EL MUNICIPIO, AYUNTAMIENTO Y LAS REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

El origen del municipio como forma de organización política-social es muy remoto, tal vez, quienes se opusieron a las reformas a la Ley Orgánica Municipal y al Código Electoral del Estado de México para reducir las sindicaturas y regidurías, no conoce la historia.  

Existen indicios que, en pueblos con un alto grado de civilización, como Grecia, Roma o el Imperio Azteca, las sociedades tenían formas de agruparse que aun cuando recibían distintas denominaciones presentaban rasgos distintivos de la institución municipal. En las entidades territoriales figuraban los Calpullis, comunidades agrarias que gozaban de cierto grado de autonomía. Fue en Roma donde se le denominó como tal y donde se le imprimieron las características esenciales como forma de organización política. En este sentido, el vocablo municipio proviene del latín municipium, palabra que procede del sustantivo munus, que refiere a cargas u obligaciones, y del verbo capere, que significa hacerse cargo de algo o asumir ciertas cosas, es decir, asumir los asuntos locales. 

Posteriormente la institución municipal como forma de organización política fue utilizada como mecanismo de conquista en nuestro país- en la actualidad es utilizada como mina de oro familiar-, por decirlo menos. Cortés y su ejército instauraron centros políticos y forjaron una estructura político-administrativa que les permitió, gradualmente, controlar el territorio. El 10 de junio de 1519, con la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz, inició la instauración progresiva de los municipios tanto para cumplir con el requisito legal de la conquista y actuar en representación del soberano, como para instituir formalmente las posiciones adquiridas por los conquistadores. Así se implantó en México la organización municipal: “fue el principio de la proliferación de los ayuntamientos en México.

 

“A finales del siglo XVIII, EN 1789, Francia decretó una ley mediante la cual se creaba un poder municipal con atribuciones específicas, convirtiendo al municipio en un cuarto poder, después de los tres poderes clásicos de Montesquieu”.

 

La crisis de la administración pública abstencionista empieza a insinuarse en el primer tercio del siglo XIX, comienza hacer evidente que el poder público no tiene ya respuesta absoluta para los problemas sociales y económicos resultando indispensable la búsqueda de nuevas estructuras y en este sentido, el órgano más importante del municipio en México es el ayuntamiento, es la máxima autoridad que, constituida por funcionarios electos popularmente a través de votación directa, funciona de manera colegiada y es la instancia primordial encargada del gobierno y administración del municipio.

En la práctica, al hacer referencia al ayuntamiento como órgano, se entiende que también forman parte de él la totalidad de los funcionarios públicos municipales. Cuando los miembros del ayuntamiento- presidenta(e), Síndica(o) y regidoras(es)- se reúnen en una sesión, se constituye el cabildo- la más alta autoridad del ayuntamiento-, quienes toman decisiones de gobierno, en donde se votan todas las políticas, planes, programas y proyectos para servir a la ciudadanía en sus demandas, para resolver los problemas y rezagos sociales.

Ahora bien, el discurso político de al menos los últimos 25 años ha señalado insistentemente el desarrollo del federalismo como piedra angular del crecimiento y de la democratización de México. Hablar de federalismo ha llevado y lleva implícito el origen municipal. Durante muchos años hemos deseado el fortalecimiento del gobierno municipal como la estructura base de los estados y, a su vez, del país. Las reformas jurídicas constitucionales de 1983 y 1999 han sido marcos relevantes para la evolución municipalista y en sentidos histórico, todas las reformas. No obstante, el fortalecimiento deseado de los municipios y sus ayuntamientos no ha llegado a ocurrir en el grado esperado; aquí la importancia de la pregunta ¿Por qué no ha llegado?

Múltiples factores afectan el desarrollo pleno de este primer eslabón del orden público, es decir, es el primer ente a donde la ciudadanía acude a presentar sus demandas sociales y respuestas al rezago existente. Los factores identificados pueden tener diversos impactos dependiendo de las condiciones- muchas veces diferencias abismales- de los municipios. El asunto se torna más complejo cuando necesariamente debemos imaginar a los 2,447 municipios del país inmersos en la globalización y con el compromiso de responder a todos los desafíos que ello implica. Pero aquí viene el debate de la responsabilidad de cada gobierno, para el caso del Estado de México, de los 125 municipios de la entidad, entre el desarrollo de unos cuantos y el rezago en crecimiento de la inmensa mayoría. De tal suerte, que replantear la conveniencia del fortalecimiento municipal ahora potencializado por la dimensión global no sólo es urgente sino necesario. Replantear la pregunta del funcionamiento en términos reales de los cabildos es necesaria y también urgente. ¿Cuánta capacidad existe en un cabildo para enfrentar los graves problemas sociales municipales? ¿Cuánta capacidad existe en un cabildo para proponer programas y políticas públicas diseñadas por cada integrante de acuerdo a las comisiones que presidan o, sobre todo, de acuerdo a las grandes necesidades de una sociedad que ellas y ellos representan?

Durante los últimos años hemos presenciado un intenso esfuerzo de los partidos políticos y de los gobiernos para perfeccionar los procesos electorales, pero es necesario ahora hacer hincapié en la democracia participativa, es decir, en el ejercicio cotidiano del poder por la sociedad.

Los problemas que enfrentan los nuevos gobiernos municipales en cada proceso electoral son derivados de la inexperiencia de las y los candidatos de los profesionales en el ámbito de la gestión municipal.

 

Los gobiernos electos no comprenden o no aceptan que el triunfo de su candidatura no es sólo producto del trabajo de su partido o del desempeño durante las campañas, sino que el triunfo está asociado también a un electorado que quiere votar por el cambio y que otorga su voto a aquel partido de oposición que tiene mayores posibilidades de ganar. La no comprensión de este fenómeno político conduce a los nuevos gobiernos a aplicar políticas muy apegadas a los principios doctrinarios del propio partido o peor aún de su persona.

 

Los gobiernos electos al no contar con una militancia partidaria suficientemente enraizada que refleje a su vez una tendencia ideológica en particular, se distancian del partido y generan tensión entre la militancia y el gobierno. Este conflicto no sólo daña internamente a la institución política sino a la sociedad en general, en este sentido, la nula participación y propuestas de quienes integran los cabildos hace más evidente la incapacidad de toda la estructura de gobierno y representantes populares para resolver los problemas sociales.

 

La falta de experiencia de los gobiernos electos y en muchos de ellos, ha propiciado la adopción de “modelos gerenciales de organización”, que no es mi caso decir si funcionan o no, el tema radica en la incapacidad de entender y atender los problemas sociales de mayor demanda con base en lo que la experiencia y cantidad enorme de textos que proponen soluciones en el ámbito de la administración pública, política y gobierno, casos muy puntuales los paradigmas que hacen eco para modernizar la capacidad política y gubernamental de los municipios y ayuntamientos.         

En este sentido, ese ejercicio cotidiano del poder por la sociedad no se ha visto reflejado por quienes asumen cargos de elección popular, basta realizar un análisis profundo de los 125 municipios en el Estado de México y observar cómo crece de manera sistemática la desigualdad social, la pobreza, la pobreza extrema, la inseguridad, la violencia contra las mujeres y niñas, los feminicidios, las desapariciones,  el desempleo, la marginación, la violación constante de los derechos humanos, el incremento de las bandas del crimen organizado, la deserción escolar, la incursión de jóvenes a bandas delictivas, el excesivo consumo de alcohol y drogas entre la juventud, la falta de espacios culturales y recreativos, la mala planeación urbana ante un crecimiento desmedido de viviendas y fraccionamientos, la falta de obra pública y los pocos o nulos servicios públicos de manera general. Ante este contexto ¿Por qué se oponen a reducir en 90 municipios de la entidad a los cabildos, sindicaturas y regidurías? si todas y todos en muchos años han permitido con la ausencia de programas y políticas públicas que no mejoren las condiciones antes expuestas en cada municipio y que los resultados se de en función de su trabajo, además de permitir el saqueo constante de los presupuestos destinados en beneficio de la sociedad.

En suma, el gobierno municipal no puede quedar a la zaga de las transformaciones prodemocráticas, presentes ya en el ámbito federal y en casi todas las entidades federativas. Es necesario llevar a cabo las reformas pertinentes que posibiliten que los ayuntamientos se transformen en verdaderos órganos colegiados y representativos de la pluralidad existente en la comunidad. Mientras en la célula básica del sistema político mexicano persistan estructuras de poder, incapaces de sacar al municipio de los graves rezagos y que ejerzan prácticas centralizadas, no podemos afirmar la existencia de condiciones óptimas que posibiliten no sólo su integral democratización sino crear condiciones favorables para que, en el Estado de México, los 125 municipios que lo conforman progresen en todos los sentidos.

Finalmente, con toda seguridad, existen más propuestas de reforma, que la recientemente aprobada en la Ley Orgánica Municipal, la Constitución y el Código Electoral, a fin de eliminar al menos 700 cargos de síndicos y regidores de los municipios de la entidad, sin embargo, su selección debe llevarse a cabo buscando hacer realidad la representatividad política de los ayuntamientos. De no ser así, las puertas de las salas de Cabildo seguirán cerradas a la democracia y desarrollo económico, político, social y cultural de los municipios.    

         

 

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