La categoría de género en el diseño de políticas públicas.

Pensar en la categoría de género nos permite considerar dos reflexiones, además de que demos partir del reconocimiento y la exigencia de la sociedad, pero sobre todo del feminismo en México, de que uno de los temas de mayor interés en nuestro contexto, la perspectiva de género, se examine desde el diseño e implementación de las políticas públicas.

 La primera reflexión se sustenta en el contexto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU Mujeres), es decir, que los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil establezcan importantes compromisos y propuestas de políticas públicas encauzadas a modificar las condiciones actuales de las mujeres, alcanzar una urgente y necesaria igualdad y/o equidad de derechos entre hombres y mujeres. Durante muchos años, las mujeres han demandado la ausencia del Estado en la corrección de las desigualdades, protección a sus derechos y de la injusticia a veces orquestada desde el mismo aparato del Estado. En los últimos años, hemos visto como en el mundo y sobre todo en América Latina, las grandes movilizaciones del feminismo en el mundo han hecho referencia a la equidad de género como la búsqueda de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres mediante el diseño, coordinación e implementación de políticas públicas y programas.

 La segunda reflexión, se piensa en el gran esfuerzo realizado desde la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y el creciente feminismo por incorporar la perspectiva de género en todo lo concerniente a las políticas públicas y sociales lo cual implica que los responsables de su definición, diseño, implementación y seguimiento asuman el compromiso de superar las desigualdades de género y tomar en cuenta de manera sistemática los efectos diferenciados que ejercen las acciones de cada sector en mujeres y hombres.

 Para diseñar una política pública exitosa, es necesario desarrollar pasos estratégicos para garantizar que el proyecto o programa tenga buenos resultados. Julio Franco Corzo.

 El desarrollo teórico de las políticas públicas ha generado un número por demás considerable de conceptos o definiciones, todas con un elemento que las unifica: la idea de una actuación del gobierno para solucionar problemas públicos específicos.

 En ese sentido, las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones.

 Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad:

En esta conceptualización, las acciones de política pública tienen dos características fundamentales: 1) buscar objetivos de interés o beneficio público; y 2) ser resultado de un proceso de investigación que implica el uso de un método para asegurar que la decisión tomada es la mejor alternativa posible para resolver un determinado problema público.

Una acción de gobierno que no busca el interés público o que no está sustentada en un proceso de diagnóstico y análisis, no es una política pública, simplemente es un acto de autoridad.

Finalmente se deben incluir las opiniones de la ciudadanía, especialmente las de los afectados por el problema público en el diseño de política pública, ya que le otorga legitimidad a este proceso y permite que la sociedad esté incluida y sea copartícipe en la solución de los problemas públicos.

Con base en lo anterior, se puede concluir que las políticas públicas son acciones que permiten un mejor desempeño gubernamental, tanto al interior como al exterior del aparato público, a partir de cuatro supuestos: el interés público, la racionalidad, la efectividad y la inclusión. Tales premisas se logran a través del uso racional de los recursos públicos, la focalización de la gestión gubernamental a problemas públicos acotados y la incorporación de la participación ciudadana.

La definición de género constituye una labor importante y rigurosa. Una de las interpretaciones en boga asume que el género es un concepto cultural que tiene como referente la dicotomía social de “lo masculino” y “lo femenino”. Se asume como una construcción de significados, que permiten agrupar todos los aspectos psicológicos, sociales y culturales de la relación femineidad-masculinidad. De todo ello se desprende que la acción de la sociedad es decisiva en su aprendizaje y desarrollo. Si se pretende captar lo que debe entenderse por género es necesario reconocer la heterogeneidad de interpretaciones que se plantean en relación a los objetivos de los estudios, y al discurso político, entre otros aspectos. Así por ejemplo se tienen las siguientes interpretaciones: Lo que es el género, lo que son los hombres y las mujeres, los tipos de relaciones que se producen o deben producirse entre ellos, todas estas nociones no reflejan ni elaboran simplemente “datos” biológicos, sino que son en buena parte producto de procesos sociales y culturales (Sherry B. 1981).

Así pues, el género es un sistema de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores que las sociedades construyen en torno a la diferencia biológica entre hombres y mujeres. Este sistema organiza las relaciones entre lo femenino y lo masculino y lo hace por lo general de manera jerárquica y desigual. Es un sistema cuya finalidad es asegurar la reproducción social y la reproducción de la especie. Como construcción social, el género constituye tanto una realidad objetiva como subjetiva, es un orden social que se impone a los individuos, hombres y mujeres. A su vez, esos hombres y mujeres como actores sociales, recrean continuamente esos significados que les proporcionan el lenguaje, la historia y la cultura a través de sus experiencias, su reflexividad, sus intercambios intersubjetivos y su participación institucional y social.

 En el proceso de formulación de políticas públicas con perspectiva de género implica en primer término la necesidad de producir un estudio-diagnóstico de género que, al identificar y describir la situación y características del objeto de estudio y transformación en cuestión, tome en consideración las diferencias entre mujeres y hombres, y en un plano causal, analizando los factores que generan desigualdades y evaluando la factibilidad de modificarlas. En este sentido, a partir de estudios de esta naturaleza puede avanzarse en la elaboración de propuestas de acción que procuren modificar las desigualdades de género que hayan sido detectadas. (Valle, G. y Bueno. E. 2006).

 Por lo que es importante contar con la información básica, actualizada y sobre todo confiable para el proceso de realización de los estudios necesarios y en este sentido, un perfecto diagnóstico en lo particular. En relación con este aspecto del enfoque de las políticas públicas desde una perspectiva de género se ha estado planteando el concepto de transversalización de la perspectiva de género que se define como el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles.   

 Para definir el alcance de lo que se quiere entender por hacer políticas con perspectiva de género se requiere al menos:

 • Que se permita que la política sea abordada tomando en consideración las diferencias de género, la naturaleza de las relaciones entre mujeres y hombres, así como sus diferentes realidades sociales, roles, etc.

 • Acometer un proceso que evalúe los efectos diferenciados sobre mujeres y hombres de las políticas, programas y medidas legislativas (propuestas o existentes) y el control de recursos en mujeres y hombres.

 • Dimensionar y visualizar las diferentes condiciones y necesidades de mujeres y hombres, así como la forma en que los problemas les afectan de manera diversa.

 El examen de las políticas públicas y sociales desde una perspectiva de género constituye uno de los temas de mayor recurrencia en el tratamiento moderno de las relaciones entre población y desarrollo, y un avance significativo tanto en relación a los análisis teóricos de la problemática, como en la práctica de los programas y proyectos de desarrollo. En este marco, se trata de disponer de fundamentos teórico-metodológicos sobre los cuales sustentar la elaboración e implementación de políticas públicas de todo tipo, económicas, sociales, ambientales, etc., que dirigidas a la solución de los candentes problemas de población y desarrollo, incorporen la equidad de género y garanticen una calidad de vida superior para todos los ciudadanos y ciudadanas. Será la única manera de promover un desarrollo humano sostenible basado entre otros principios, en un nuevo compromiso social: la equidad, que pasa por un valor esencial que necesita ser rescatado, la solidaridad humana.

 

 

Valle Rodríguez, Gloria M. - Bueno Sánchez, Eramis.

Novedades en Población (Año 2 no. 4 2006). La Habana Lugar CEDEM, Centro de Estudios Demográficos.

Universidad de La Habana Editorial/Editor 2006.

¿Y LA IZQUIERDA? LA PÉRDIDA DE GOBERNABILIDAD EN LO LOCAL.

 

A más de 21 años de la transición democrática en México, sus supuestos beneficios parecen haberse agotado. La arquitectura legal y política construida en 1994, 1996 y 2007, que dio paso a un sistema electoral cada vez más competitivo, muestra signos de desgaste. Las instituciones ya no pueden procesar efectivamente las demandas que surgen de los problemas contemporáneos, y tampoco están gestionando respuestas satisfactorias a la ciudadanía, a juzgar por el descontento, la apatía y el abstencionismo. Esto frena el cumplimiento de aspecto que en teoría caracterizan a toda democracia: libertad de elección, igualdad ante la ley, rendición de cuentas, transparencia, equidad e imparcialidad institucional en la competencia electoral y de buenos resultados en términos de bienestar.

¿Y la Izquierda? Por los orígenes y sectores que la han integrado, por las condiciones nacionales e internacionales en que nacieron, las expresiones partidarias-electorales que se ostentan de izquierda, dejaron de lado el discurso socialista y reivindicaron una declarativamente popular, en gran parte sustentada en programas sociales asistencialistas. Este asistencialismo (que alivia las necesidades, pero no profundiza en las causas) ha sido su principal línea. Pero sus deudas no son menores: en donde ha gobernado, la izquierda electoral ha estado lejos, muy lejos de combatir la corrupción y cerca de procurar mejoras sociales.

Para muchos sectores de la población, la percepción dominante es que vivimos en una situación política de corrupción, desigualdad, pobreza, violencias y la falta de cumplimiento de la Constitución y de las leyes.

La condición actual del país es atribuida esencialmente a quienes tienen a su cargo la función pública y partidista, y mucho menos a los otros sectores de la sociedad, aun quienes que se benefician de la orientación de las políticas públicas. Para el caso, la diferencia entre los distintos partidos políticos es prácticamente inexistente.

Esa misma situación ha llevado al desinterés por la vida pública institucional, y a la pérdida de credibilidad en lo que se llama democracia (que como se ha dado, está, casi exclusivamente a su aspecto electoral).

Por eso que mucha gente puede renegar de quienes ostentan un cargo público y de las dirigencias político-partidistas y de su manera de actuar.

En este sentido, el discurso político de al menos los últimos 25 años ha señalado insistentemente el desarrollo del federalismo como piedra angular del crecimiento y de la democratización de México. Hablar de federalismo lleva implícito el génesis municipal.

El tema se torna más complejo cuando necesariamente debemos imaginar a los 125 municipios del Estado de México inmersos en la globalización y con el compromiso de responder a todos los desafíos que ello implica, desde la izquierda, hasta la ultraderecha.

Creo no deja de ser paradójico que en los procesos de globalización las agendas de desarrollo propuestas por organismos multilaterales y programas de desarrollo, “léase el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Banco Mundial (BM), entre otros”; otorguen un rol prioritario a los gobiernos locales como agentes del desarrollo, entendido este último como la activación y promoción de los factores económicos, sociales y culturales a fin de mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas.

Se supone que al gobierno local le corresponde promover la economía, alentar y convocar a alianzas, facilitar la infraestructura, simplificar los procesos administrativos como mediar conflictos y desacuerdos en torno a los procesos de desarrollo. Pero cabría preguntarse si esto se cumple en México, en especial en los 125 municipios de la entidad, cuando en el ámbito local se viven procesos políticos y sociales que ponen a flote el tradicionalismo y debilidades institucionales con que operan las autoridades de este nivel y se pierden de todo, más cuando la inexperiencia y la irresponsabilidad recae en quienes ostentas cargos públicos de alta responsabilidad.

Ahora bien, en el contexto municipal del mismo modo que en el ámbito nacional y de las entidades federativas, se observan nuevos escenarios político-electorales, nuevas fuerzas políticas, alianzas y la pérdida de credibilidad en esa izquierda indefinida, nuevos actores o bien que en apariencia estaban adormecidos. Se trata de expresiones que ven la posibilidad de acceder o influir en el poder formal y por consecuencia actúan de forma diametralmente distinta a como lo hacían en otrora, pero encausando sus decisiones dentro de las instituciones que regulan su existencia, atribuyen fines, asignan recursos, legitiman sus actividades, establece obligaciones, etc. El espacio por excelencia donde la ciudadanía tiene mayor contacto con el gobierno es en los municipios, como también es el lugar en el que los partidos políticos realmente pierden o ganan poder. Una fotografía de la distribución partidista en los municipios permite observar la pluralidad ideológica y el colorido del poder en los ayuntamientos de la entidad. En este tenor, la gobernabilidad, entendida como la capacidad de gobernar se considera como actor central al gobierno y a los gobernantes; aquí una breve descripción.

La gobernabilidad implica: a) en su nivel mínimo, la capacidad de los gobernantes para enfrentar sus obligaciones legales, b) la capacidad para enfrentar sus obligaciones y ejecutar sus decisiones, c) la capacidad para enfrentar sus obligaciones, ejecutar sus decisiones y responder a las demandas y necesidades sociales. De esta manera, la gobernabilidad se convierte en un asunto cuyo interés es primordial para los gobernantes, quienes dependen de la capacidad para responder a las demandas sociales de políticas públicas.

Tomando en consideración la crítica al análisis de políticas públicas por etapas, enfocarse sólo en el proceso de integración de la agenda pública sería incorrecto. En ese sentido, es necesario considerar que la estabilidad también depende de la forma como se diseñan, implementan y evalúan las políticas públicas. En ese sentido, la gobernabilidad no depende sólo de la integración de la agenda de gobierno (izquierda o derecha), sino de todo el proceso de las políticas públicas y, de manera más concreta, la gobernabilidad depende de la implementación de políticas públicas que satisfagan la demanda social. En otras palabras, la gobernabilidad depende de la capacidad del gobierno para identificar y responder a problemas públicos acotados, permitiendo la construcción de equilibrios sociales que permitan a los gobernantes ejercer su capacidad de gobierno.

El enfoque anterior permite considerar a la gobernabilidad como un asunto de políticas públicas, considerando que: la gobernabilidad depende de la identificación y respuesta del gobierno a un conjunto de problemas públicos acotados, los cuales tienen un carácter estratégico por determinar la capacidad de ejercer la función del gobierno; y la gobernabilidad conforma a un público variable, integrado por el gobierno y diferentes subsistemas de políticas públicas que varían en función de los problemas públicos acotados identificados como estratégicos.

Las consideraciones anteriores implican que la gobernabilidad no depende solo de una política, sino de un conjunto de políticas públicas y del conocimiento pleno para diseñarlas y aplicarlas las cuales pueden ser definidas como estratégicas y, que, por su carácter estratégico, varían en cada nivel de gobierno. Por lo tanto, se aborda el estudio de la gobernabilidad como un asunto de políticas públicas desde el enfoque del régimen de políticas. La afirmación de que la gobernabilidad depende de la capacidad del gobierno para identificar y responder a problemas públicos acotados, permitiendo la construcción de equilibrios sociales que permitan a los gobernantes ejercer su capacidad de gobierno, lleva a señalar que la gobernabilidad no depende de una política pública en específico, sino de un conjunto de políticas públicas identificadas como estratégicas.

          

RECONOCER LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS.

 

Reconocer la violencia de género contra las mujeres y definirla jurídicamente para obligar al Estado mexicano a realizar acciones para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla ha sido uno de los grandes aportes de organizaciones de la sociedad civil el siglo XX y el presente siglo XXI, sobre todo en el contexto violento que viven miles de mujeres.

Particularmente, América Latina ha avanzado en su legislación regional de manera firme: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres hasta la fecha no tiene comparativo en el mundo. Es un marco de obligaciones para los Estados, que permite realizar desde la sociedad civil el monitoreo de sus acciones, sustentar su trabajo local y también sentar precedentes judiciales como el caso de Irinea Buendía, quien logró que en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenciara el caso de su hija Mariana Lima Buendía como feminicidio.

Las cifras alarmantes de crímenes contra niñas y mujeres en Ciudad Juárez hace más de veinte años. El contexto era de horror y de mucha consternación, después, las familias y la sociedad pasan a la denuncia y la exigencia de justicia. El Estado y autoridades judiciales no daban respuestas claras, satisfactorias. Con el tiempo y ante la omisión, desprecio e indolencia, ante el silencio, la sociedad civil fue creando grupos de ayuda a las familias de víctimas de desaparición, asesinato y de lucha frente a la violencia creciente en esa región del norte del país. A pesar de todo, de la creación de organizaciones de la sociedad civil, de colectivos, de familias organizadas la violencia hacia las mujeres no se detiene, miles de mujeres son víctimas de violencia, de desaparición, de explotación sexual, de feminicidio en todo el país.

De norte a sur, del centro a todo el país, envuelto en violencia de género, de odio, de desprecio, de omisión y revictimización en los centros de justicia para las mujeres, niñas, mujeres jóvenes, adultas y de edades avanzadas viven en riesgo constante de sufrir algún tipo de violencia, y prácticamente todas, en algún momento de su vida, han sido víctimas de violencia o han experimentado su amenaza por el simple hecho de ser mujeres. Las diferentes modalidades y expresiones de la violencia impiden el desarrollo de las mujeres y las niñas, menoscaban su libertad y derechos, limitan el pleno desarrollo de sus capacidades y minan su participación, política, económica, social, científica y cultural en nuestras sociedades. La violencia contra las mujeres y las niñas –cuyo resultado puede llegar a ser la muerte– es perpetrada, la mayoría de las veces, para conservar y reproducir el sometimiento y la subordinación de éstas derivados de relaciones de poder. Los asesinatos de mujeres y niñas perpetrados por razones de género, es decir, aquellos que se realizan con dolo misógino, son la expresión extrema de la violencia que se comete contra ellas por el hecho de ser mujeres. Una constante de estos asesinatos es la brutalidad y la impunidad que los acompañan, inicia con los tipos de violencia: Psicológica, sexual, patrimonial y económica, simbólica, acoso u hostigamiento, doméstica, laboral, obstétrica, mediática, institucional, tráfico de mujeres, adolescentes y niñas, trata de mujeres adolescentes y niñas, inducción a ayuda al suicidio y el feminicidio; de los tipos a las formas: arma de fuego, arma punzocortante, sumersión, estrangulamiento, atropellamiento, lapidación, destazada, asfixiada, envenenada, por lesiones contundentes, mutilada, empalada y lanzamiento de lugares elevados. Estos crímenes constituyen la negación del derecho a la vida y de la integridad de las mujeres. 

¿CUÁNTO ODIO HAY DE POR MEDIO EN EL ASESINATO DE UNA MUJER EN MÉXICO? TODO.  ¿CUÁNTA INDIFERENCIA DE LA SOCIEDAD ANTE EL CRIMEN DE UNA MUJER SÓLO PORQUE ES MUJER? TODA. ¿CUÁNTA IMPUNIDAD PROPICIADA POR LA AUSENCIA, OMISIÓN E INDOLENCIA DE AUTORIDADES Y LEYES PROTECTORAS DE LA MUJER? ABSOLUTAMENTE TODA.

La violencia contra las mujeres y las niñas y sus consecuencias, incluida la violencia letal, han sido una preocupación recurrente de organizaciones de la sociedad civil, inclusive de la comunidad internacional preocupada por la violencia en contra de las mujeres y niñas en México, expresada en los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y en la legislación nacional. Hoy, además y por primera vez, prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas es una prioridad mundial expresada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuya implementación inició en 2016.

“La violencia contra las mujeres y las niñas es inaceptable, se puede prevenir y ponerle fin es un imperativo que nos convoca a la acción colectiva, a la sensibilización y visibilización. Con esta publicación, reafirmamos nuestro compromiso para hacer realidad el acceso de todas las mujeres y las niñas a una vida libre de discriminación y violencia y lograr la igualdad de género en todas las dimensiones del desarrollo” (Lagarde, 2012).

En los últimos años las acciones contra la violencia de género en México adquieren una verdadera dimensión, se han diseñado leyes, instituciones, grupos de ayuda, organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, a pesar de lo anterior, cada año aumentan los casos de violencia de género y feminicidios arraigados en la sociedad con antecedentes culturales, conductas misóginas, familias desestructuradas y violentas que van en aumento hasta desencadenar los acontecimientos funestos.

La exigencia es clara, evaluación y auditoría de los trabajos de instituciones especializadas para atender los delitos, de las fiscalías locales, de servidoras y servidores públicos, es posible anticipar el éxito o el fracaso de una política pública identificada, si ésta, en efecto, se sustenta en un problema definido adecuadamente y si las acciones sugeridas parten de una teoría causal que tome en cuenta la factibilidad para solucionarlo.             

Las deficiencias de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el Estado de México para 11 municipios y la doble alerta por desaparición forzada de mujeres y niñas reflejan que la falta de análisis respecto de la implementación ha resultado en una deficiente traducción del mandato normativo y permiten anticipar obstáculos importantes para cumplir con su objetivo.

La violencia de género contra las mujeres es un fenómeno multicausal y multifacético; sucede en el ámbito público y en el ámbito privado; tiene lugar en las diferentes etapas de la vida de una mujer.

La violencia machista estructural que ha supuesto el desmantelamiento de los recursos para la sensibilización y prevención de las violencias de género, así como el adoctrinamiento patriarcal, no ha hecho más que dar alas a nuevos modos de violencia (usos de tecnología, redes sociales y la violencia como “moda” en centros educativos) contra las mujeres. Sin recursos económicos ni educativos adecuados, la prevención de estas violencias desde las aulas se complica bastante. Y si además le sumamos que la negación de que este tipo de violencias se produzca en las aulas por parte de casi toda la comunidad educativa, tendremos nuevos focos de preocupación por la falta de detección, prevención, sanción y erradicación.   

INICIA LA CUENTA REGRESIVA, LA DISPUTA MEDIÁTICA ELECTORERA, ENTRE LA GUERRA SUCIA Y EL CLIENTELISMO POLÍTICO.

 

La relación entre pueblo y gobierno debe ser cotidiana y permanente; los reclamos sociales, las demandas y necesidades deben ser escuchadas, atendidas  y por supuesto resueltas; él o la representante popular o autoridad local debe ser congruente, nítida e intensamente responsable al atender de manera eficaz los reclamos sociales ya que, de no ser así se incrementará la irritación y el descontento social ante la simulación y los informes mediáticos que normalmente presentan a un sector mínimo de la población por la ausencia de propuestas claras y respuesta oportuna.

 La ciudadanía y las comunidades tienen que conocer sus propios derechos y obligaciones y las responsabilidades de los gobernantes y tienen que hacer uso de toda su imaginación, creatividad y capacidad política para abrir espacios, convencer, o en su caso, obligar a los gobiernos a que incorporen la decisión de la sociedad en la política municipal, hacerla participe como lo establece la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Esto es, requerimos gobernantes locales, que además de buenos administradores, gobernantes, sean buenos políticos, honestos; es decir, que cuenten con la capacidad intelectual y de conciliación; de negociación en condiciones de respeto, reconocimiento y tolerancia de los diversos sectores sociales, que encuentren mecanismos y formas de desarrollo y democratización, aún con pocos recursos económicos, en donde persista la condición de buen gobierno, que, tanto atienda las demandas de bienes y servicios, como el abrir espacios de expresión y acción ciudadana, COCREATIVOS, así como buen representante popular, excelente estadista en el ámbito de nuestra municipalidad, vanguardista en los nuevos paradigmas de la administración pública, con prospectiva para presentar proyectos y/o propuestas que beneficien a la ciudadanía, para ser planteados como puntos de acuerdo (Proyecto de acuerdo) ante el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y al H. Cabildo correspondiente.

 

Queremos representantes que velen verdaderamente por la ciudadanía, quienes hoy padecemos gravemente la creciente inseguridad, la grave desigualdad social, la pobreza y el incremento de la pobreza extrema, violencia y femicidios, además de la extendida ola criminal y narcomenudeo.

 

Según el Artículo 39 de nuestra Constitución, la soberanía reside en el pueblo. Si la representación del pueblo de un municipio está en el ayuntamiento, entonces la máxima autoridad del municipio es el Cabildo, que es la asamblea donde están presentes los integrantes del ayuntamiento: presidenta o presidente, síndicas o síndicos y regidoras y regidores, pero para el caso, ya no queremos mucho menos necesitamos a quienes han pasado por un periodo y hoy quieren más, la pregunta sería ¿qué han hecho realmente por la ciudadanía?, CON ALGUNAS HONROSAS EXCEPCIONES. En el Cabildo se deciden los acuerdos más importantes del ayuntamiento y de la vida municipal, en los congresos local y federal se presentan iniciativas de ley que beneficien a las entidades y municipios, a los distritos federales y locales.  Pero parece que muchas y muchos, quienes son integrantes de esos cabildos ven la oportunidad para beneficio propio, como si el buen gobierno y la administración pública se tratará de un mercado ofertando y aprobando licitaciones de obra pública y otros a quienes bajo la bandera de la corrupción son beneficiados con vehículos último modelo, con los famosos “moches” o adjudicándose obra pública, programas sociales. Cito, para efecto a, Luis F. Aguilar "todos los problemas de gobierno los resumo con base en cinco conceptos: ilegitimidad, impotencia". incompetencia, ineficiencia e insuficiencia”. 

 En el año 2015, el día 31 de julio se emitió la Alerta de Violencia de Género contras las Mujeres en 11 municipios del Estado de México, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli. El principal objetivo de la declaratoria consiste en: Garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos. (Artículo 23 de la Ley de Acceso).

 En este sentido, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla lo describe el Reglamento de dicha Ley. Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa). Cosa que no ha pasado en los once gobiernos locales de la entidad. Ante los ojos ciegos de las autoridades municipales, de la indolencia y el desprecio, no podemos guardar silencio y no mirar lo que ocurre en todo el Estado de México respecto a la creciente violencia feminicida y todos sus tipos contras mujeres y niñas, derivado de este severo incremento, se declaró procedente la segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para el Estado de México, solicitada ante el aumento de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en la entidad.

 Las actuales administraciones locales, presidentas, presidentes, síndicas y síndicos, regidoras y regidores, han dejado a la mayoría de los 125 municipios de la entidad en una crisis severa de inseguridad, temas de desarrollo social y económico corren la misma suerte, se ha incrementado el número de pobres y desigualdad social, de todas las formas, modos y tipos de violencia de géneros.

 Nos enfrentamos ante una descomposición social tremenda, políticas y políticos corruptos, hoy, candidatas y candidatos oportunistas que solo ven por sus intereses, con promesas vacías, con un discurso falso, trillado, traducido en nada, simulan hacer campaña y solo ven números para ver si les alcanza llegar al cargo, es lamentable la mentalidad de muchas de ellas y ellos, que se sienten de pronto inalcanzables, pero son indolentes, incapaces, sin entender, por un lado, lo que pasa y mucho menos resolver los serios problemas que la ciudadanía enfrentamos día a día.

 ¿Por qué personas que viven del erario y no han hecho nada por los municipios quieren o “brincar” o “repetir” ?, acaso no existen cuadros de mujeres y hombres nuevos, con una enrome capacidad intelectual y social, usted sabrá elegir, ¿qué depara este proceso del día 6 de junio próximo para el Estado de México? La respuesta la tenemos todas y todos como habitantes de los 125 municipios lastimados, heridos por los representantes populares incapaces de resolver los enormes y graves problemas sociales, pero capaces de lastimar a sus votantes sin cumplir con sus obligaciones constitucionales.  

 

8M- AÑO 2021: LA INDIFERENCIA DEL ESTADO MEXICANO.

 

En México, hace 30 años parecía todavía un país “relativamente tranquilo”, pero teníamos ya un trágico problema de asesinatos de mujeres, comenzaba a visibilizarse, no por parte del Estado sino por las propias familias de mujeres víctimas de violencia, de desaparición, de explotación sexual y asesinatos de mujeres y niñas. Recordemos que el término feminicidio todavía no era de uso común (el delito apenas se incorporó al Código Penal Federal en junio de 2012). Sin embargo, lo que se vivió en Ciudad Juárez durante los sexenios de Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quesada fue, sin lugar a dudas, una crisis de feminicidios y violencias contra muchas mujeres y niñas.

Para el año 1993, comenzaban a registrarse los primeros casos. Sin embargo, lo peor de la violencia feminicida en Juárez empezó un par de años después. En 1994 se registraron 40 asesinatos de mujeres en el estado de Chihuahua. Para 1995 se contabilizaron 76. Es decir, el número de mujeres asesinadas en el estado se duplicó en un año. Aun así, el entonces gobernador Francisco Barrio intentó minimizar la crisis y llegó a afirmar que los asesinatos de mujeres que se registraban constituían “una cifra normal” (el pensamiento machista, misógino y patriarcal a través de la normalización no ha cambiado, al contrario, se ha agudizado y en este contexto electoral de nuestro país, han sido señalados varios políticos por diversos delitos cometidos contras mujeres). Negar la violencia feminicida es un reflejo arraigado entre los gobernantes, la insensibilidad política comenzaba a dar vistos de machismo y misoginia. Las víctimas eran sobre todo jóvenes; muchas eran niñas. Los cuerpos frecuentemente revelaban que habían sido violadas y estranguladas. Se trataba sobre todo de mujeres de clase trabajadora, que habían dejado los estudios para conseguir trabajo en la maquila (una estrategia despiadada de los asesinos, para evitar enfrentarse a familias con recursos para mover al aparato de justicia).

A partir de estos eventos trágicos para muchas mujeres, niñas y sus familias, se creó una “Comisión Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez”. Una solución de altos vuelos para un problema de violencia que se vivía a nivel de calle, inclusive en los hogares y que exigía cambios en la forma de trabajar de la policía y del ministerio público. Fueron cientos de mujeres asesinadas y pocos detenidos, hoy ese pasado cambia solo en el incremento sistemático y sistémico; y, pero sobre todo en la injusticia e insensibilidad de las propias autoridades.  

 

Actualmente, los feminicidios son parte de la agenda pública, pero no importantes para el Estado mexicano, la voluntad de las autoridades es poca, sobre todo de los gobernadores, de los fiscales, de los gobiernos municipales que, para hacer algo distinto frente a la crisis de violencias y feminicidios, si no hay voluntad, mucho menos existe política pública con enfoque de género para comprender el papel que juega y superar las desigualdades entre hombres y mujeres para poder identificar las políticas específicas y atender de manera correcta el grave problema de violencias contras mujeres, niñas y el feminicidio en sus localidades.

Lamentablemente, muy pocos se toman en serio la tarea de investigar los feminicidios. En muchos casos, las fiscalías ni siquiera parecen tener la capacidad para identificar las circunstancias que, de acuerdo con el código penal, constituyen un feminicidio. Simplemente tipifican los casos como si fueran homicidios dolosos, es decir, las fiscalías consideran que solo un porcentaje muy bajo de los asesinatos de mujeres registrados en el país, fueron por razones de género. El porcentaje es completamente inverosímil (en todo el país, alrededor del 25 por ciento de los asesinatos de mujeres se clasifican como feminicidios, aunque ese porcentaje ya trae una subestimación importante).

En suma, en México no hay paz por la sencilla razón de que no hay justicia. Violar, asesinar, acosar, son actividades de bajísimo riesgo para los perpetradores. Para todos los gobiernos, incluso para los mejor intencionados, reformar las fiscalías resulta una tarea demasiado abrumadora, demasiado cara y demasiado ingrata.

 Si el Estado desconoce el contexto de violencia contra las mujeres y niñas, de los feminicidios, de todo lo aterrador que diario, minuto a minuto, cada segundo, viven las mujeres y niñas en sus hogares, en su matrimonio, en las relaciones de noviazgo y en los ámbitos de su propio desarrollo ¿qué será de las 32 entidades, los 2,447 municipios y 16 alcaldías? Las situaciones de desigualdad, discriminación y de violencia contra las mujeres y niñas son un hecho tan aterrador como desconocido socialmente y sobre todo por las autoridades. Con seguridad nadie ha hecho la relación completa de las situaciones de desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres, con seguridad nadie ha elaborado realmente un diagnóstico, todo mundo dice saber y no hace por resolver, con seguridad no existe estadística real por los feminicidios, como un banco de datos y sobre todo de ADN de las miles de víctimas. La creación de información detallada sobre los patrones y la dinámica de esa violencia es crucial para una comprensión más completa de sus causas y consecuencias, y para el diseño de estrategias eficaces de prevención y abolición de la misma.

 En cada situación, cada acto de discriminación, cada hecho de violencia debiera contar con una definición, con una sanción moral, o legal civil o penal, según el caso. Que la forma en que los varones ven y tratan a las mujeres es un constructo social, parece admitirlo la sociedad, de hecho, lo admite, pero ¿qué hemos hecho, ¿qué hacemos, para cambiar de raíz esa aberrante atrocidad? Lo muy poco que se hace, lo hacen las propias mujeres, se diría que acompañadas con pocos aliados y con la más despreciable e indiferencia de los gobiernos y autoridades judiciales.

 La violencia contra las mujeres emerge de la profunda y oscura distancia de los siglos y milenios. Difícilmente cabe en la imaginación de nadie la dimensión de tal horror. Cuando uno lee que se han tenido avances aquí o allá, el sentimiento es indescriptible: casi nada comparada con la dimensión de ese infierno. En el extremo está la inaudita monstruosidad del asesinato (feminicidio)

  La estadística en tiempo real, con un nivel municipal de desglose, permitiría implementar estrategias de protección adecuadas para cada espacio local, pero no existe la capacidad local para implementar las medidas urgentes y necesarias. La tecnología hoy disponible incluso permitiría ubicar los lugares en donde enfrentan mayor amenaza las mujeres y niñas con la precisión de un domicilio.

Ciudad de México. 8-M-2020.

    

Detrás de los feminicidios, existe una mezcla  de múltiples factores que evitan que la    ciudadanía y sobre todo las mujeres y niñas   tengan acceso a la justicia si sufren violencia   de género.

 “De los 25 países con la mayor tasa de feminicidios, 10 se encuentran en América Latina. Además, Honduras, El Salvador y México están entre los cinco países del mundo con el mayor crecimiento en las tasas de feminicidios de niñas y mujeres”.

Es fácil encontrar guerras de cifras sobre el horror de feminicidio en México, y este hecho no refleja sino la forma en que las instituciones mexicanas dan la espalda al problema.

  En este sentido, de la enorme dificultad que se presenta en el país, ninguno de los 32 estados, ni los 125 municipios en el Estado de México es completamente transparente sobre sus cifras, no responden a las solicitudes de información porque simplemente no hay un mínimo dato recabado y sobre todo metodológicamente elaborado, lo que ha obligado a las organizaciones de la sociedad civil a realizar sus propia investigación, estadísticas y sobre todo a visibilizar lo que el Estado mexicano no ha querido atender.  

 Cabe destacar y no menos importante, el evento Paro Nacional de Mujeres del pasado 9 de marzo de 2020, tiene que ver con la ola de violencia que han sufrido miles de mujeres, pero sobre todo con el tratamiento que se le ha dado al tema de la violencia sistemática, feminicidios, desapariciones y delitos sexuales contra las mujeres en nuestro país. ¿Se repetirá el Paro Nacional de Mujeres? El sentimiento de indiferencia por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, la falta de incapacidad institucional en la atención a víctimas mujeres, la violencia generalizada, la corrupción, la impunidad y la ausencia de políticas públicas integrales dirigidas a las mujeres, nos duele ahora más que nunca, por ello no es menor que hoy tenga tanta relevancia la unión de los movimientos feministas y visibilizar la importancia de la mujer en los diferentes ámbitos de la vida social. Nunca nada se ha logrado sin acciones de re-evolución, sobre todo tratándose de feminismo.

 Finalmente ¿Podrán, para el caso del Estado de México, los 125 mostrar interés decidido para resolver la problemática de la violencia contra las mujeres, las niñas y los feminicidios? Sería un paso fundamental.

 

RECONFIGURAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Pensar el desarrollo de la Administración Pública requiere de una visión política y social amplia, lo cual nos lleva a la teoría y práctica de la misma. Así, nos hemos encontrado con propuestas como la administración pública para el desarrollo, la administración pública para la crisis, la administración pública en la posmodernidad, la administración pública para la democracia o, más recientemente, la administración pública en la globalización. Por tanto, la disciplina no es estática ni acabada, responde a un proceso de continua transformación dado que es influida por múltiples factores que no admiten soluciones únicas.

 La Administración Pública está inserta en un ambiente político y social cada vez más complejo, incierto e inseguro, marcado principalmente por la acción de los individuos. Es ahí donde encontramos los factores y escenarios que nutren la teoría y práctica de la Administración Pública.

 Por tanto, el estudio de la Administración Pública implica principalmente el tratamiento de la vida social y política de la sociedad. Esto nos remite a revisar y buscar en la teoría política los conceptos y debates que actualmente marcan el entendimiento del escenario político y sus momentos de cambio o rupturas; y, por otro lado, una revisión de los diferentes enfoques que la Administración Pública ha adoptado en la pretensión de comprender -o más preciso de sobrevivir- los escenarios cada vez más dinámicos y problemáticos de la vida asociada.

 

La realidad estructurada como problema, obliga a comprenderla en su complejidad, lo cual implica que su campo de conocimiento ha de nutrirse de la reflexión continua, el debate, el intercambio de ideas y la revisión de los instrumentos metodológicos que se utilizan para captarla, procesarla y argumentarla.

 Desde esta perspectiva, la revisión de la Administración pública se inserta en un ámbito muy amplio de acción y presencia de social y sus cada vez más específicas problemáticas, las cuales a primera vista remiten a un desinterés por la sociedad. Sin embargo, al buscar soluciones podemos observar una forma distinta de asociación que, bien comprendida es un elemento fundamental para la vida política. Por tanto, no estamos ni ante el eclipse de la política, ni la reducción de la Administración Pública a un conjunto de técnicas o procesos.

 Nuevas formas de socialización y de reclamación de los individuos EXIGEN NUEVAS FORMAS DE ACCIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA, así que lejos de tener por terminada la disciplina de la administración pública, está se fortalece como una ciencia social, al buscar caminos diferentes para la comprensión y explicación de su lugar en el área teórica.

 Desde esta óptica científica se enriquece el estudio de la Administración Pública como una ciencia social que encuentra, en las discusiones políticas y sociológicas, conceptos y categorías que refuerzan el referente teórico de espacio público importante para la comprensión y explicación de la teoría y práctica de la Administración Pública. Las iniciativas y presión social, el comportamiento del gobierno, los importantes procesos de reacomodo del poder político y económico, esto es, del sentido y significado de las grandes estructuras del mundo moderno, constituyen los puntos de referencia para un ejercicio crítico y de reflexión de la Administración Pública. Es aquí donde encontramos la importancia de sistemas de pensamiento, de ideas y teorías que rompen con principios y reglas, que nos ofrecen caminos de crítica y de reflexión, pero, sobre todo, de orientación en la complejidad de la realidad política y social.

 Así, la Administración Pública ya no se inserta en modelos inertes de la sociedad, esto es, en la homogeneidad que Estado y gobierno imponían a la vida comunitaria, a los individuos.

 Estado, gobierno y mercado como los modelos de organización social, racionalidad, planeación, control, sistematización y ordenamiento -que si bien eran necesarios para limitar la libertad de los individuos y funcionar en un Estado de derecho-, declinaron en una cultura de la estadolatría donde la Administración Pública deviene en burocratización, la sociedad se masifica y los individuos se subordinan.

 En el momento actual, los individuos reclaman ser escuchados, reproducen formas de socialización que están fuera de las instituciones, fuera de las reglas del pensamiento moderno sin que ello signifique estar en contra, sino más bien, una oportunidad de brindar soluciones, de reconstruir un proyecto colectivo, de hacer política.

 Los niveles de manifestación obedecen a la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones, principalmente en las democrático-representativas.

 La Administración Pública no puede ser ajena a las circunstancias ni indiferente a las acciones individuales ni a las sociales, puesto que “lo público de la administración pública no depende sólo del Estado, sino también del modo en que la ciudadanía se incorpora a la operación misma de las instituciones administrativas para que sean corresponsables en la gestión de la vida colectiva.

LA GOBERNABILIDAD MUNICIPAL.

El discurso político de al menos los últimos 25 años ha señalado insistentemente el desarrollo del federalismo como piedra angular del crecimiento y de la democratización de México. Hablar de federalismo lleva implícito el génesis municipal.

El tema se torna más complejo cuando necesariamente debemos imaginar a los 125 municipios del Estado de México inmersos en la globalización y con el compromiso de responder a todos los desafíos que ello implica.

 Creo no deja de ser paradójico que en los procesos de globalización las agendas de desarrollo propuestas por organismos multilaterales y programas de desarrollo, léase el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Banco Mundial (BM), entre otros; otorguen un rol prioritario a los gobiernos locales como agentes del desarrollo, entendido este último como la activación y promoción de los factores económicos, sociales y culturales a fin de mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas.

 Se supone que al gobierno local le corresponde promover la economía, alentar y convocar a alianzas, facilitar la infraestructura, simplificar los procesos administrativos como mediar conflictos y desacuerdos en torno a los procesos de desarrollo. Pero cabría preguntarse si esto se cumple en México, en especial en los 125 municipios de la entidad, cuando en el ámbito local se viven procesos políticos y sociales que ponen a flote el tradicionalismo y debilidades institucionales con que operan las autoridades de este nivel y se pierden de todo, más cuando la inexperiencia y la irresponsabilidad recae en quienes ostentas cargos públicos de alta responsabilidad.

 Ahora bien, en el contexto municipal del mismo modo que en el ámbito nacional y de las entidades federativas, se observan nuevos escenarios político-electorales, nuevas fuerzas políticas, nuevos actores o bien que en apariencia estaban adormecidos. Se trata de expresiones que ven la posibilidad de acceder o influir en el poder formal y por consecuencia actúan de forma diametralmente distinta a como lo hacían en otrora, pero encausando sus decisiones dentro de las instituciones que regulan su existencia, atribuyen fines, asignan recursos, legitiman sus actividades, establece obligaciones, etc. El espacio por excelencia donde la ciudadanía tiene mayor contacto con el gobierno es en los municipios, como también es el lugar en el que los partidos políticos realmente pierden o ganan poder. Una fotografía de la distribución partidista en los municipios permite observar la pluralidad ideológica y el colorido del poder en los ayuntamientos de la entidad. En este tenor, la gobernabilidad, entendida como la capacidad de gobernar se considera como actor central al gobierno y a los gobernantes; aquí una breve descripción.

 La gobernabilidad implica: a) en su nivel mínimo, la capacidad de los gobernantes para enfrentar sus obligaciones legales, b) la capacidad para enfrentar sus obligaciones y ejecutar sus decisiones, c) la capacidad para enfrentar sus obligaciones, ejecutar sus decisiones y responder a las demandas y necesidades sociales. De esta manera, la gobernabilidad se convierte en un asunto cuyo interés es primordial para los gobernantes, quienes dependen de la capacidad para responder a las demandas sociales de políticas públicas.

 Tomando en consideración la crítica al análisis de políticas públicas por etapas, enfocarse sólo en el proceso de integración de la agenda pública sería incorrecto. En ese sentido, es necesario considerar que la estabilidad también depende de la forma como se diseñan, implementan y evalúan las políticas públicas. En ese sentido, la gobernabilidad no depende sólo de la integración de la agenda de gobierno, sino de todo el proceso de las políticas públicas y, de manera más concreta, la gobernabilidad depende de la implementación de políticas públicas que satisfagan la demanda social. En otras palabras, la gobernabilidad depende de la capacidad del gobierno para identificar y responder a problemas públicos acotados, permitiendo la construcción de equilibrios sociales que permitan a los gobernantes ejercer su capacidad de gobierno.

 El enfoque anterior permite considerar a la gobernabilidad como un asunto de políticas públicas, considerando que:

 La gobernabilidad depende de la identificación y respuesta del gobierno a un conjunto de problemas públicos acotados, los cuales tienen un carácter estratégico por determinar la capacidad de ejercer la función del gobierno; y

 La gobernabilidad conforma a un público variable, integrado por el gobierno y diferentes subsistemas de políticas públicas que varían en función de los problemas públicos acotados identificados como estratégicos.

 

Las consideraciones anteriores implican que la gobernabilidad no depende solo de una política, sino de un conjunto de políticas públicas y del conocimiento pleno para diseñarlas y aplicarlas las cuales pueden ser definidas como estratégicas y, que, por su carácter estratégico, varían en cada nivel de gobierno. Por lo tanto, se aborda el estudio de la gobernabilidad como un asunto de políticas públicas desde el enfoque del régimen de políticas. La afirmación de que la gobernabilidad depende de la capacidad del gobierno para identificar y responder a problemas públicos acotados, permitiendo la construcción de equilibrios sociales que permitan a los gobernantes ejercer su capacidad de gobierno, lleva a señalar que la gobernabilidad no depende de una política pública en específico, sino de un conjunto de políticas públicas identificadas como estratégicas.