A más de 21 años de la transición democrática en México, sus supuestos beneficios parecen haberse agotado. La arquitectura legal y política construida en 1994, 1996 y 2007, que dio paso a un sistema electoral cada vez más competitivo, muestra signos de desgaste. Las instituciones ya no pueden procesar efectivamente las demandas que surgen de los problemas contemporáneos, y tampoco están gestionando respuestas satisfactorias a la ciudadanía, a juzgar por el descontento, la apatía y el abstencionismo. Esto frena el cumplimiento de aspecto que en teoría caracterizan a toda democracia: libertad de elección, igualdad ante la ley, rendición de cuentas, transparencia, equidad e imparcialidad institucional en la competencia electoral y de buenos resultados en términos de bienestar.
¿Y la Izquierda? Por los orígenes y sectores que la han integrado, por las condiciones nacionales e internacionales en que nacieron, las expresiones partidarias-electorales que se ostentan de izquierda, dejaron de lado el discurso socialista y reivindicaron una declarativamente popular, en gran parte sustentada en programas sociales asistencialistas. Este asistencialismo (que alivia las necesidades, pero no profundiza en las causas) ha sido su principal línea. Pero sus deudas no son menores: en donde ha gobernado, la izquierda electoral ha estado lejos, muy lejos de combatir la corrupción y cerca de procurar mejoras sociales.
La condición actual del país es
atribuida esencialmente a quienes tienen a su cargo la función pública y
partidista, y mucho menos a los otros sectores de la sociedad, aun quienes que
se benefician de la orientación de las políticas públicas. Para el caso, la diferencia
entre los distintos partidos políticos es prácticamente inexistente.
Esa misma situación ha llevado
al desinterés por la vida pública institucional, y a la pérdida de credibilidad
en lo que se llama democracia (que como se ha dado, está, casi exclusivamente
a su aspecto electoral).
Por eso que mucha gente puede
renegar de quienes ostentan un cargo público y de las dirigencias político-partidistas
y de su manera de actuar.
En este sentido, el discurso político de al menos los últimos 25 años ha
señalado insistentemente el desarrollo del federalismo como piedra angular del
crecimiento y de la democratización de México. Hablar de federalismo lleva
implícito el génesis municipal.
El tema se torna más complejo cuando necesariamente debemos imaginar a
los 125 municipios del Estado de México inmersos en la globalización y con el
compromiso de responder a todos los desafíos que ello implica, desde la
izquierda, hasta la ultraderecha.
Creo no deja de ser paradójico que en los procesos de globalización las
agendas de desarrollo propuestas por organismos multilaterales y programas de
desarrollo, “léase el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Banco Mundial (BM), entre otros”;
otorguen un rol prioritario a los gobiernos locales como agentes
del desarrollo, entendido este último como la activación y promoción de los
factores económicos, sociales y culturales a fin de mejorar la calidad de vida
y bienestar de las personas.
Se supone que al gobierno local le corresponde promover la economía,
alentar y convocar a alianzas, facilitar la infraestructura, simplificar los
procesos administrativos como mediar conflictos y desacuerdos en torno a los
procesos de desarrollo. Pero cabría preguntarse si esto se cumple en México, en
especial en los 125 municipios de la entidad, cuando en el ámbito local se
viven procesos políticos y sociales que ponen a flote el tradicionalismo y
debilidades institucionales con que operan las autoridades de este nivel y se
pierden de todo, más cuando la inexperiencia y la irresponsabilidad recae en
quienes ostentas cargos públicos de alta responsabilidad.
Ahora bien, en el contexto municipal del mismo modo que en el ámbito
nacional y de las entidades federativas, se observan nuevos escenarios
político-electorales, nuevas fuerzas políticas, alianzas y la pérdida de credibilidad
en esa izquierda indefinida, nuevos actores o bien que en apariencia estaban
adormecidos. Se trata de expresiones que ven la posibilidad de acceder o
influir en el poder formal y por consecuencia actúan de forma diametralmente
distinta a como lo hacían en otrora, pero encausando sus decisiones dentro de
las instituciones que regulan su existencia, atribuyen fines, asignan recursos,
legitiman sus actividades, establece obligaciones, etc. El espacio por
excelencia donde la ciudadanía tiene mayor contacto con el gobierno es en los
municipios, como también es el lugar en el que los partidos políticos realmente
pierden o ganan poder. Una fotografía de la distribución partidista en los
municipios permite observar la pluralidad ideológica y el colorido del poder en
los ayuntamientos de la entidad. En este tenor, la gobernabilidad,
entendida como la capacidad de gobernar se considera como actor central al
gobierno y a los gobernantes; aquí una breve descripción.
La gobernabilidad implica: a) en su nivel mínimo, la
capacidad de los gobernantes para enfrentar sus obligaciones legales, b) la
capacidad para enfrentar sus obligaciones y ejecutar sus decisiones, c) la
capacidad para enfrentar sus obligaciones, ejecutar sus decisiones y responder
a las demandas y necesidades sociales. De esta manera, la gobernabilidad se
convierte en un asunto cuyo interés es primordial para los gobernantes, quienes
dependen de la capacidad para responder a las demandas sociales de políticas
públicas.
Tomando en consideración la crítica al análisis de políticas públicas
por etapas, enfocarse sólo en el proceso de integración de la agenda pública
sería incorrecto. En ese sentido, es necesario considerar que la estabilidad
también depende de la forma como se diseñan, implementan y evalúan las
políticas públicas. En ese sentido, la gobernabilidad no depende sólo de la
integración de la agenda de gobierno (izquierda o derecha), sino de todo el
proceso de las políticas públicas y, de manera más concreta, la gobernabilidad
depende de la implementación de políticas públicas que satisfagan la demanda
social. En otras palabras, la gobernabilidad depende de la capacidad del
gobierno para identificar y responder a problemas públicos acotados,
permitiendo la construcción de equilibrios sociales que permitan a los
gobernantes ejercer su capacidad de gobierno.
El enfoque anterior permite considerar a la gobernabilidad como un
asunto de políticas públicas, considerando que: la gobernabilidad depende de la
identificación y respuesta del gobierno a un conjunto de problemas públicos
acotados, los cuales tienen un carácter estratégico por determinar la capacidad
de ejercer la función del gobierno; y la gobernabilidad conforma a un público
variable, integrado por el gobierno y diferentes subsistemas de políticas
públicas que varían en función de los problemas públicos acotados identificados
como estratégicos.
Las consideraciones anteriores implican que la gobernabilidad no depende solo de una política, sino de un conjunto de políticas públicas y del conocimiento pleno para diseñarlas y aplicarlas las cuales pueden ser definidas como estratégicas y, que, por su carácter estratégico, varían en cada nivel de gobierno. Por lo tanto, se aborda el estudio de la gobernabilidad como un asunto de políticas públicas desde el enfoque del régimen de políticas. La afirmación de que la gobernabilidad depende de la capacidad del gobierno para identificar y responder a problemas públicos acotados, permitiendo la construcción de equilibrios sociales que permitan a los gobernantes ejercer su capacidad de gobierno, lleva a señalar que la gobernabilidad no depende de una política pública en específico, sino de un conjunto de políticas públicas identificadas como estratégicas.
