El discurso
político de al menos los últimos 25 años ha señalado insistentemente el
desarrollo del federalismo como piedra angular del crecimiento y de la democratización
de México. Hablar de federalismo lleva implícito el génesis municipal.
El tema
se torna más complejo cuando necesariamente debemos imaginar a los 125 municipios
del Estado de México inmersos en la globalización y con el compromiso de
responder a todos los desafíos que ello implica.
Creo no deja de ser paradójico que en los procesos de globalización las agendas de desarrollo propuestas por organismos multilaterales y programas de desarrollo, léase el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Banco Mundial (BM), entre otros; otorguen un rol prioritario a los gobiernos locales como agentes del desarrollo, entendido este último como la activación y promoción de los factores económicos, sociales y culturales a fin de mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas.
Se supone que al gobierno local le corresponde promover la economía, alentar y convocar a alianzas, facilitar la infraestructura, simplificar los procesos administrativos como mediar conflictos y desacuerdos en torno a los procesos de desarrollo. Pero cabría preguntarse si esto se cumple en México, en especial en los 125 municipios de la entidad, cuando en el ámbito local se viven procesos políticos y sociales que ponen a flote el tradicionalismo y debilidades institucionales con que operan las autoridades de este nivel y se pierden de todo, más cuando la inexperiencia y la irresponsabilidad recae en quienes ostentas cargos públicos de alta responsabilidad.
Ahora bien, en el contexto municipal del mismo modo que en el ámbito nacional y de las entidades federativas, se observan nuevos escenarios político-electorales, nuevas fuerzas políticas, nuevos actores o bien que en apariencia estaban adormecidos. Se trata de expresiones que ven la posibilidad de acceder o influir en el poder formal y por consecuencia actúan de forma diametralmente distinta a como lo hacían en otrora, pero encausando sus decisiones dentro de las instituciones que regulan su existencia, atribuyen fines, asignan recursos, legitiman sus actividades, establece obligaciones, etc. El espacio por excelencia donde la ciudadanía tiene mayor contacto con el gobierno es en los municipios, como también es el lugar en el que los partidos políticos realmente pierden o ganan poder. Una fotografía de la distribución partidista en los municipios permite observar la pluralidad ideológica y el colorido del poder en los ayuntamientos de la entidad. En este tenor, la gobernabilidad, entendida como la capacidad de gobernar se considera como actor central al gobierno y a los gobernantes; aquí una breve descripción.
La gobernabilidad implica: a) en su nivel mínimo, la capacidad de los gobernantes para enfrentar sus obligaciones legales, b) la capacidad para enfrentar sus obligaciones y ejecutar sus decisiones, c) la capacidad para enfrentar sus obligaciones, ejecutar sus decisiones y responder a las demandas y necesidades sociales. De esta manera, la gobernabilidad se convierte en un asunto cuyo interés es primordial para los gobernantes, quienes dependen de la capacidad para responder a las demandas sociales de políticas públicas.
Tomando en consideración la crítica al análisis de políticas públicas por etapas, enfocarse sólo en el proceso de integración de la agenda pública sería incorrecto. En ese sentido, es necesario considerar que la estabilidad también depende de la forma como se diseñan, implementan y evalúan las políticas públicas. En ese sentido, la gobernabilidad no depende sólo de la integración de la agenda de gobierno, sino de todo el proceso de las políticas públicas y, de manera más concreta, la gobernabilidad depende de la implementación de políticas públicas que satisfagan la demanda social. En otras palabras, la gobernabilidad depende de la capacidad del gobierno para identificar y responder a problemas públicos acotados, permitiendo la construcción de equilibrios sociales que permitan a los gobernantes ejercer su capacidad de gobierno.
El enfoque anterior permite considerar a la gobernabilidad como un asunto de políticas públicas, considerando que:
La gobernabilidad depende de la identificación y respuesta del gobierno a un conjunto de problemas públicos acotados, los cuales tienen un carácter estratégico por determinar la capacidad de ejercer la función del gobierno; y
La gobernabilidad conforma a un público variable, integrado por el gobierno y diferentes subsistemas de políticas públicas que varían en función de los problemas públicos acotados identificados como estratégicos.
