En México, hace 30 años parecía todavía un país “relativamente
tranquilo”, pero teníamos ya un trágico problema de asesinatos de mujeres,
comenzaba a visibilizarse, no por parte del Estado sino por las propias
familias de mujeres víctimas de violencia, de desaparición, de explotación
sexual y asesinatos de mujeres y niñas. Recordemos que el término feminicidio
todavía no era de uso común (el delito apenas se incorporó al Código Penal
Federal en junio de 2012). Sin embargo, lo que se vivió en Ciudad Juárez
durante los sexenios de Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada
fue, sin lugar a dudas, una crisis de feminicidios y violencias contra muchas
mujeres y niñas.
Para el año 1993, comenzaban a registrarse los
primeros casos. Sin embargo, lo peor de la violencia feminicida en Juárez
empezó un par de años después. En 1994 se registraron 40 asesinatos de mujeres
en el estado de Chihuahua. Para 1995 se contabilizaron 76. Es decir, el número
de mujeres asesinadas en el estado se duplicó en un año. Aun así, el entonces
gobernador Francisco Barrio intentó minimizar la crisis y llegó a afirmar que
los asesinatos de mujeres que se registraban constituían “una cifra normal” (el
pensamiento machista, misógino y patriarcal a través de la normalización no ha
cambiado, al contrario, se ha agudizado y en este contexto electoral de nuestro
país, han sido señalados varios políticos por diversos delitos cometidos contras
mujeres). Negar la violencia feminicida es un reflejo arraigado entre los
gobernantes, la insensibilidad política comenzaba a dar vistos de machismo y misoginia.
Las víctimas eran sobre todo jóvenes; muchas eran niñas. Los cuerpos
frecuentemente revelaban que habían sido violadas y estranguladas. Se trataba
sobre todo de mujeres de clase trabajadora, que habían dejado los estudios para
conseguir trabajo en la maquila (una estrategia despiadada de los asesinos,
para evitar enfrentarse a familias con recursos para mover al aparato de
justicia).
A partir de estos eventos trágicos para muchas mujeres, niñas y sus familias, se creó una “Comisión Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez”. Una solución de altos vuelos para un problema de violencia que se vivía a nivel de calle, inclusive en los hogares y que exigía cambios en la forma de trabajar de la policía y del ministerio público. Fueron cientos de mujeres asesinadas y pocos detenidos, hoy ese pasado cambia solo en el incremento sistemático y sistémico; y, pero sobre todo en la injusticia e insensibilidad de las propias autoridades.
Actualmente, los feminicidios son parte de la agenda pública, pero no importantes para el Estado mexicano, la voluntad de las autoridades es poca, sobre todo de los gobernadores, de los fiscales, de los gobiernos municipales que, para hacer algo distinto frente a la crisis de violencias y feminicidios, si no hay voluntad, mucho menos existe política pública con enfoque de género para comprender el papel que juega y superar las desigualdades entre hombres y mujeres para poder identificar las políticas específicas y atender de manera correcta el grave problema de violencias contras mujeres, niñas y el feminicidio en sus localidades.
Lamentablemente, muy pocos se toman en serio la tarea de investigar los feminicidios. En muchos casos, las fiscalías ni siquiera parecen tener la capacidad para identificar las circunstancias que, de acuerdo con el código penal, constituyen un feminicidio. Simplemente tipifican los casos como si fueran homicidios dolosos, es decir, las fiscalías consideran que solo un porcentaje muy bajo de los asesinatos de mujeres registrados en el país, fueron por razones de género. El porcentaje es completamente inverosímil (en todo el país, alrededor del 25 por ciento de los asesinatos de mujeres se clasifican como feminicidios, aunque ese porcentaje ya trae una subestimación importante).
En suma, en México no hay paz por la sencilla razón de que no hay justicia. Violar, asesinar, acosar, son actividades de bajísimo riesgo para los perpetradores. Para todos los gobiernos, incluso para los mejor intencionados, reformar las fiscalías resulta una tarea demasiado abrumadora, demasiado cara y demasiado ingrata.
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| Ciudad de México. 8-M-2020. |
Detrás de los feminicidios, existe una mezcla de múltiples factores que evitan que la ciudadanía y sobre todo las mujeres y niñas tengan acceso a la justicia si sufren violencia de género.
Es fácil encontrar guerras de cifras sobre el horror de feminicidio en México, y este hecho no refleja sino la forma en que las instituciones mexicanas dan la espalda al problema.
Cabe destacar y no menos importante, el evento Paro Nacional de Mujeres del pasado 9 de marzo de 2020, tiene que ver con la ola de violencia que han sufrido miles de mujeres, pero sobre todo con el tratamiento que se le ha dado al tema de la violencia sistemática, feminicidios, desapariciones y delitos sexuales contra las mujeres en nuestro país. ¿Se repetirá el Paro Nacional de Mujeres? El sentimiento de indiferencia por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, la falta de incapacidad institucional en la atención a víctimas mujeres, la violencia generalizada, la corrupción, la impunidad y la ausencia de políticas públicas integrales dirigidas a las mujeres, nos duele ahora más que nunca, por ello no es menor que hoy tenga tanta relevancia la unión de los movimientos feministas y visibilizar la importancia de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida social. Nunca nada se ha logrado sin acciones de re-evolución, sobre todo tratándose de feminismo.


