Reconocer la violencia de género contra las
mujeres y definirla jurídicamente para obligar al Estado mexicano a realizar
acciones para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla ha sido uno de
los grandes aportes de organizaciones de la sociedad civil el siglo XX y el
presente siglo XXI, sobre todo en el contexto violento que viven miles de
mujeres.
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| Ale Martínez - Moisés Sánchez Fundación Anayansi A.C. |
Particularmente, América Latina ha avanzado en
su legislación regional de manera firme: la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres hasta la fecha
no tiene comparativo en el mundo. Es un marco de obligaciones para los Estados,
que permite realizar desde la sociedad civil el monitoreo de sus acciones,
sustentar su trabajo local y también sentar precedentes judiciales como el caso
de Irinea Buendía, quien logró que en 2015 la
Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenciara el caso de su hija Mariana
Lima Buendía como feminicidio.
Las cifras alarmantes de crímenes contra niñas
y mujeres en Ciudad Juárez hace más de veinte años. El contexto era de horror y
de mucha consternación, después, las familias y la sociedad pasan a la denuncia
y la exigencia de justicia. El Estado y autoridades judiciales no daban
respuestas claras, satisfactorias. Con el tiempo y ante la omisión, desprecio e
indolencia, ante el silencio, la sociedad civil fue creando grupos de ayuda a
las familias de víctimas de desaparición, asesinato y de lucha frente a la
violencia creciente en esa región del norte del país. A pesar de todo, de la
creación de organizaciones de la sociedad civil, de colectivos, de familias
organizadas la violencia hacia las mujeres no se detiene, miles de mujeres son
víctimas de violencia, de desaparición, de explotación sexual, de feminicidio
en todo el país.
De norte a sur, del centro a todo el país,
envuelto en violencia de género, de odio, de desprecio, de omisión y revictimización
en los centros de justicia para las mujeres, niñas, mujeres jóvenes, adultas y
de edades avanzadas viven en riesgo constante de sufrir algún tipo de
violencia, y prácticamente todas, en algún momento de su vida, han sido
víctimas de violencia o han experimentado su amenaza por el simple hecho de ser
mujeres. Las diferentes modalidades y expresiones de la violencia impiden el
desarrollo de las mujeres y las niñas, menoscaban su libertad y derechos,
limitan el pleno desarrollo de sus capacidades y minan su participación
política, económica y social en nuestras sociedades. La violencia contra las
mujeres y las niñas –cuyo resultado puede llegar a ser la muerte– es
perpetrada, la mayoría de las veces, para conservar y reproducir el
sometimiento y la subordinación de éstas derivados de relaciones de poder. Los
asesinatos de mujeres y niñas perpetrados por razones de género, es decir,
aquellos que se realizan con dolo misógino, son la expresión extrema de la
violencia que se comete contra ellas por el hecho de ser mujeres. Una constante
de estos asesinatos es la brutalidad y la impunidad que los acompañan, inicia
con los tipos de violencia: Psicológica, sexual, patrimonial y
económica, simbólica, acoso u hostigamiento, doméstica, laboral, obstétrica,
mediática, institucional, tráfico de mujeres, adolescentes y niñas, trata de
mujeres adolescentes y niñas, inducción a ayuda al suicidio y el feminicidio;
de los tipos a las formas: arma de fuego, arma punzocortante,
sumersión, estrangulamiento, atropellamiento, lapidación, destazada, asfixiada,
envenenada, por lesiones contundentes, mutilada, empalada y lanzamiento de
lugares elevado. Estos crímenes constituyen la negación del derecho a
la vida y de la integridad de las mujeres.
¿CUÁNTO
ODIO HAY DE POR MEDIO EN EL ASESINATO DE UNA MUJER EN MÉXICO? TODO.
¿CUÁNTA INDIFERENCIA DE LA SOCIEDAD ANTE EL CRIMEN DE UNA MUJER SÓLO PORQUE ES
MUJER? TODA. ¿CUÁNTA IMPUNIDAD PROPICIADA POR LA AUSENCIA, OMISIÓN E INDOLENCIA
DE AUTORIDADES Y LEYES PROTECTORAS DE LA MUJER? ABSOLUTAMENTE TODA.
La violencia contra las mujeres y las niñas y
sus consecuencias, incluida la violencia letal, han sido una preocupación
recurrente de organizaciones de la sociedad civil, inclusive de la comunidad
internacional preocupada por la violencia hacia las mujeres en México,
expresada en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y
en la legislación nacional. Hoy, además y por primera vez, prevenir y eliminar
la violencia contra las mujeres y las niñas es una prioridad mundial expresada
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuya implementación inició en
2016.
“La violencia contra las mujeres y las niñas es
inaceptable, se puede prevenir y ponerle fin es un imperativo que nos convoca a
la acción colectiva. Con esta publicación, reafirmamos nuestro compromiso para
hacer realidad el acceso de todas las mujeres y las niñas a una vida libre de
discriminación y violencia y lograr la igualdad de género en todas las dimensiones
del desarrollo” (Lagarde, 2012).
En los últimos años las acciones contra la
violencia hacia las mujeres en México adquieren una verdadera dimensión, se han
diseñado leyes, instituciones, grupos de ayuda, organizaciones no
gubernamentales. Sin embargo, a pesar de lo anterior, cada año aumentan los
casos de violencia de género y feminicidios arraigados en la sociedad con
antecedentes culturales, conductas misóginas, familias desestructuradas y
violentas que van en aumento hasta desencadenar los acontecimientos funestos.
La exigencia es clara, evaluación y auditoría
de los trabajos de instituciones especializadas para atender los delitos, de
las fiscalías locales, de servidores públicos, es posible anticipar el éxito o
el fracaso de una política pública identificado, si ésta, en efecto, se
sustenta en un problema definido adecuadamente y si las acciones sugerida
parten de una teoría causal que tome en cuenta la factibilidad para
solucionarlo.
Las deficiencias de la AVG en el Estado de
México para 11 municipios reflejan que la falta de análisis respecto de la
implementación ha resultado en una deficiente traducción del mandato normativo
y permiten anticipar obstáculos importantes para cumplir con su objetivo.
La violencia de género contra las mujeres es un
fenómeno multicausal y multifacético; sucede en el ámbito público y en el
ámbito privado; tiene lugar en las diferentes etapas de la vida de una mujer.
La violencia machista estructural que ha
supuesto el desmantelamiento de los recursos para la sensibilización y
prevención de las violencias de género, así como el adoctrinamiento patriarcal,
no ha hecho más que dar alas a nuevos modos de violencia (usos de tecnología,
redes sociales y la violencia como “moda” en centros educativos) contra las
mujeres. Sin recursos económicos ni educativos adecuados, la prevención de
estas violencias desde las aulas se complica bastante. Y si además le sumamos
que la negación de que este tipo de violencias se produzca en las aulas por
parte de casi toda la comunidad educativa, tendremos nuevos focos de
preocupación por la falta de detección.
