, la creciente centralidad que en las
últimas décadas ha adquirido el problema de la inseguridad en México, al igual
que en el resto de América Latina, está vinculada con los procesos regresivos
iniciados en los noventa como consecuencia de la aplicación de políticas
neoliberales. El cambio en el modelo de acumulación supuso una serie de
reformas estructurales que consistieron, principalmente, en la apertura de la
economía, la privatización de empresas públicas y la desregulación de los
mercados. Tales reformas provocaron profundos cambios en las estructuras
económicas, políticas y sociales, las cuales –sumadas a las sucesivas crisis
económicas– acentuaron los procesos de segmentación y exclusión social, aumento
de la pobreza y del desempleo, e incremento en las tasas de delitos.
Han aumentado las políticas tendentes a
la prevención y el control del delito en un contexto de transformación del
tradicional abordaje de dicha problemática y en el marco de una nueva forma de
narrar el delito. En este sentido, las llamadas “olas de inseguridad” exhibidas
constantemente por los medios de información y la selección de los delitos que
se exponen contribuyen a la producción de diagnósticos simplificadores y a la
exigencia, por parte de la sociedad civil, de respuestas rápidas y efectivas.
El problema de la inseguridad se enuncia
como una nueva cuestión social y se diseñan objetivos específicos
aplicados al control de la llamada nueva delincuencia. Como
lo señala (Sozzo, 2013),
la inseguridad comienza a ser entendida prioritariamente en relación con la
criminalidad de la calle; es decir, vinculada con delitos contra las personas y
contra la propiedad.
En la actualidad, la relación entre la
cuestión social y el problema de la inseguridad se articula bajo dos ejes. Por
un lado, la cuestión social supone que la pobreza se constituye como elemento
central que tiene que ser controlado. Por otro, deviene esencial la noción de
espacio público, la cual remite a la categorización de sitios o lugares donde
debe estar garantizada la circulación exclusiva de ciudadanos y exige regular o
limitar la de la población excluida de tal condición (Ayos, 2011).
Así, los nuevos modos de intervención en el problema de la inseguridad parten
de la asociación entre el delito y las condiciones de vida. Las conductas que
se presentan como “incivilizadas” se convierten en blanco de las nuevas
políticas de prevención.
II.
La violencia en México: la dimensión alcanzada
Tras
dos años de una escalada de violencia, la tasa de homicidios de México en 2017
alcanzó niveles máximos históricos: 24 muertes por cada 100,000 habitantes, o
más de 29,000 víctimas. Este nivel de violencia sobrepasa el punto álgido
observado en 2011. El aumento en la tasa de homicidios en 2017 se acompañó de
un incremento sustancial en la tasa de violencia con armas de fuego, la cual se
elevó 36%, y 28 de las 32 entidades del país reportaron tasas crecientes de
delitos cometidos con armas de fuego.
No sólo está creciendo la violencia a
manos de los grupos de la delincuencia organizada, sino también la delincuencia
común y la violencia interpersonal. Los liderazgos dentro de los cárteles han
sido quebrantados al neutralizar a 107 de los 122 líderes más influyentes para
mediados de 2017. Esto provocó la fractura de los cárteles, lo cual aumentó la
competencia entre ellos. En este contexto, puede suponerse que muchos de sus
miembros han recurrido a la actividad criminal común a medida que el riesgo de
pertenecer a un cártel aumenta; esto contribuye al crecimiento de la
delincuencia común. La violencia también va en aumento en otras áreas de la
sociedad. Un dato que llama la atención es que la violencia intrafamiliar
aumentó 32% durante los tres años previos a diciembre de 2017. Debido a la
gravedad de la violencia, únicamente siete estados lograron mejorar su nivel de
paz en 2017. Una vez más, Yucatán se ubicó como el estado más pacífico de
México, seguido por Tlaxcala, Campeche, Coahuila y Chiapas. Todos estos
estados, excepto Coahuila, mejoraron su nivel de paz. Si bien cuatro de los
cinco estados con mejor desempeño registraron mejoras en sus niveles de paz, lo
opuesto sucedió con los menos pacíficos, pues cuatro de los cinco estados
ubicados en los últimos sitios se deterioraron en 2017. Los cinco
experimentaron un incremento en sus tasas de homicidio. En 2017, Baja
California Sur se clasificó como el estado menos pacífico de México por primera
vez, seguido por Guerrero, Baja California, Colima y Zacatecas. Tres de estos
estados se localizan sobre rutas principales de narcotráfico, en la costa del
Pacífico, en tanto que Zacatecas está situado apenas al lado de ellas, sin
omitir el Estado de México que en el mismo periodo ha venido aumentado la
violencia de manera exponencial (Peace, 2018).
El Estado de México, junto con Guerrero, reporta el mayor cúmulo de carpetas de
investigación por homicidio doloso del país. De 2012 a noviembre de 2017 suma 9
mil 909 carpetas por este delito, en tanto que en el sexenio de Felipe Calderón
Hinojosa sumó 8 mil 528. (Hernández, 2017).
México
invierte mucho menos de lo requerido en sus sistemas de seguridad y judicial, gasta
el equivalente a 1% de su PIB en seguridad interna y en el sistema judicial,
cifra que equivale a sólo 60% del promedio en países de la OCDE. Además, el
gasto del gobierno federal en actividades de contención de la violencia
disminuyó 7% en 2017, lo cual incrementó aún más la brecha respecto al promedio
de la OCDE. Dados los altos niveles de violencia, México necesita hacer las
inversiones adecuadas, en cantidad y calidad, para superar sus retos. Es
preciso que las iniciativas de reforma cuenten con los
fondos y los recursos adecuados, y estén diseñadas para estimular el
profesionalismo. Por ejemplo, los aumentos de salarios y el número de empleados
de los sistemas judicial y policial se relacionan con mejoras en las pruebas de
competencia, las certificaciones y otras medidas deseables.
El
impacto económico de la violencia en 2017 alcanzó la cifra de 4.72 billones de
pesos (249 mil millones de dólares), lo que equivale a 21% del PIB nacional y
es uno de los mayores porcentajes del mundo. El costo de oportunidades perdidas
es alto: una reducción de 10% de la violencia liberaría recursos casi
equivalentes al costo anual total del sistema de salud pública. El impacto
económico total de la violencia fue siete veces mayor que el presupuesto de
educación en 2017. Una reducción de 1% del impacto económico de la violencia
equivaldría a la inversión del gobierno federal en actividades relacionadas con
la ciencia, la tecnología y la innovación el año pasado. Sobre una base per
cápita, el impacto económico de la violencia fue de 33,118 pesos, más de cuatro
veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano (Peace, 2018).
Actualmente,
(Falcón, 2004) define la violencia como:
“Un acto o una
omisión, cuyo propósito sea ocasionar un daño o lesionar a otra persona, y en
el que la acción transgrede el derecho de la víctima a la integridad física,
emocional y sexual. En cualquier caso, se trata de un comportamiento
intencional”.
Señala
varias manifestaciones de la violencia que se dan por sus rasgos psíquicos,
socioeconómicos y físicos, los que en muchas ocasiones son parámetros de
estudio para encontrar cuáles son los indicios más recurrentes en las acciones
que desequilibran la convivencia racional entre los seres humanos.
- La proporción de víctimas de homicidio:
Respecto a investigaciones de homicidio aumentó, lo cual
señala una tasa mayor de asesinatos masivos en 2017. La violencia relacionada
con la delincuencia organizada puede reflejarse en homicidios múltiples. Una
tasa en aumento de violencia masiva puede también sugerir mayores tasas de
violencia en espacios públicos, otra característica distintiva de la
delincuencia organizada. Estos grupos suelen tener menos miedo a la justicia
estatal y usan la violencia para enviar un mensaje público a sus oponentes
reales y potenciales.
- La distribución de datos de homicidio:
Muestra evidencias de violencia interpersonal y también de
una mayor violencia entre grupos de la delincuencia organizada. Un número
creciente de estados tienen tasas extremas de homicidio, que sugieren un
incremento de la violencia relacionada con la delincuencia organizada. No
obstante, la violencia crece en toda la sociedad. Los hombres jóvenes tienden a
ser más afectados por la violencia relacionada con la delincuencia organizada
y, de hecho, en México los hombres enfrentan una tasa de homicidios mucho mayor
que las mujeres. Aun así, la mayoría de los estados experimentaron aumentos en
la tasa de homicidios de ambos sexos, lo cual sugiere un deterioro en el nivel
de paz que abarca a toda la sociedad, más allá de los crímenes de la
delincuencia organizada.
- La violencia con armas de fuego va en aumento:
Lo cual sugiere un mayor nivel de violencia relacionada con
la delincuencia organizada. Entre 2015 y 2017, el número de homicidios
cometidos con armas de fuego casi se duplicó de 10,462 a 20,083, pasando de 54%
de todos los homicidios a 69% en 2017.
- La violencia dentro y fuera del hogar:
Van de la mano, lo cual señala un aumento en la violencia
en la sociedad en general. La violencia intrafamiliar se correlaciona con la
violación, el asalto con violencia y el robo, y estos cuatro delitos han ido en
aumento. Las tasas de violencia intrafamiliar se incrementaron 32% en los
últimos tres años, lo cual sugiere un incremento de la ilegalidad general.
- La capacidad institucional:
Para contener la violencia es aún débil. La sobrepoblación
carcelaria se alivió en 10 estados, pero 65% de los oficiales de policía
reprobaron en una evaluación de capacidad y la tasa de jueces por cada 100,000
personas es aún cuatro veces menor que el promedio global.
Para (Asakura, 2016), la violencia
estructural, expresada en desigualdad de oportunidades en términos generales,
puede conllevar múltiples impactos en las relaciones sociales. Por ejemplo, es
muy conocida la relación causal entre el nivel educativo y el salario obtenido:
un mejor nivel de instrucción incrementa la posibilidad de obtener un mejor
empleo y, por lo tanto, mayores ingresos. El rezago educativo sigue existiendo
en términos de género en todos los países, pero se agudiza en los menos desarrollados.
En las naciones centroamericanas, donde el índice de desarrollo humano se
encuentra en el nivel medio -en la clasificación "muy alto",
"alto", "medio" y "bajo"- la desigualdad
educativa por género es considerablemente elevada.
Si observamos
la población con, al menos, educación secundaria completa de El Salvador,
Nicaragua y Guatemala, en todos los casos hallaremos más hombres que mujeres.
El país que registra la diferencia más notoria es Nicaragua, con 30.8% de
mujeres con secundaria completa y 44.7% de hombres; en Guatemala tenemos la
menor diferencia: 12.6% de mujeres y 17.4% de hombres, aunque la proporción de
la población con este nivel de educación es mucho menor que la de El Salvador.
Nos
dice (Lasso, 2013), que existen factores
de riesgo que se convierten a su vez en factores de propensión a la violencia y
la criminalidad en un territorio geográficamente acotado, aquí las variables (factores)
de propensión a la violencia y a la criminalidad en México
La pobreza y la marginación. Se traducen en bajos niveles de calidad de vida y en bajas
expectativas de mejora (sentido de futuro) para la población, por falta de
oportunidades. La medición de la pobreza y la marginación en México es posible
a partir de indicadores relativamente consistentes, lo que permite conocer la
situación de los polígonos urbanos en materia de marginación y pobreza. Sin
embargo, la correlación entre pobreza-marginación y violencia-criminalidad, es
mucho menos precisa.
La
pobreza y la marginación ciertamente aumentan la propensión a la violencia y a
la inseguridad, pero no son la fuente originaria. Sin embargo, pueden ser un
detonador. Cuando a la pobreza y a la marginación se suma la ausencia de
oportunidades de educación y empleo, sobre todo para adolescentes y jóvenes,
esto se traduce rápidamente en un escenario de bajas expectativas de mejora y
superación. No se visualizan oportunidades para salir de la situación en la que
se encuentran.
La
combinación de pobreza y marginación con violencia familiar y ausencia de
oportunidades, está directamente relacionada con la emergencia de bandas y
pandillas, jóvenes sin expectativas y sin oportunidades, que finalmente
terminan en las calles y que ciertamente constituyen una de las variables de
propensión a la violencia y a la criminalidad en México, en donde se registra
la presencia de alrededor de 10 millones de jóvenes que podrían estar en esta
situación de riesgo; detrás de ellos están las niñas y los niños.
La
falta de espacios.
(vivienda adecuada para el número de personas que viven bajo el mismo techo). Servicios
básicos (luz, drenaje y agua potable), generan tensión, stress y frustración
para quienes viven en esas condiciones. La inversión en infraestructura física
como medio para reducir la marginación y elevar la calidad de vida de zonas
urbanas marginadas ha probado ser un factor de cambio eficiente. Los programas
de vivienda ayudan a mejorar el ambiente cotidiano de los miembros de una
familia, al incrementar la autoestima y mejorar el estado emocional de quienes
cuentan con los servicios básicos y con espacios dignos. En conjunto estos
factores contribuyen al relajamiento de la persona, a construir relaciones de
respeto y a la disminución de la propensión a la violencia familiar.
El estado de la infraestructura fuera de
la casa-habitación (espacios comunitarios) tiene también una incidencia
importante sobre las condiciones de seguridad y sobre el estado anímico de una
comunidad. El alumbrado público adecuado, por definición, hace sentir más
seguros a los transeúntes y disuade a los delincuentes comunes al reducir las
oportunidades para sorprender y ante la posibilidad de ser reconocidos más
fácilmente. Igual sucede cuando existen vialidades adecuadas (calles y
banquetas), que permiten ordenar la circulación y hacerla más segura. Mismo es
el efecto cuando mejoran las instalaciones de drenaje y de suministro de agua
potable. Los baños con privacidad imponen condiciones de respeto que no existen
cuando se carece de estas instalaciones. El suministro de agua potable en los
hogares evita la necesidad de transitar por zonas inseguras de día y de noche,
para acarrear el agua. Todo ello reduce las vulnerabilidades y los riesgos de
quienes habitan en ese entorno.
Violencia intrafamiliar. El ambiente de educación y socialización
más importante del individuo es la familia. En la familia se aprenden valores
individuales y sociales, que después se proyectan en la comunidad. En México
encontramos datos alarmantes de violencia intrafamiliar. Según la última
encuesta de INEM, de las mujeres entrevistadas 44% reportaron haber sido
víctimas de situaciones de violencia de género al interior de sus hogares, por
parte de sus padres, de sus parejas o de algún otro miembro masculino de la
familia. Incluyen todo tipo de violencia: física, sexual, psicológica o
patrimonial. Los datos sobre maltrato a menores y a personas mayores son
también alarmantes. Crecer y vivir en un ambiente de violencia intrafamiliar
puede tener efectos físicos y psicológicos graves en el individuo, sea hombre o
mujer. Sus efectos son distintos dependiendo de cada persona, pero en ningún
caso son positivos. Trastornan la autoestima y los afectos y llevan a un
relacionamiento a la defensiva, en no pocas ocasiones cargado de rencores,
frustraciones y resentimientos. El silencio e introspección de los jóvenes que
se integran a bandas y pandillas es un síntoma claro de temor, cautela y
desconfianza, frente a todo y todos los que les rodean. Cuando en una comunidad
la violencia doméstica es la regla y no la excepción, esta forma de convivencia
se traslada a las calles y a los espacios públicos. Las niñas y los niños, como
la juventud, están acostumbrados a vivir en la violencia, sin afectos y sin
respeto.
En cuanto a la correlación entre
violencia intrafamiliar y la propensión a la generación de un ambiente violento
en una entidad ó población, los dos factores que con más frecuencia se asocian
al desarrollo de violencia son los familiares directos que son violentos y/o
que abusan de sustancias tóxicas.
Violencia feminicida. La
violencia hacia las mujeres ha venido en aumento en el país por la omisión de
las autoridades en la investigación como en la preservación de la escena del
crimen o la cadena de custodia.
La violencia que sufre una gran cantidad de
mujeres en México es tan cotidiana que algunos se sorprenden cuando
ellas dejan de respirar, cuando su cuerpo no resiste el siguiente golpe.
“Piensan que ese día se les fue la mano”. En el país han muerto asesinadas
siete mujeres al día entre 2013 y 2017 y las cifras no han dejado de crecer
desde hace 15 años.
A pesar de que en el Estado de México se
decretó en julio del año 2015 la alerta de género en 11 municipios tras
recopilar más de 2.318 asesinatos en nueve años. Un mecanismo urgente para
actuar de manera eficaz e inmediata contra este tipo crímenes. El sistema se
diseñó después de que México quedara marcado a fuego en 2009 por una sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable de los
feminicidios de Ciudad Juárez.
Mientras que la tasa por homicidio de hombres
desciende poco a poco desde 2011, la de mujeres se ha vuelto un problema
estructural. "Los asesinatos femeninos derivan de un patrón cultural y
menos de los cambios de la violencia social por el crimen organizado", las
mujeres son agredidas principalmente en sus viviendas, el 30%, frente al 10% de
los hombres que suelen morir asesinados en la calle.
Ante
el contexto de violencia que viven miles de mujeres en el país, también
enfrentan un desafío legal. En la actualidad solo 19 Entidades federativas en
México cuentan con un tipo penal que cumple total o parcialmente con las
características para poder acreditar el delito (privar de la vida a una mujer
por razones de género). Los Estados son: Campeche, Chiapas, Ciudad de México,
Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo
León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz
y Zacatecas.
Las 13 Entidades que no cuentan con un tipo penal adecuado son
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango,
Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y
Yucatán. Todas —a excepción de Chihuahua que incluyó una conducta típica
específica hasta 2017, sin reconocer hasta la fecha el término “feminicidio” en
su Código Penal— han hecho una o dos reformas sin que esto implique una mejora
en la tipificación del feminicidio.
Entre 2014 y 2017 se tiene registro que 8.904
mujeres han sido asesinadas en México, sin embargo, solo un 30% de los
casos fue investigado bajo los protocolos del feminicidio. “En cuanto a la
relación de la víctima con su victimario, la información revela que la
autoridad desconoce en un número significativo el vínculo entre ambos, lo que
evidencia que las investigaciones carecen de diligencias básicas que permitan
identificar a los agresores, situación que lleva a que los casos queden en la
impunidad”.
Presencia
de pandillas juveniles. La conciencia de pobreza y marginación
se adquiere usualmente en la adolescencia, cuando inicia el proceso de
construcción individual, se cuenta ya con información y no se ven muchas vías
por dónde transitar. La necesidad de trabajar desde muy jóvenes en zonas
urbanas marginadas suele truncar los procesos formales de educación. En
comunidades en las que existen hábitos arraigados de consumo de drogas y
alcohol, los adolescentes suelen engancharse con facilidad en estos hábitos.
Los embarazos de jóvenes adolescentes en este medio son frecuentes, lo que a
temprana edad les plantea a las jóvenes la necesidad de trabajar, alejándolas
de la educación formal y de otras formas de crecimiento personal, incluyendo el
desarrollo de habilidades para conseguir un mejor empleo. La ausencia de
oportunidades y de expectativas (educación formal y un empleo digno) durante la
adolescencia y la juventud, en combinación con escasos recursos en el hogar,
llevan a los jóvenes a la necesidad de allegarse recursos para subsistir. Las
pandillas, además de ser células de pertenencia social, se convierten en
espacios para generar estos recursos, con frecuencia mediante actividades
ilícitas, que en muchos casos también se destinan a financiar el consumo de
drogas y alcohol. Una vez en esta situación, se genera un círculo vicioso. Los
jóvenes se sienten doblemente marginados, frente a su comunidad y frente a la
autoridad. Se colocan en “tierra de nadie”, en la que las lealtades se
trasladan a la banda o pandilla y el resto de la comunidad, incluyendo las
otras bandas, se convierten en “el enemigo”.
Presencia
del crimen organizado. Las reglas del crimen organizado son
distintas a las que rigen a las pandillas. Son organizaciones verticales (a
diferencia de las pandillas en donde existen relaciones entre iguales), y la
mayor parte de sus integrantes son prescindibles. El crimen organizado cuenta
con vastos recursos para imponer sus reglas y el que las rompe se hace acreedor
a los castigos más severos, incluyendo la muerte. Las decisiones se toman en
una estructura vertical, a diferencia de las pandillas en las que los ajustes
de cuentas se deciden al menos entre los principales miembros de la banda. Las
pandillas juveniles ejercen formas limitadas de violencia, mientras que los
miembros del crimen organizado son usualmente criminales profesionales para
quienes la violencia y la criminalidad extrema son parte de su modo de vida. Es
importante destacar que, si bien en algunos casos la línea entre las
actividades de pandillas juveniles y del crimen organizado es tenue, la
diferencia es real y su tratamiento por parte de las autoridades debe estar
claramente diferenciado. Las policías tienden con frecuencia a tratar a las
pandillas como delincuencia organizada (esto es, como criminales) lo que no sólo
no ayuda, sino que empeora el entorno social e incrementa la propensión a la
violencia.
Un policía que se percibe como parte de
la comunidad y cuenta con la confianza y colaboración de los ciudadanos, cierra
las ventanas de vulnerabilidad de una comunidad y hace más difícil la
penetración del crimen organizado. La combinación de estos factores es lo que
da sustento al principio de comunidades seguras en países en donde las
condiciones de violencia e inseguridad presentan niveles bajos.
En última instancia, es debido a la
debilidad de estas variables (infraestructura física precaria, ausencia de
oportunidades y presencia precaria de la autoridad), lo que ha hecho posible la
expansión de la delincuencia organizada en muchos puntos del territorio mexicano.
Cuando ubicamos la delincuencia organizada en este contexto, es claro que los
problemas de inseguridad que se viven en México no se originan solamente en la
presencia de la delincuencia organizada, sino en un conjunto de
vulnerabilidades, muchas de ellas de carácter socioeconómico, que convierten a
comunidades enteras en tierra fértil para el desarrollo y expansión de las
bandas criminales.
La
presencia de armas, drogas y alcohol. Es una de las variables que más
directamente incide en la generación de la violencia y criminalidad en una
comunidad. En la mayoría de los delitos graves se utilizan armas y, en gran
cantidad de casos, quienes las usan están bajo el influjo de drogas y/o alcohol.
En México existe una política altamente restrictiva en materia de adquisición y
posesión de armas de fuego. Sin embargo, en un ambiente de alta impunidad,
vasta disponibilidad y presencia importante del crimen organizado, resulta
relativamente sencillo, para cualquier ciudadano, conseguir armas de fuego
prohibidas por la ley o de uso exclusivo de las policías y las fuerzas armadas.
Al existir un amplio mercado, los precios son accesibles y los puntos de
compraventa son múltiples. Mismo es el caso de las drogas, en donde existe un
vasto mercado de vendedores y compradores a precio accesible; peor aún, en el
mercado existen sustancias o productos legales, sobre todo inhalantes, que
puede comprar hasta un niño. El alcohol es un producto legal. Un primer dato
importante es que las políticas restrictivas en estos ámbitos son necesarias,
pero no suficientes y, en ocasiones, de pobres resultados, si no se acompañan
de otras acciones. Los tres elementos (armas, drogas y alcohol) y sobre todo,
su combinación, tienen una fuerte incidencia en el ambiente de inseguridad y
criminalidad. Sin embargo, por su naturaleza y características, cada uno
requiere de un tratamiento distinto.
El tráfico y posesión de armas
prohibidas es uno de los delitos más castigados. Y a pesar de ello un
porcentaje importante de la población mexicana posee armas de fuego para su
protección, pero sobre todo para delinquir. Su tráfico y venta para la comisión
de delitos es uno de los mercados más redituables. Su combate requiere de
estrategias particulares.
El tráfico de marihuana y venta de
drogas fuertes como las metanfetaminas, cocaína y heroína están prohibidos. Sin
embargo, su acceso es relativamente sencillo y de poco riesgo. Quien porta las
drogas para consumo personal no incurre en delito.
El consumo del alcohol es todavía más
difícil de controlar, por su precio y por no incurrir en delito quien lo
consume. La única restricción, al igual que con el tabaco, es la venta a
menores y, en el caso del alcohol, su consumo en la vía púbica.
Presencia
precaria de autoridad.
La presencia o ausencia de la autoridad es una variable
determinante de los niveles de propensión a la violencia y la criminalidad. En
México, en términos generales, la población percibe a la policía como ineficiente
(no puede o hace mal su trabajo), insuficiente (no cuenta con los elementos y/o
equipos necesarios), o corrupta (hace uso de su autoridad y/o de su poder para
fines distintos a los institucionales).
En este contexto, las distancias entre
los ciudadanos y la autoridad se han ensanchado. No existe confianza en la
relación policía-ciudadano. La situación empeora cuando los ciudadanos se
convierten en las víctimas de la autoridad, que no sólo no los protege, sino
que utiliza su poder para abusar de ellos, incurriendo así en responsabilidad
institucional y, en no pocos casos, en responsabilidad penal.
En ausencia de una policía local
eficiente, con frecuencia la población demanda la intervención de autoridades
externas al municipio para atrapar criminales, desintegrar organizaciones
delictivas y reducir los niveles de violencia e inseguridad en su comunidad.
Sin embargo, cuando llega la autoridad externa suelen aparecer otros problemas
debido a la ausencia de vínculos con la comunidad y de su falta de conocimiento
del entramado social. En la intención de proporcionar seguridad se instalan
retenes y se realizan tareas de vigilancia e investigación que incomodan y
afectan a la población. Se cometen errores y arbitrariedades y, en no pocos
casos, quienes debían proporcionar la seguridad se convierten en factores de
riesgo para la población al incurrir en actos de abuso de autoridad o incluso
en la comisión de delitos graves como la extorsión y el secuestro.
En el caso de las autoridades federales,
ha sido frecuente que llegan a atender una situación que resuelven
parcialmente, pero al momento de retirarse se restablecen las condiciones de
inseguridad. En otras, se han debido retirar por los reclamos de la población,
al percibir que “resultó peor el remedio que la enfermedad”. Lo grave de este
esquema es que la presencia de autoridades externas, incluso cuando realizan
detenciones y desmantelamiento de redes criminales, en poco abona a la
seguridad de la comunidad en el mediano y largo plazo, pues sólo ataca una de
las variables que propician la violencia y la inseguridad. Bajan
momentáneamente las cifras de delitos graves, pero las condiciones
estructurales que generan la violencia y la inseguridad no se modifican.
La presencia precaria de la autoridad es
uno de los puntos más delicados del escenario de inseguridad pública, pues no
hay forma en la que los ciudadanos puedan sustituir el quehacer de la autoridad
en la persecución del delito. En otros países, la inacción o ineficiencia de la
autoridad ha sido sustituida con grupos privados de protección o incluso con
fuerzas paramilitares que se encargan de proteger los intereses y el patrimonio
de individuos, grupos o segmentos sociales. Usualmente actúan al margen de la
ley y bajo sus propias reglas. Esta práctica aún no está generalizada en
México, pero existen las condiciones para que ello suceda. Existen también
casos en los que, frente a la inacción de la autoridad, el ciudadano hace
justicia por su propia mano, acciones que usualmente se acotan a revertir
agravios personales. Sin embargo, a
pesar de la presencia de Policía de Mando Único, la aprobada Ley de Seguridad
Interior y la presencia de los Grupos de Autodefensa Comunitaria, no se ha
ganado la batalla contra la delincuencia y los delitos con mayor presencia en
el país, pero la impunidad, la injustica, daño colateral, la constante
represión, abuso de autoridad, desapariciones forzadas por parte de elementos
policiacos y todo el contexto de violencia impera en lo social e institucional.
Ciertamente en este análisis no partimos
del supuesto de que todos los policías son corruptos e ineficientes. Sin
embargo, la opinión ciudadana es notoriamente desfavorable respecto de su
actuación, en los tres órdenes de gobierno. De acuerdo con la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción (2017), 42% de los mexicanos califica como “poco
o nada efectivo” el trabajo de la policía federal; 53% considera “poco o nada
efectivo” el trabajo de las policías estatales; y en el caso de las policías
municipales la cifra se eleva al 61%.
Uno de los temas centrales que debe
revisarse es la relación entre las comunidades y su policía, algo que se ha
mermado o perdido. La idea de que la seguridad pública se genera de arriba
hacia abajo ha probado tener múltiples limitaciones. En este entorno, la
promoción de una relación distinta entre la policía y la comunidad es un factor
clave para avanzar en la construcción de esquemas de seguridad pública
eficientes y duraderos. Uno de los aspectos cruciales en este ámbito es el
posicionamiento de las policías locales frente a las policías estatales y
frente a las instancias federales, que al momento de intervenir suelen rebasar
y en muchos casos ignorar y menospreciar el trabajo y la información con la que
cuentan las policías municipales, lo que les quita a éstas últimas credibilidad
y respetabilidad frente a la comunidad a la que sirven. En la mayor parte de los
países con altos niveles de seguridad, las policías locales constituyen la base
del sistema de seguridad pública.
Ambiente
de impunidad y procuración de justicia precaria. Uno de los
temas más delicados como factor de propensión a la violencia y a la criminalidad
es la impunidad. La impunidad es una condición externa al infractor que sabe de
antemano que sus actos no tendrán consecuencias en su contra, no obstante estar
consciente de la comisión de un ilícito, una ofensa o una falta grave. La
impunidad se manifiesta en un primer nivel en el ámbito de la familia, cuando
quien ejerce la violencia intrafamiliar percibe que nadie tiene la capacidad de
limitar sus actos, sea por imposibilidad física, dependencia económica o por
temor a acciones extremas. La mayor parte de las conductas violentas dentro de
los hogares - tipificadas como delitos-, no se denuncian por temor o
desconocimiento y quedan impunes.
Fuera del hogar, la impunidad se
manifiesta cuando se cometen delitos menores o mayores sin que esto tenga
consecuencias para quien los comete. En el caso de los delitos del fuero común,
la impunidad se genera como consecuencia de la ineficiencia o insuficiencia de
las policías preventivas, las agencias investigadoras y del sistema de
procuración de justicia. Las probabilidades de ser detenido, juzgado y
sentenciado por cometer un delito son bajas. Para quien comete el delito, su
percepción de los márgenes de impunidad existentes constituye un factor
importante al momento de tomar su decisión.
Un tercer nivel de impunidad existe
cuando la propia autoridad, con conciencia e intención, permite actuar a quien
comete el ilícito a cambio de un beneficio (impunidad por complicidad o por
presión sobre la autoridad). En algunos casos, la autoridad brinda protección o
hace caso omiso de delitos que sabe se cometen o se van a cometer, por temor a
represalias de individuos u organizaciones que se perciben más poderosos que el
Estado. En estos casos el policía o el ministerio público no sienten el
respaldo de sus jefes y/o la protección de su institución. Casos de esta
naturaleza se registran en los tres órdenes de gobierno, aunque con mayor
frecuencia en los niveles estatal y municipal, por la debilidad de sus
estructuras. En las corporaciones militares la situación suele ser un poco
distinta, pues existe un mayor sentido de cuerpo y de cohesión institucional,
lo que usualmente disminuye el número de casos de corrupción por amenazas. La
impunidad por complicidad es el peor escenario pues el criminal queda impune y,
la autoridad, convertida en cómplice, también queda impune. En este escenario
el ciudadano queda totalmente desprotegido.
Paradójicamente, en la dinámica entre
pandillas y entre grupos del crimen organizado, existen reglas no escritas que
en su ámbito de operación reducen la impunidad en forma significativa. Entre
pandillas la intromisión territorial o la agresión a uno de sus miembros no
queda impune; da origen a venganzas o contra ataques con acciones iguales o más
violentas que las recibidas (demostración de fuerza). En el caso del crimen
organizado opera la misma dinámica cuando existen disputas territoriales, robo
de mercancías o agresiones o eliminación de sus miembros. Esta dinámica es
continúa y sólo termina cuando alguna de las organizaciones es desarticulada
por la superioridad de fuerza de la organización contraria o por la acción de
la autoridad, normalmente se da por la primera. En algunos casos su
desaparición obedece a la actuación de ambas fuerzas en paralelo, por
coincidencia, o por preferencia de la autoridad por alguna de las
organizaciones. Las mismas reglas se aplican cuando una autoridad involucrada
con el crimen organizado decide traicionar o no cumple con lo acordado. En este
balance, entre organizaciones delictivas existe mayor dedicación para cuidar y
proteger sus intereses, que el que percibe el ciudadano por parte de la
autoridad para hacer cumplir la ley.
El ambiente de impunidad para quien
quebranta la ley o comete un delito es percibido entre la población mexicana
como medio o alto. Esto contribuye en forma importante a la baja confianza de
la población en el sistema de procuración de justicia. En la encuesta CIDENA
(2017, sólo el 6% de los ciudadanos consideran que los jueces hacen bien su
trabajo. A la lentitud en los procesos, se añade la corrupción y la percepción
ciudadana de que las denuncias se atienden o se persiguen los delitos sólo
cuando los afectados tienen poder o influencias, que no es el caso de la
mayoría. A la baja credibilidad en el sistema de justicia se suman las críticas
a las ineficiencias e insuficiencias, legales y operativas, de los centros
penitenciarios en los que también se registran altos niveles de corrupción.
Bajos niveles de organización comunitaria
y de cohesión social. Uno de los temas más
complejos en el ámbito de la seguridad pública es el rol de las comunidades en
construir y preservar ambientes seguros. Dado que la prevención y persecución
del delito corresponde esencialmente a la autoridad, en principio la comunidad
parecería excluida de esta función. Sin embargo, la experiencia histórica
indica que la seguridad de una comunidad surge, en primera instancia, de la
forma en que sus miembros se cuidan entre ellos y frente los externos. En esta
dinámica los propios miembros de la comunidad establecen una serie de valores y
reglas de respeto y convivencia. En todos los casos termina por existir una
autoridad, integrada por miembros de la comunidad y designada por la propia
comunidad, encargada de aplicar las reglas del juego acordadas por todos.
En cualquier sociedad compleja, la
policía se convierte en una instancia indispensable, que requiere ser
profesional y con atribuciones y prerrogativas claras para hacer su trabajo.
Sin embargo, lo que registramos en México es un divorcio creciente entre la
policía local y la población, escenario en el que la población tiene poco que
decir y hacer respecto de su propia seguridad. Las policías municipales en
México tienen funciones muy limitadas para la investigación y la persecución
del delito, que corresponde a las autoridades estatales o federales, que en la
mayor parte de los casos tiene poca o ninguna cercanía con las comunidades en
las que deben aplicar la ley. Revertir esta situación implica un cambio de
enfoque que conlleva el fortalecimiento de las policías municipales, en
coordinación con las comunidades con las que trabajan.
Sin embargo, la participación de la
comunidad en la construcción de la seguridad incluye, pero no se acota a la
relación con su policía. Una comunidad cohesionada ve por los intereses del
conjunto, lo que le da fuerza y posicionamiento para marcar sus prioridades y
desarrollar acciones y programas a favor de la comunidad en concordancia con
las autoridades. También les otorga fuerza y capacidad para actuar como un
frente común ante situaciones o actores externos que amenazan su tranquilidad o
su calidad de vida.
Un indicador de la cohesión comunitaria
es el capital social que se mide por el número de organizaciones de la sociedad
civil (OSC) que tiene un país. Actualmente se calcula que en Estados Unidos
existe un millón de OSC, en Chile 83 mil y en México, según el Registro Federal
de Organizaciones de la Sociedad Civil para el año 2017 contaba con 28 mil 18.
Si consideramos que la población de Chile es la sexta parte de la de México, la
desproporción es mucho mayor.
Ausencia
de cultura de la legalidad.
La ausencia de cultura de la legalidad - entendida la
cultura de la legalidad como el apego a la norma en la conducta habitual del
ciudadano-, es uno de los problemas que adolece la sociedad mexicana. A la
ausencia de cultura de legalidad se añade la precaria cultura cívica, entendida
esta como la forma en que se conduce el ciudadano en los espacios públicos,
desde el manejo de la basura – México es quizá el único país de la OCDE en el
que la basura es parte habitual del paisaje urbano y rural – hasta el cuidado
de los espacios públicos o el respeto a las vialidades. También tiene que ver
con el trato que se da en los espacios públicos a niños, adultos mayores o
personas con alguna discapacidad.
El origen de esta situación es diverso,
pero en su base está la educación – o ausencia de ella – y en el ejemplo – o
mal ejemplo - de los mayores y de las propias autoridades. Es común entre los
mexicanos aceptar que, ante lo farragoso que pueden ser los trámites en los
tres niveles de gobierno, es mucho más “inteligente” agilizar el trámite a
través de una “gratificación”, que seguir todo el procedimiento. Los que buscan
hacer todo por la vía legal son considerados “ingenuos” por muchos de sus
congéneres y, peor aún, por no pocas autoridades, que ya esperan la
“gratificación” como parte del trámite.
La ausencia de una cultura de la
legalidad entre la ciudadanía sea por desconfianza o por escepticismo, genera
un ambiente de permisividad y tolerancia a romper la ley. Esta dinámica se
acentúa en lugares en los que la ciudadanía se siente amenazada tanto por los
delincuentes como por la autoridad.
La cultura de la legalidad –al igual que
el civismo – se fortalece con la educación y con el ejemplo. La visión de que
la legalidad se construye y se fortalece a partir de sanciones y controles –
como se pretende incluso al interior del Estado- deja de lado el elemento más
importante que es la educación y el ejemplo. Las sanciones sirven para corregir
comportamientos, no para inducirlos.
El corolario natural de la ausencia de
cultura de la legalidad es la desconfianza. México es líder en materia de
desconfianza entre ciudadanos y frente a las autoridades. La encuesta CIDENA
(2017) registra un alto nivel de desconfianza entre los mexicanos; sólo 19 %
considera que la mayoría de la gente es confiable, 68% considera que en México
uno debe cuidarse las espaldas.
Con este enfoque se soslaya que las
sanciones y los controles, por principio, sirven para corregir conductas, no
para inducirlas. Sin un cambio en los valores no hay un cambio en las
conductas. Muy poco se ha hecho para inculcar la cultura de la legalidad en las
bases sociales, desde los hogares y las escuelas, hasta las academias de
policía y las instituciones militares. Esto explica, en buena medida, la
preocupación recurrente por parte de la población en el tema de los derechos
humanos y las reiteradas denuncias de las autoridades por actos de corrupción
durante esta guerra.
En este marco, existe un estrecho
vínculo entre la ausencia de cultura de legalidad y la corrupción. La
ineficiencia del sistema de procuración de justicia, en todos los órdenes de
gobierno, en poco ayuda al fomento de la cultura de la legalidad. La ausencia
de cultura de la legalidad – y de sentido de justicia – promueve el
individualismo como la mejor fórmula para sobrevivir y salir adelante. No se
visualiza el bien común como el mejor escenario para el bienestar individual.
Impactos
trasnacionales de la criminalidad. El lado oscuro de la globalización es
la transnacionalización del crimen organizado. Los medios de comunicación, la
tecnología y la posibilidad de transacciones financieras por medios
cibernéticos han abonado al desarrollo de un crimen organizado más
estructurado, con mayores recursos de movilización y con flexibilidad para
operar en más de un mercado nacional simultáneamente.
En México muchos de los delitos
federales están asociados a organizaciones delictivas transnacionales que
importan armas, precursores, drogas y equipos de alta tecnología para sus
operaciones. Estos nuevos escenarios obligan a establecer esquemas de
cooperación internacional, eficientes y consistentes, si el objetivo es
debilitar en su estructura a estas organizaciones. Delitos como el lavado de
dinero difícilmente se pueden atacar con una óptica estrictamente nacional. El
alcance de objetivos en este ámbito requiere de inteligencia sofisticada y de
esquemas de reacción inmediata en coordinación con agencias que operan en otros
países.
Muchos de los delitos de orden
transnacional se cometen en estados o municipios que no tienen la capacidad, la
experiencia ni la información para poder aplicar la ley. Sólo con el apoyo y la
coordinación de autoridades federales es posible avanzar en los aspectos
transnacionales de la seguridad pública.
Esto obliga a que las agencias federales
que trabajan con sus contrapartes en el exterior sean especializadas,
profesionales y operen con esquemas de coordinación ad hoc, no solo con otras
agencias federales mexicanas, sino con estados y municipios, para poder tener
una incidencia real sobre las organizaciones criminales trasnacionales. Es el
caso no sólo de los mercados de drogas y armas, sino también de delitos de alto
impacto en la seguridad humana como la trata y tráfico de personas. Hasta ahora
los resultados en estos ámbitos han sido pobres dada la falta de capacitación,
profesionalización y la ausencia de esquemas que permitan la coordinación
necesaria para que los operativos de combate a la criminalidad con componentes
trasnacionales sean exitosos.
Este tema lleva en automático a la falta
de coordinación de las agencias federales con las estatales y con los
municipios para trabajar conjuntamente. Las agencias estatales no cuentan ni
con el personal, ni con los sistemas de monitoreo y seguimiento para saber lo
que sucede en su territorio. Corregir estas fallas llevará tiempo, pero es una
tarea ineludible en la construcción de un esquema de seguridad pública
eficiente y menos vulnerable. De esta vulnerabilidad abrevan las organizaciones
criminales, pues les permite avecindarse y pasar inadvertidas hasta que su
presencia es ya un problema mayor.
Conclusiones
La
historia de la humanidad no podría reducirse a la historia de la violencia,
porque, más que un mundo de ataques, su devenir escenifica un entramado enorme
de interdependencia de diversos tipos, donde ocurren tanto acontecimientos
hostiles como pacíficos, en cambio, lo que por otra parte no hay manera de
negar es que, pese a esfuerzos formales y tendencias implícitas de regulación,
hasta ahora no se ha garantizado la suspensión definitiva de los actos
violentos, habida cuenta de que su emergencia ni puede ser siempre controlada
de manera inmediata ni puede ser prevista con antelación exacta.
En un país con altos niveles de
violencia e inseguridad, como es México, es fácil caer en la tentación de
concentrar todos los recursos en la persecución de los responsables de delitos
de alto impacto a través de las policías y las Fuerzas Armadas, con la esperanza
de terminar rápido con el problema y volver a la normalidad. Sin embargo, de
nuestro análisis se desprenden varias conclusiones que ponen en entredicho ese
enfoque.
Primero,
que el crimen organizado no es responsable de toda la inseguridad en el país;
Segundo,
que el ambiente de violencia e inseguridad es en buena medida producto de
factores socioeconómicos y culturales;
Tercero,
que un esquema de seguridad pública centralista y construido de arriba hacia
abajo difícilmente permea en la comunidad; y
Cuarto,
que, si la población no cree en la estrategia del gobierno y no se involucra,
la estrategia tendrá alcances muy limitados. Es por lo que después de
identificar y revisar los factores de riesgo que propician la violencia y la
inseguridad en México, consideramos metodológicamente útil identificar los
ámbitos de donde emana la seguridad, para a partir de ello esbozar un esquema
de seguridad pública con cuatro características: integralidad, transversalidad,
permeabilidad y sustentabilidad.
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